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lunes, 7 de abril de 2014

Rabat pide más dinero a España para devoluciones en caliente

El Gobierno marroquí se declara tan “objetivo” de las mafias de la inmigración ilegal como lo es España en esta crisis que se ha desatado en las fronteras de Ceuta y Melilla desde que comenzó el año 2014. Entiende que la presión de las mafias está ahora focalizada sobre ambas ciudades debido al mejor control que las fuerzas de seguridad están ejerciendo sobre sus propias costas y sobre su litoral.
Es la versión oficial, la primera que se conoce públicamente, que ha ofrecido el Gobierno marroquí ante el cuestionario planteado por EL PAÍS tras los continuos incidentes con inmigrantes en las vallas y fronteras de ambas ciudades autónomas. También achaca el aumento de esta presión migratoria a las mejoras efectuadas por el impulso del rey Mohamed VI en el propio país, especialmente con el proceso de regularización de inmigrantes que empezó en enero.
Cuando se pide una explicación a lo que está sucediendo estos meses en el entorno de Ceuta y Melilla, las fuentes oficiales competentes en la materia responden: “Dada su posición geográfica y su cercanía de España, el Reino de Marruecos constituye un objetivo para las redes de tráfico de inmigrantes que intentan utilizar las cercanías de los presidios [como llama el Gobierno marroquí a Ceuta y Melilla] como plataforma de salida de los inmigrantes ilegales. El dispositivo de control en las costas y en el litoral obliga a las redes de tráfico a optar por la infiltración según el modus operandi de los asaltos a las vallas”. A partir de ese punto, el Gobierno marroquí está especialmente interesado en ofrecer sobre esta crisis dos mensajes rotundos: está haciendo todo lo que puede y no solo no han disminuido sus esfuerzos, sino que los han aumentado. Además, el Gobierno de Rabat está especialmente encantado en este momento con la relación bilateral con el Ejecutivo español que preside Mariano Rajoy.
“Las autoridades marroquíes siguen reforzando los recursos humanos y materiales en el control terrestre, marítimo y aéreo, en el marco de la lucha contra las redes de tráfico de los inmigrantes ilegales. Los esfuerzos desplegados han dado importantes resultados, particularmente en la bajada del 92% de los flujos de inmigrantes ilegales que llegan a España desde Marruecos”, subrayan las mismas fuentes oficiales en alusión a la fuerte disminución de cayucos y pateras que anteriormente zarpaban a España repletos de inmigrantes.
Respecto al problema suscitado en los últimos meses en torno a Ceuta y Melilla, que el Gobierno marroquí reclama históricamente como parte de su territorio, las fuentes oficiales explican que están implantando diversas medidas en coordinación con las autoridades españolas. Y citan las siguientes: patrullas mixtas terrestres, aéreas y marítimas entre la Gendarmería Real y la Guardia Civil española; intercambio de oficiales de enlace, incluso en los aeropuertos de Casablanca y de Madrid; dos centros de cooperación policial, creados en Tánger y Algeciras; y un equipo conjunto de análisis y cooperación policial en materia de migración ilegal entre la Dirección General de Seguridad Nacional marroquí y la Dirección General de policía nacional española.
El Gobierno marroquí considera incluso “un modelo del partenariado norte-sur” su cooperación actual con el Ejecutivo español. En breve habrá una reunión del comité mixto bilateral para profundizar en algunas mejoras. El Ministerio del Interior español, tras la muerte de 15 inmigrantes ahogados en la playa del Tarajal, en febrero pasado, ha reclamado de Marruecos algunos cambios en esa frontera y, sobre todo, la aplicación real y regulada del artículo 11 del tratado bilateral de 1992 para permitir las llamadas “devoluciones en caliente” o inmediatas de los inmigrantes irregulares interceptados en territorio español.
Marruecos responde ahora que no se niega a nada de eso, pero con sus tiempos. Sobre las reformas y obras en su parte de la frontera con la ciudad de Ceuta anuncia, sin más precisión, que están en marcha: “En el marco de la renovación global de Bab Sebta, [Ceuta] iniciada en marzo de 2013, las autoridades marroquíes han procedido a la construcción de nuevos corredores clasificados según la categoría de los pasajeros. En este sentido, las dos partes coordinan sus esfuerzos con el fin de ultimar y terminar los trabajos en curso para juntar y enlazar las obras por los dos lados”.
Sobre las readmisiones inmediatas de inmigrantes irregulares, las autoridades de Rabat solo apuntan ahora las condiciones teóricas y dejan entrever algún aviso: “Cabe subrayar que cada vez que se han respetado las condiciones de readmisión, el Reino de Marruecos siempre ha cumplido con sus compromisos en el marco de la buena cooperación entre ambas partes. Sin embargo, existen disposiciones previstas en el artículo 11 del Convenio de readmisión que no han sido aplicadas. Se trata de los aspectos relativos al apoyo técnico y financiero a favor del Reino de Marruecos”. Es decir, Rabat demanda más fondos económicos por parte de España y de la Unión Europea para poder asumir esos costes.
Un asunto que también ha originado polémica en estos meses ha sido la cifra de cuántos inmigrantes irregulares pueden estar viviendo actualmente en el país vecino. El ministro marroquí para asuntos de la emigración fue el primero que hizo la estimación de 40.000 personas dispuestas a saltar la valla, que luego las autoridades españolas airearon con profusión en numerosas ocasiones. Marruecos insiste en ese cálculo, aunque con una horquilla amplia: entre 25.000 y 40.000. Y ofrece una explicación somera de cómo la obtiene: “Por el número de inmigrantes que llegaron de manera legal a Marruecos, a través de los aeropuertos y puertos marítimos, y que no salieron del país; por los datos ofrecidos por los diferentes organismos y organizaciones de los derechos humanos; y por los informes del Ministerio del Interior”. Así de genérico.

El plan de regularización del rey

JAVIER CASQUEIRO
Tras numerosas denuncias de malos tratos y de violencia de organizaciones humanitarias, de colectivos sociales y hasta del consultivo Consejo para los Derechos del Hombre, —puesto en marcha por impulso del rey Mohamed VI—, el pasado 2 de enero se empezó a aplicar en Marruecos una inédita ley de regularización de inmigrantes. Con no mucha publicidad y demasiados condicionantes. Pero los propios colectivos implicados sobre el terreno han valorado el esfuerzo como un primer paso, aunque lo consideren todavía muy corto.
Para las autoridades marroquíes esa norma es la clave de su nueva política migratoria: “La Iniciativa Real ha permitido un giro en el enfoque y la gestión de la problemática migratoria, haciendo posible la toma de medidas audaces de una dimensión principalmente humana a favor de los inmigrantes irregulares”.
El Gobierno marroquí ha movilizado los siguientes recursos humanos y logísticos para garantizar el desarrollo de ese proceso: “Más de 3.000 personas, divididas en 80 comisiones especializadas conformadas por autoridades locales, representantes de la sociedad civil y, en muchos casos, representantes de los inmigrantes. De momento, estas oficinas han recibido más de 14.000 solicitudes de regularización de inmigrantes clandestinos, procedentes de 86 nacionalidades. En menos de tres meses más de 500 personas han obtenido sus tarjetas de residencia”. Las autoridades destacan que antes de iniciar esta regularización excepcional, que va a durar un año, más de 550 tarjetas de demandantes de asilo han sido acordadas y que ninguna solicitud se ha rechazado.

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