El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo solemnemente ayer miércoles: "Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer". La primera parte de esa afirmación no es cierta: el Gobierno del PP, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha concedido en estos dos años varios indultos a cargos públicos condenados por delitos de prevaricación y malversación de fondos, según ha denunciado hoy la asociación Jueces para la Democracia.
Preguntado por ello, Gallardón ha alegado esto: "La corrupción no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal. Lo que me preguntaron ayer es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser". Jueces para la Democracia -que pide una reforma de la ley del indulto- replica que cualquier desvío de dinero público y cualquier delito contra la administración pública es corrupción. "Resulta evidente que el ministro no está diciendo la verdad", afirma el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.
Fuentes de justicia admiten que entre 2012 y 2013 fueron concedidos 10 indultos a cargos o funcionarios públicos condenados por delitos contra la hacienda pública.
Entre ellos se cuentan, por ejemplo, estos indultos concedidos en 2012:
Caso Treball. Josep Maria Servitje, miembro de Uniò Democràtica y ex número dos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, fue indultado en marzo de 2012 y evitó así entrar en la cárcel. Servitje había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos. Según el tribunal, él y el resto de condenados habían pagado años atrás 7,6 millones de pesetas (46.158 euros) a varias empresas a cambio de la elaboración de varios informes sin ninguna utilidad, con el objetivo de que el empresario beneficiado “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros". Ese empresario también era militante de Uniò, de modo que el caso sobrevoló desde el principio la sospecha de que detrás pudiera haber una vía de financiación irregular del partido (no determinada por el tribunal).
Exalcalde del PP. Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP de Abdalajís (Málaga), y otros tres concejales de ese partido fueron indultados en julio de 2012. Habían sido condenados a prisión por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004, cuando concedieron licencias de obra ilegales a sabiendas de que lo eran.
Venta de permisos falsos a inmigrantes. En mayo de 2012 el Gobierno rebajó la pena mediante un indulto a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes (las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros). El ministerio rebajó la pena de prisión de dos años y seis meses a dos años, lo cual impide el ingreso en la cárcel cuando no hay antecedentes.
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