Ricardo Gil Iribarne sostuvo que la legislación uruguaya es nueva, moderna, ajustada. El GAFI (Grupo de Acción Financiera) nos ha evaluado y no estamos en ninguna zona de riesgo. Las listas de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) no tienen nada que ver con esto.
El jerarca aclaró que en nuestro país no es delito generador de lavado la evasión fiscal ni existe la caza de brujas. A continuación un resumen de la entrevista.
Si alguien pretende invertir en el Uruguay, ¿la Ley Antilavado le significa un obstáculo para ello porque se puede desconfiar sobre el origen de sus capitales?
Sí, se puede desconfiar del origen de sus capitales, la Ley debería ser un obstáculo. La idea de la Ley es que no vengan capitales de origen delictivo. Ojalá seamos capaces de desconfiar de todos los capitales de origen delictivo y no dejarlos venir.
¿Pero eso no quiere decir que se desconfíe de cualquier capital?
No, no exactamente. Además, la confusión puede venir por un tema que se ha manejado en algunos medios recientemente que es: queremos detectar y frenar todo lo que es de origen delictivo. El lavado es la plata que proviene de delitos. Pero ¿de qué delitos? La Ley dice claramente qué delitos son: corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo. Los que no están incluidos en la Ley no son delitos. O sea que no hay lavado cuando proviene de delitos que no están previstos en la Ley y en particular en el Uruguay sigue sin ser delito generador de lavado la evasión fiscal. Desde que apareció la famosa lista de la OCDE, el año pasado, se están confundiendo dos planos que son separados, una cosa es el tema tributario y otra cosa es el control de lavado de activos. La legislación uruguaya es nueva, moderna, ajustada, nos han evaluado, no la OCDE, sino otro organismo que se llama el GAFI, que se expidió diciendo que Uruguay no está dentro de ninguna zona de riesgo. El 18 de febrero pasado, el GAFI publicó dos listas, ni negras ni grises, pero son dos listas con países de riesgo y Uruguay no figura en ninguna de ellas. La última evaluación de Uruguay en materia de lavado y en materia de secreto bancario dice que no hay ningún problema en Uruguay. Existen todas las condiciones requeridas para que el secreto bancario no sea obstáculo para la investigación del lavado. Los temas tributarios son los que tienen que ver con las listas de la OCDE, con compartir información con otros países, con cómo incide el secreto bancario en estas situaciones y por eso Uruguay está haciendo una serie de acuerdos con otros países, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el lavado. Uruguay ni ha cambiado ni tiene previsto cambiar en el corto plazo el tema que los delitos tributarios generen lavado. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que a nivel mundial y después de la crisis, hay un movimiento que se da en el seno del GAFI para discutir si los delitos tributarios deben ser o no delitos precedentes del lavado. El GAFI hoy no lo afirma ni lo incluye en sus recomendaciones, pero se está discutiendo. Si esa discusión avanza y se concreta en que el GAFI comienza a plantear eso, va a haber que pensar qué hace Uruguay. Pero eso no es un tema de lavado sino de política económica. El Presidente y el Ministerio de Economía determinarán qué queremos hacer. En cuanto a los inversores, lo que queremos saber, desde el punto de vista del lavado es si la plata es sana, si proviene del narcotráfico, del tráfico de armas o del terrorismo. Fondos que notoriamente provienen de evasión fiscal en los países vecinos no constituyen lavado porque la Ley no lo prevé y la última Ley no cambió nada en ese sentido, aumentó algunos delitos precedentes, pero los delitos tributarios no están incluidos. Son dos temas que van por separado, pueden empezar a tocarse, pero yo pienso que eso va a ser dentro de un año y medio o dos.
¿Puede ser dentro de un año y medio o dos según cómo evolucione esta discusión?
Sí, pero también, hilando fino, yo creo que lo primero que hay que definir es qué delitos tributarios son. Una cosa es la mera evasión, es decir que por realizar determinada actividad no se pagaron los impuestos correspondientes y otra cosa es cuando se arma una estructura para ocultar la evasión y se estafa al Estado, lo que se denomina la defraudación tributaria. Ambas cosas tienen importancia distinta. La evasión en sí no es un delito, la defraudación sí es un delito. Ahí es donde el GAFI va a tener que profundizar sobre qué delitos tributarios generan lavado. Hasta ahora no está planteado y nada de lo de la OCDE tiene que ver con el lavado.
Supongamos un inversor de un país vecino que quiere desarrollar una actividad en nuestro país, ¿tiene que hacer declaraciones en Uruguay, es investigado si hay sospechas o cómo se procede?
