La presencia de prostitutas en las carreteras catalanas ha descendido
casi un 60%, tanto en las vías de titularidad estatal como en las de la
Generalitat y la Diputación, donde desde hace un año que se aplica la
normativa que permite multar a prostitutas y a sus clientes. El descenso
es atribuible, según el departamento de Interior, a las sanciones de la
policía en las vías autonómicas.
Sin embargo, en la N-II, donde los agentes no pueden multar pero si
levantar acta, el descenso se atribuye a las obras, a la desaparición de
los camiones —que desde abril tiene prohibida la circulación— y a la
presencia policial. Pero la crisis también afecta.
En el primer año de aplicación de la denominada Operación Voral,
el Servei Català de Trànsit (SCT) ha puesto 1.061 multas de las que por
el momento sólo ha cobrado 30 y ha levantado casi 300 actas en vías
estatales. Ahora ya no multan ni levantan actas porque las meretrices se
han ubicado a unos 50 metros de las vías. Algunas de ellas explican que
la policía les dijo que alejándose esta distancia de la calzada no
tendrían motivo para actuar.
El perfil de la trabajadora sexual en las carreteras de Girona es una
chica de entre 20 y 35 años procedente de Rumania y Bulgaria, sin
pareja, con hijos pequeños y que abandonó un trabajo poco cualificado
para venir a España. Una vez aquí dijo a su familia que trabajaba en la
restauración.
La realidad es otra. Bajo mini tangas, bikinis o vestidos sedosos de
colores chillones, esperan a pie de carretera que algún cliente pare y
les de 20 euros por una felación o 30 por un “completo”. Si piden 40
euros “se van”, aseguran. Este es el caso de Ana María. Hace sólo una
semana que está en Girona. Se instaló en Figueres, pero “el primer día
me multaron y decidí venir aquí”, a la N-II en Tordera (Maresme). Sobre
unos zapatos satinados de 10 centímetros, Ana María, con los hombros
quemados por el sol, quiere probar fortuna en su metro cuadrado, pero
sólo tiene unos tres clientes diarios, y cree que ellos “tienen miedo de
la policía”.
También en la N-II, unos kilómetros más al norte está Asha, una
búlgara curtida de pelo rubio: “Yo de aquí no me voy”. Tiene 30 años y
hace 12 que ofrece sus servicios en el mismo lugar. Está contenta porque
tiene clientes fijos: "Si no les conozco no hago nada, por seguridad”.
Reconoce que paran menos coches. Nunca le han levantado un acta, aunque
la policía aparcó varios días junto a ella para convencerla de que se
fuera. “Querían convencerme para que me fuera, pero ellos ya no vienen y
yo sigo aquí”, mantiene con sonrisa pícara. Ahora trabaja, como todas,
en un camino a unos 50 metros de la N-II, en un camino en el que los
mossos, como en tantos otros, pusieron una cinta de precinto policial
para dejar huella de paso. “Trabajo sola, pero hay muchas que tienen
miedo y están de dos en dos”.
A pesar de la presencia de una decena de chicas en sus sillas en la
N-II entre Tordera y unos 10 kilómetros más al norte, la imagen de la
carretera dista mucho de la de un año antes, cuando ocupaban gran parte
del arcén de la vía separadas por escasos metros. Desde Interior han
contabilizado en Girona una gran disminución. De las 109 prostitutas que
tenían censadas en junio del año pasado se ha pasado a las 40-45 de
este, teniendo en cuenta un ligero repunte en verano.
Este descenso se percibe fácilmente en las vías de titularidad
autonómica. Entre la salida 5 de la autopista y l'Escala, lugar donde
eran habituales, ya no hay, y de la quincena que podían encontrarse en
la C-260 entre Figueres y Roses antes de la aplicación de esta medida
punitiva, se ha pasado a media docena. Cristina, que está en una de las
rotondas de Castelló d'Empúries, es una rumana morena con mucho sentido
del humor que reconoce que la han multado “muuuuuuchas veces”, a ella y a
sus clientes, “pobrecitos, que pena, —dice sonriendo— uno pagó 300
euros en mano”. La clientela le ha bajado mucho, “hacía unos 10
servicios diarios y ahora solo 4 o 5”. Aunque la han multado muchas
veces, no ha pagado nunca “porqué ya no vivo en mi antigua dirección”.
