“No se puede hacer otra cosa sino aceptar cualquier sentencia
definitiva y la consecuente obligación de aplicarla. Esto vale tanto en
el caso que hoy centra la atención pública como en cualquier otro”,
afirmó anoche en un comunicado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano. Este mensaje iba destinado al magnate de la telecomunicación Silvio Berlusconi
y a sus partidarios políticos, que en los últimos días le han pedido
que encuentre un camino para que el líder del principal partido de
centroderecha —Pueblo de la Libertad (PDL, que obtuvo un 21% de los
votos en las últimas elecciones)— no acabe en la cárcel. “No me llegó
una petición oficial de indulto, si llegara la voy a considerar”, dijo
Napolitano, dejando abierta la puerta a otra decisión.
El jefe de Estado, que fue reelegido para un segundo mandato el
pasado 20 de abril, explicó en el comunicado que el país ha vivido “uno
de los periodos más inquietos de la historia de la República, con
momentos de tensión e incluso una parálisis de la vida pública sin
precedentes”. Fue muy claro: “Fatal sería en este momento una crisis en
un Gobierno creado con dificultad hace apenas 100 días”. Napolitano
volvió a insistir en la necesidad de mantener el actual Gabinete, en el
que figuran como socios los tradicionales enemigos políticos bajo la
dirección del socialdemócrata Enrico Letta.
Su advertencia apela a la responsabilidad los partidos: “Si se pone
en peligro la continuidad de este Gobierno, las repercusiones negativas
en las relaciones internacionales y en los mercados financieros se
verían afectadas inmediatamente con consecuencias que podrían ser
irrecuperables”.
El mensaje va directo a los miembros del PDL, que tras la sentencia definitiva contra Berlusconi
han amenazado con vengarse tumbando al Ejecutivo. En realidad, solo
gritan, sobre todo las voces más extremas del partido. Pero su líder
confirmó el domingo pasado su apoyo al Gobierno. La presencia de sus
correligionarios en el Consejo de Ministros es la única garantía de
Berlusconi de poder seguir en primera línea de la política, y de
controlar las reformas económicas, pero también de la justicia y del
sistema electoral, que están encima de la mesa. El proyecto de ley
contra la corrupción prohíbe que una persona condenada con sentencia
definitiva se presente a las elecciones generales. Berlusconi, si no
cambia nada, no podrá ser candidato en los próximos comicios.
Su formación —que volverá a llamarse Forza Italia como en 1994 y
2001— no tendrá sin su liderazgo el mismo calado electoral. Y mucho
menos si Marina Berlusconi, su primogénita, sigue negándose a recoger la
herencia política del padre y a tomar las riendas del partido. No será
ella la candidata del centroderecha cuando los italianos vuelvan a las
urnas, volvió a decir su hija.
El mensaje de Napolitano aniquila también algunas propuestas de salir
del Gobierno que surgen desde el Partido Democrático (PD). Muchos de
sus militantes perciben cada día más difícil la alianza con el partido
del eterno antagonista, ahora condenado por primera vez con una
sentencia del Tribunal Supremo.
Napolitano se ha convertido en la figura principal de Italia gracias a
su segundo mandato presidencial. Fue suya la iniciativa de encargar a
Letta, hasta entonces número dos del PD, formar un Gobierno de coalición
ante la imposibilidad de que surgiese un Ejecutivo tras las elecciones
de febrero.
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