El dirigente colorado se desvinculó el 1º de abril del despacho de abogados.
Pedro Bordaberry. Preocupado, desde EEUU pidió informes a Defensa e Interior
Pedro Bordaberry cree que durante 2005 y 2010 alguien intervino los teléfonos de su estudio jurídico y lo espió. Remitió pedidos de informes a Interior y Defensa. En esos años, Inteligencia policial y la DGI investigó fuertemente probables lavados de activos en estudios contables.
El senador y secretario general del Partido Colorado Pedro Bordaberry sospecha que alguien, durante los años 2005 y 2010, intervino los teléfonos del estudio jurídico que fuera de su propiedad y del cual se desvinculó el pasado 1° de abril.
Se trata del estudio jurídico Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause. Bordaberry transfirió comercialmente sus acciones para "evitar confusiones entre la vida política y la actividad privada" subrayó oportunamente a la prensa.
El legislador realizó un pedido de informes y lo hizo desde los Estados Unidos, país en el que se encuentra de visita y del que retornará mañana viernes, destinado a los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior sobre la existencia de posibles intervenciones en sus líneas telefónicas. La petición de datos ingresó a la Cámara Alta el pasado lunes 21 de junio.
Germán Cardoso, legislador que lo suplanta en su banca del senado, comentó anoche a LA REPUBLICA que ignoraba el contenido del pedido de informe remitido a los dos ministerios, pero al mismo tiempo descartó que se trataran de los teléfonos, supuestamente intervenidos, de la oficina que Bordaberry tiene en el Palacio Legislativo.
"Son de líneas telefónicas que están a su nombre y corresponden al período del anterior gobierno", aclaró el hoy senador Cardoso.
Durante los años en los que el líder colorado sospecha que sus teléfonos fueron intervenidos, la DGI e Investigaciones de la Policía realizaron sendos allanamientos públicos ante la posibilidad de que redes de narcotraficantes hubiesen utilizado estudios jurídicos para el lavado en activos.
Las actuaciones llevadas adelante por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en cinco locales de estudios jurídicos y contables vinculados al grupo Rohm y en el domicilio de un testaferro de la sociedad anónima que compró parte de la estancia La Arcadia, fueron algunos de los casos más recordados en aquellos años.
Más recientemente, empresas uruguayas utilizadas por un narcotraficante colombiano para lavar dinero sucio habrían sido identificadas por investigadores de Estados Unidos que remitirían al Poder Judicial un informe para que pueda investigar los bienes inmuebles del delincuente detenido, información que se obtendría a partir de allanamientos judiciales.
Policías uruguayos realizaron varios allanamientos en estudios jurídicos para encontrar pruebas que relacionen al narcotraficante con testaferros para ocultar en Uruguay el dinero que obtuvo ilícitamente.
Los allanamientos fueron solicitados al Poder Judicial por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid).
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