Asegura que “el cliente al que pillan no vuelve”, pero también que su
clientela es fija.
El director de los servicios territoriales de Interior en Girona,
Albert Ballesta, explica que el procedimiento de este tipo de sanciones
“es muy complicado porque aplica la normativa de carreteras y el régimen
sancionador general”. En las vías estatales, como la N-II, paraíso de
la prostitución en tierras gerundenses, se han levantado 288 actas. Con
estos resultados, el SCT ha conseguido recaudar, a 2.000 euros cada
expediente, un total de 60.000 euros. Por provincias, en Barcelona se
pusieron 613 denuncias, 349 en Girona, en Tarragona 94 y sólo 4 en
Lleida. Los datos muestran que el 59,5% de los multados son extranjeros y
el 23,7% tiene permiso de residencia.
En las comarcas gerundenses, Ballesta asegura que “la presencia
policial en días puntuales ha funcionado tan bien como las sanciones”. A
diferencia del resto de Cataluña, donde se han multado más prostitutas,
el director de Interior asegura que en Girona, se ha sancionado más a
los clientes, en un 60%, “porque vimos que si haces desaparecer la
demanda, cae la oferta” y mantiene, con un punto de orgullo, “nos ha
dado buenos resultados. Aquí existe cierta moralina o punto moral que
hace que un cliente de la provincia que sea pillado una vez, no vuelva”,
apunta. Además, también asegura que solo pagan los clientes y que para
evitar que la sanción llegue a sus casas, “muchos de ellos lo hacen
efectivo en el mismo lugar y también hemos detectado que gran parte dan
una dirección diferente de la del carné de conducir”.
Ballesta reconoce que la normativa establece que si no hay afectación
viaria, lo que está determinado a partir de 50 metros de distancia del
eje de la vía, no se puede multar ni levantar acta. No obstante, se
muestra convencido que “no ha sido la policía la que da estas
explicaciones a las meretrices”.
Por su parte, los agentes de Extranjería de la Policía Nacional
también realizan periódicamente controles a las chicas para tomar los
datos a las nuevas, comprobar que todas tienen los papeles están en
regla, y tener al día su censo. Normalmente, todas ellas se encuentran
en situación legal en el país, teniendo en cuenta que proceden en más de
un 90% de Rumania y Bulgaria, países de la Unión Europea. El objetivo
principal de los agentes, explica el inspector jefe de la Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras en Girona, Antonio Bragado, es que
“en una de estas visitas rutinarias alguna de las chicas se atreva a
denunciar que es víctima de una red que la explota y podamos detener a
sus responsables para llevarlos delante de la justicia”.
Cámaras para La Jonquera
El contrapunto a esta situación es La Jonquera (Alt Empordà). En esta localidad fronteriza es muy difícil actuar contra la prostitución. La Jonquera tiene en la actualidad unas 40 prostitutas censadas, aunque a diario contabilizan unas 25 en activo. El descenso puesto de manifiesto en el resto de puntos del territorio no ha llegado a esta localidad.Fuentes de Interior aseguran que estas chicas cada vez actúan “de una forma más agresiva”, se sitúan a pie de carretera, o en las entradas de los aparcamientos, ofreciendo sus servicios a los conductores. Uno de los proyectos que el ayuntamiento de la Jonquera pondrá en marcha tan pronto como la burocracia lo permita, serán las cámaras de video-vigilancia que el Consistorio pidió a principios de año al departamento de Interior poder instalar para combatir las diferentes actividades delictivas y la prostitución en la vía pública.
Estas cámaras, que ya están presupuestadas, se instalarán en la N-II a su paso por el municipio y en otros puntos conflictivos como los aparcamientos privados y públicos de camiones, polígonos industriales o la zona de tienda de Le Pertus.
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