La jornada de huelga general en la enseñanza convocada el pasado 9 de mayo en protesta contra la ley Wert
terminó en Jaén con una carga policial que dejó a dos agentes del
Cuerpo Nacional de Policía heridos y 17 estudiantes que presentaron
partes médicos por distintas lesiones. Ahora, tres meses después, al
menos una veintena de estudiantes han recibido la notificación de
sanciones de la Subdelegación del Gobierno, que van entre los 250 y los
300 euros, por su supuesta participación en la protesta.
Las multas han llegado también al responsable provincial del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Andrés Bódalo, al que le han
notificado dos sanciones de 1.000 y 300 euros como responsable de la
convocatoria de una protesta ante la sede de la Comisaría de Jaén y por
desórdenes públicos. Bódalo negó ayer ser el convocante de ninguna
protesta y dijo que su presencia era para solidarizarse con los
estudiantes.
En total, las multas acumuladas superan los 6.000 euros, aunque los
estudiantes temen que lleguen más. La Asamblea Antirrepresiva de Jaén,
formada por varias asociaciones de estudiantes, convocó ayer una
protesta ante la Subdelegación del Gobierno. “Son multas sin pruebas
porque en ningún momento la policía identificó a nadie, se han basado en
listas negras”, asegura Ana Martínez, portavoz de la Asamblea
Independiente de Estudiantes de Jaén (AIEJ) y una de las sancionadas con
300 euros.
Los estudiantes, que han recibido el apoyo de grupos políticos y
sindicatos, han recurrido algunas multas (todos los casos en los que hay
parte médico se instruyen por la vía penal) y en próximas fechas
organizarán distintas actividades para recaudar el dinero con el que
afrontar el pago de las sanciones. También anuncian movilizaciones para
apoyar a los compañeros afectados. “Quieren hundir al movimiento
estudiantil y no lo van a lograr”, aseguró Martínez.
Los alumnos ya habían denunciado la “brutal carga policial” sufrida
en las protestas del 9 de mayo en Jaén. “No hubo ningún tipo de
provocación ni de agresión previa, solo pedíamos una ambulancia para un
compañero”, dijo Martínez.
El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, ha respaldado la actuación
del Cuerpo Nacional de Policía y ha destacado que todas las denuncias
han sido formuladas por alteración del orden público. “Las sanciones que
se han propuesto a las personas que tomaron parte en aquellos
incidentes están dentro de los límites legales y se corresponden con su
gravedad”, indicó Juan Lillo, que negó la existencia de “listas negras”
para castigar a los autores de los hechos.
En diciembre, un juzgado de Santander impuso multas de 60 a 90 euros a
cinco personas por insultar al ministro José Ignacio Wert.
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