La jubilada Encarna Pérez no puede contener las lágrimas. Sufre
ataques de ansiedad desde que el pasado año se enteró de que el juzgado
de Primera Instancia número 5 de Llíria (Valencia) sacó a subasta su
vivienda. Su piso de 75 metros en Valencia donde reside desde hace dos
décadas se precipita al desahucio
por un error. El inmueble carece de cargas y fue comprado al contado en
1989. Pero la lenta maquinaria judicial se empecina en ignorarlo, según
su familia. “Sufro una pesadilla. ¿Por qué me hacen esto?”, se queja
entre sollozos la víctima, de 75 años, que teme quedarse en la calle en
los próximos días por un inexplicable embrollo burocrático.
La esperpéntica historia de Encarna arrancó en septiembre del pasado
año. La jubilada recibió entonces la carta de un subastero interesado en
ver su vivienda para pujar por ella. Tras la sorpresa, la familia
confirmó en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Valencia,
un órgano que depende del Juzgado Decano, que el inmueble había salido a
subasta. La orden se refería a un piso situado en el inexistente número
34 de la avenida Doctor Waksman (Encarna vive en el 36). “Acreditamos
con las escrituras y los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles
(IBI) el error, y así se transmitió al juzgado de Llíria. Nos dijeron
que estaba claro que todo era fruto de una confusión”, recuerda el
abogado de la familia, Manuel Morales.
El segundo capítulo de la “pesadilla” asomó el sábado pasado. Una
carta fechada el 20 de agosto apareció en el buzón de Encarna. Fue
encontrada “por casualidad” por su hija que visitó la vivienda para
regar las plantas. Su madre pasaba unos días de vacaciones en Zaragoza.
La misiva recogía una notificación del juzgado que avisaba del desahucio
de la vivienda a las 10.45 horas de ayer. Acudirían la policía y el
cerrajero. La carta reposaba en el buzón de la jubilada pero se dirigía
al verdadero deudor, un constructor de Alberic. La familia, asustada,
activó la maquinaria para no perder en tres días un piso valorado en
150.000 euros. Contactaron con la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y su abogado volvió a acreditar el error ante el Registro
de la Propiedad de Valencia y el juzgado de Llíria. De nuevo,
esgrimieron las escrituras y los recibos del IBI.
Los funcionarios no desahuciaron este miércoles a Encarna, que fue
arropada durante toda la mañana por su familia para evitar el posible shock.
Su hija no descarta nuevos episodios de este “kafkiano” asunto. La
jubilada, que cobra una pensión de 500 euros, ya se ha gastado 300 en
notarios y registros para acreditar que la casa que reclama el Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, no es la suya. La mujer
da por perdido el dinero. Y confía en que el trance del que su hija le
informó hace unos meses finalice pronto. “No hay derecho. ¿Por qué a
mí?”, afirma desconcertada.
Su familia insiste en que el embrollo responde a la falta de
verificación del número de la calle. “¿Por qué cuesta tanto hacer bien
el trabajo cuando se trata de echar de su casa a una persona?”, se queja
el abogado Morales, que sugiere otra pregunta: “¿Cómo realizó el perito
el informe previo a la subasta? ¿A través de Google?” El letrado dice
no haber conocido nunca “un caso tan sangrante” como el de Encarna. “Hay
presuntos profesionales que con este error ya han ganado 6.000 euros en
honorarios”, remarca.
La hija de la propietaria, Mari Luz Sepúlveda, se planteaba ayer el
peor de los escenarios. “¿Qué pasa si no llegamos a ver la última carta?
¿Y si viene un señor que dice que ya ha comprado la casa”.
La oficial del juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria
aseguró a este periódico que el caso 693/2008, que es como se denomina
el expediente de la subasta de Encarna Pérez, era responsabilidad de su
compañero, el secretario del juzgado, que se incorporará de sus
vacaciones el próximo lunes. Entretanto, Encarna sigue llorando.
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