En el tema de lavado ahí aparece lo que se llama el sistema preventivo. El Estado no puede investigar todo. El Estado advierte que hay que averiguar algo y se le debe avisar si se observa algo raro. No se hace una investigación policial en permanencia, pero hay entidades que deben conocer a sus clientes, a qué se dedica, qué nivel de actividad tiene. Si Ricardo Gil, funcionario público, aparece con un millón de dólares hay algo que no cierra. Si Ricardo Gil, empresario, que no lo soy, mueve ciertos volúmenes y tiene un movimiento financiero coherente con eso, es razonable. Los bancos, que son algunas de las entidades que hacen ese seguimiento, tienen buena experiencia, lo hacen cuando prestan plata y lo hacen cuando reciben plata. Otros actores no lo hacen pero estamos tratando que lo hagan y apoyándolos para ello, sobre todo en el sector inmobiliario. ¿Cuál es el gran problema? Cuando llega alguien y dice "traigo esta platita pero es negra". El asunto es si el banco, la inmobiliaria o la entidad que sea, puede saber si son impuestos no declarados o si son producto del narcotráfico o de una coima. El delito tributario no genera lavado, pero el que trabaja con evasores tiene un problema porque debe tener elementos razonables para estar tranquilo en cuanto al origen de los capitales y saber que no sea un narcotraficante, un corrupto, un traficante de armas o un terrorista. En realidad, la experiencia demuestra que en el mundo de hoy, cualquier capitalista en serio sabe que le van a preguntar esas cosas, acá en España o en Estados Unidos y sabe que en todos lados se lava dinero y en todos lados hay agujeros. Pero que le van a preguntar, le van a preguntar. Si la mera pregunta lo corre al tipo, entonces no sé si yo querría que viniera acá. Un inversor tiene que demostrar razonablemente que el capital que desea invertir lo obtuvo de forma legítima y si no algo raro hay. Hoy con Internet y con la información globalizada. Si viene un señor griego con U$S 7 millones, se compró un apartamento en Punta del este de U$S 450 mil y entramos en Internet y resulta que el hombre estaba buscado por corrupción, hay cosas fáciles que alguien las tiene que hacer y no las hace. No es necesario ni pedirle la patente del perro ni cómo ganó cada pesito en su vida, se investiga cuando hay elementos para ello, no hay que salir a cazar brujas.
La empresa Tata Consultancy, instalada en nuestro país, fue indagada a nivel judicial por presuntas coimas en una licitación estatal, ¿qué sucede en ese caso?
Ahí hay dos cosas. Primero, si hay una empresa que opera en dos o tres países al menos asumimos que siempre hay un riesgo, por lo tanto se averigua, lo puede hacer un actor privado o el Estado. Hay que conectarse con la India, en ese caso o con quien pueda aportar más información. Después hay que ver qué tipo de cosas hay atrás. Tener mucha plata y hacer inversiones no es un delito. En el tema del lavado hay que demostrar que los capitales tienen origen delictivo, no que la empresa pagó una coima.
O sea que si se pagó una coima en otro país o se está siendo investigado por eso, ¿no es objeto de presunto delito de lavado acá en Uruguay?
En principio no. Hay que demostrar que haya un delito acá. En todo caso eso puede ser una señal de alerta, que marca un antecedente. El señor griego que trajo la plata para acá era un alto gerente de una empresa grande de otro país de Europa, entonces a esa empresa hay que observarla con atención. ¿Son delincuentes? No me consta. ¿Son honestos inversores? Tampoco. Hay una manchita por ahí que hay que verla. Tenemos que tener claro que el país tiene un riesgo, que lo tienen los bancos, los escribanos, las inmobiliarias, porque hay gente que nos usa para traer plata de origen delictivo. Si tenemos claro que tenemos ese riesgo, debemos tomar las medidas razonables para prevenir. Razonable quiere decir que cada uno haga su parte en este trabajo, una parte chica. Razonable quiere decir que te la pueden jopear. Razonable quiere decir que no podés descansarte en que otro lo va a hacer. Si todos hacemos lo nuestro, vamos a estar mejor, igual van a lavar plata en todo el mundo, pero vamos a estar mejor. Lo que pasó durante décadas es que Uruguay no hizo nada y ahora lo está haciendo, entonces cuidado. Lo otro que me parece importante es el discurso de asunción del presidente Mujica. Dijo dos cosas que para mí son claves. Habló de las mafias enriquecidas vinculadas a la corrupción, al crimen organizado y hay mucha plata que favorece la producción. Lo otro que dijo es que los operadores del narcotráfico, que hacen varias cosas incluyendo el lavado de dinero, hay operadores. ¿Qué sucede? Cuando acá se ha detenido algún narcotraficante, pongámosle "El changuito", requerido en América Latina que apareció acá traficando drogas, todo el mundo aplaude. ¡Muy bien hay que perseguir la droga y el lavado! No hablemos de nacionalidades, pero está claro que si es de tal país, mejor, porque ahí están todos los narcos. Acá también hay delincuentes. La gran diferencia es que a algunos todos le caemos, empezando por las bocas de pasta base que todos estamos de acuerdo en perseguir, y a otros, parecería que como manejan plata y no andan armados, no tienen nada que ver con las muertes, y tienen tanto que ver con las muertes, son los mismos fulanitos. Algunos mecanismos de defensa que han aparecido ahora, no tienen que ver con lo que yo comparto, que es la defensa de las garantías, sino con tocar a un poderoso. Por suerte se tocaron algunos poderosos. Los tocó la Policía, la Justicia, el país los metió presos y está bárbaro, está muy bien.
Ahí hay una línea muy delgada entre un estudio contable o jurídico que es mandatado para gestionar dinero del exterior para invertir en nuestro país. ¿Hasta dónde se puede vincular el compromiso con un delito?
Eso lo demuestra la Justicia. Yo puedo demostrar que en los últimos tres años debe haber no menos de quince estudios allanados, donde se demostró que habían operado alguno de estos signos, o habían movido o comprado sociedades o habían movido plata. Ahora, de esos quince estudios, los procesados son poquísimos. En realidad hay dos abogados, dos escribanos y un contador procesados por lavado. Antes no los había.
Hoy, lo que dice nuestra legislación es que si uno administra sociedades o dinero por cuenta de terceros, hay que averiguar quién es tu cliente.
Y si no se toman las medidas para conocer a su cliente, se comete una falta y se aplica una multa, pero no se va preso porque es una omisión y no se es cómplice.
Si se es cómplice, va preso, ahí no hay vuelta, los profesionales que yo mencioné están presos por ser cómplices, porque la Justicia entendió, con los elementos que tenía, que eran cómplices.
