El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
ha reunido en una causa judicial la mayor cantidad de documentación
sensible sobre un partido político en la historia de España. Jueces,
abogados y fiscales pueden examinar la contabilidad interna oficial del
PP de los últimos 20 años, y la otra contabilidad, secreta, que llevaban
a mano sus tesoreros y gerentes. Además, el juez cuenta desde hace más
de un mes con una extensa confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre las supuestas ilegalidades cometidas por esta formación en sus últimos 20 años de vida.
Las acusaciones particulares han pedido al juez decenas de
diligencias para profundizar en todas las irregularidades denunciadas
por Luis Bárcenas. El magistrado Ruz deberá decidir por dónde seguir en
una causa con varias ramificaciones que amenazan la estabilidad del
partido de Mariano Rajoy.
Las ‘filesas’ liquidadas. El ex tesorero aportó al
juez los justificantes de pago de la liquidación en 1992 de las
sociedades Ediciones Cono Sur y Video Soluciones. Según Bárcenas, se
pagó ese trámite con dinero negro para no dejar pistas de que las
empresas pertenecían al PP. Sus administradores eran cargos o militantes
del PP y su objetivo era supuestamente recaudar dinero para el partido
mediante la emisión de facturas por servicios no realizados. La
liquidación de estas empresas se hizo en los mismos meses en que José María Aznar denunció por financiación ilegal al PSOE, investigado entonces por el caso Filesa.
Las acusaciones particulares han pedido al juez que recabe información
del Registro Mercantil Central sobre las cuentas de esas supuestas
filesas del PP.
Financiación ilegal. Bárcenas contó al juez que las
distintas organizaciones territoriales del PP llevaron la misma
operativa que él: recibir donativos por encima de los previstos
legalmente y trocearlos para ingresarlos como anónimos por debajo de
60.000 euros. En su colaboración con el juzgado, remitió documentos
comprometedores para tres organizaciones del PP.
País Vasco. El extesorero del PP relató cómo entre 1999 y 2005
traspasó dinero en efectivo a la organización en el País Vasco cuyo
origen eran donaciones efectuadas por empresarios vascos. Esas
donaciones fueron troceadas para ingresarlas como donativos anónimos.
Galicia. Bárcenas aportó en el juzgado documentos del gerente del PP
de Galicia en 2006 donde se registran casi dos millones de euros en
donaciones ilegales de empresas contratistas de la Xunta.
Castilla-La Mancha. Bárcenas entregó 200.000 euros al gerente del PP
en Castilla-La Mancha para la campaña electoral de las autonómicas de
2007, donde Dolores de Cospedal, secretaria general del PP,
era la cabeza de lista. Ese dinero procedía de una donación de Sacyr,
según Bárcenas. Sin embargo, en la contabilidad oficial del PP de
Castilla-La Mancha no figura por ningún lado ese apunte. La acusación
particular ha pedido que se cite al entonces gerente del PP, José
Antonio Cañas, y al directivo de Sacyr que supuestamente hizo la
aportación económica.
Delitos fiscales de grandes empresas. La acusación
particular sostiene que una de las empresas que supuestamente donó
grandes cantidades al PP, Constructora Hispánica, emitió numerosas
facturas falsas para justificar el desembolso de dinero para pagar
comisiones ilegales a la red Gürtel,
según la Agencia Tributaria. La acusación particular quiere saber si el
resto de empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas
también emitieron facturas falsas. Las acusaciones solicitan careos
entre Bárcenas y tres constructores que donaron supuestamente dinero y
que, según el extesorero del PP, mantuvieron contactos con él.
Delito contable. El juez ha solicitado una pericial
caligráfica sobre las firmas que aparecen en los márgenes de la
contabilidad manuscrita de Bárcenas para demostrar que pertenecen a
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero nacional del partido hasta 2008. Una
prueba similar encargada por este periódico dio como resultado que el
autor de esas firmas era Lapuerta, lo que vendría a ratificar que la
doble contabilidad del PP estaba avalada no solo por Bárcenas, sino por
quien fue el máximo responsable de las cuentas durante 15 años. Este
hecho implicaría un delito contable atribuible a los dos tesoreros.
Delito electoral. Entre los documentos archivados en
el pen drive que Bárcenas aportó al juzgado figuran estadillos de
cuentas de la campaña electoral de 1993 donde se registran unos gastos
muy superiores a los declarados al Tribunal de Cuentas. Las acusaciones
particulares han solicitado que se remita la documentación que el PP
registró en el Tribunal de Cuentas respecto a todos los procesos
electorales desde 2002 y en especial la referida a las elecciones
gallegas de 2001, las elecciones autonómicas y locales de 2007 y las
elecciones generales de 2011.
Pagos en b al principal asesor de presidentes. Pedro
Arriola, uno de los asesores principales tanto de José María Aznar como
de Mariano Rajoy, los dos últimos presidentes del PP, cobró grandes
cantidades en dinero negro por sus servicios de asesoría, según anotó de
su puño y letra Luis Bárcenas en la supuesta contabilidad b del PP. Las
acusaciones particulares han pedido al juez indistintamente que se
impute a Arriola o que se le cite en calidad de testigo para preguntarle
por estos pagos, además de que se investiguen las cuentas de sus tres
sociedades.
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