Traducido para Rebelión por Silvia Arana |
Introducción
Las revelaciones sobre cómo el gobierno de Obama usa a la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) para espiar
secretamente las comunicaciones de cientos de millones de ciudadanos de
EE.UU. y otros países ha generado denuncias en todo el mundo. En EE.UU.
no hubo ninguna protesta masiva, a pesar de la amplia cobertura
periodística y de la oposición de las organizaciones pro libertades
civiles. Los líderes del Congreso, tanto del partido demócrata como del
republicano, al igual que los jueces más importantes aprobaron un
programa de espionaje doméstico sin precedentes... Aún peor, cuando se
hicieron públicas las operaciones de espionaje a gran escala, los
líderes principales del Senado y del Congreso reafirmaron su respaldo a
todas y a cada una de las intromisiones en las las comunicaciones
electrónicas y escritas de ciudadanos estadounidenses. El presidente
Obama y su fiscal general Holder defendieron firme y abiertamente las
operaciones globales de espionaje de la NSA.
Las cuestiones que
surgen de este vasto aparato policíaco secreto y de la penetración y
control que ejerce sobre la sociedad civil, atentando contra la libertad
de expresión de los ciudadanos, va mucho más allá de meras "violaciones
de la privacidad", como la calificaron muchos expertos legales.
La mayoría de los defensores de las libertades civiles se enfocan en
las violaciones de los derechos individuales, garantías constitucionales
y derechos a la privacidad de los ciudadanos. Estas son cuestiones
legales importantes y esta postura es correcta. Sin embargo, las
críticas constitucionales-legales no van lo suficientemente lejos: no
tocan los temas fundamentales; evitan hacer cuestionamientos políticos
básicos.
¿Por qué un aparato tan masivo de espionaje global
manejado por el estado policial se volvió tan esencial para el régimen
gobernante? ¿Por qué el conjunto de los líderes de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial hicieron declaraciones públicas en las
que repudiaron todas las garantías constitucionales de manera tan
descarada? ¿Por qué los dirigentes electos defendieron el espionaje
político global contra la ciudadanía? ¿Qué tipo de políticos existen en
un estado policial? ¿Qué tipo de políticas de largo término, de gran
escala, a nivel interno e internacional son ilegales e
inconstitucionales como para justificar el desarrollo de una vasta red
de espionaje doméstico y una infraestructura de tecno-espionaje de
billones de dólares manejada por el estado corporativo en una época de
"austeridad" presupuestaria caracterizada por los recortes en los
programas sociales?
El segundo grupo de preguntas surge del uso
de los datos obtenidos por el espionaje. Hasta el momento, la mayoría
de los críticos cuestionaron la existencia del espionaje masivo
implementado por el estado pero evitaron el tema crucial sobre qué medidas
toman a continuación, o como resultado del espionaje, contra los
individuos, grupos o movimientos espiados. La pregunta esencial es: ¿Qué
represalias y sanciones se producen como resultado de la "información"
que ha sido recolectada, clasificada y aplicada por estas redes de
espionaje manejadas por el estado policial? Ahora que el "secreto" del
espionaje extendido realizado por el estado policial forma parte de la
conversación pública, el próximo paso debería ser la revelación de las
operaciones secretas contra aquellos espiados por las redes de espionaje
luego de haber sido rotulados como un "riesgo para la seguridad
nacional".
Las políticas detrás del estado policial
La razón fundamental para la transformación del estado en un enorme
aparato de espionaje es el carácter profundamente destructivo de las
políticas interna e internacional implementadas violentamente por el
gobierno. La vasta expansión del aparato del estado policial no es una
respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El crecimiento
geométrico de espías, presupuestos policiales secretos y la vasta
intromisión en las comunicaciones de los ciudadanos coincide con las
guerras globales. La decisión de militarizar la política global de
EE.UU. requiere de una redistribución radical del presupuesto, del
recorte del gasto social a favor del crecimiento del imperio; de la
destrucción de la salud pública y del seguro social para beneficio de
Wall Street. Estas son políticas que aumentan drásticamente las
ganancias de los banqueros y de las corporaciones mientras que castigan a
los trabajadores con impuestos regresivos.
Las guerras
internacionales extendidas y prolongadas fueron financiadas a expensas
del bienestar de los ciudadanos. Esta política generó un deterioro en el
estándar de vida de varias decenas de millones de ciudadanos y una
creciente insatisfacción en la población. El potencial de resistencia
social, como quedó evidenciado por el movimiento de breve vida "Ocupar
Wall Street", contó con el respaldo del 80% de la población. La
respuesta positiva fue una alarma para el estado y condujo a una
escalada de las medidas tomadas por el estado policial. El espionaje
masivo tiene como fin identificar a los ciudadanos que se opongan a las
guerras imperiales y a la destrucción del sistema de asistencia social;
se los rotula como "amenazas para la seguridad" como una manera de
controlarlos usando los poderes policiales arbitrarios. La expansión de
los poderes presidenciales para hacer la guerra ha sido acompañado con
el incremento del tamaño y del alcance del aparato estatal de espionaje:
cuanto más ataques con drones se hacen en el exterior bajo
órdenes presidenciales, mayor es la cantidad de intervenciones
militares, y mayor es la necesidad de una élite política presidencial
que fortalezca la vigilancia de los ciudadanos para prevenir un
contraataque popular. En este contexto, la política de espionaje masivo
es llevada a cabo como una "acción preventiva". A mayor operaciones del
estado policial, mayor será el miedo y la inseguridad entre los
ciudadanos y activistas disidentes.
El ataque al estándar de
vida de la clase trabajadora y de la clase media de EE.UU. con el fin de
financiar las guerras, y no la llamada "guerra contra el terrorismo, es
la causa de que el estado haya desarrollado ataques cibernéticos
masivos contra la ciudadanía estadounidense. No se trata solamente de la
violación de la privacidad individual; sino que consiste,
fundamentalmente, en la infracción estatal de los derechos colectivos de
los ciudadanos organizados para participar libremente en la oposición
pública contra políticas socioeconómicas regresivas y para cuestionar el
imperio. Junto a la proliferación de instituciones burocráticas, con
más de un millón de recolectores de "datos de seguridad", existen
decenas de miles de "operadores de campo", analistas e inquisidores,
actuando arbitrariamente para rotular a los ciudadanos disidentes como
"riesgos de seguridad" e imponer represalias según sus necesidades
políticas de sus jefes políticos.
El aparato del estado
policial tiene sus propias reglas de auto-protección y
auto-perpetuación; tiene sus propias conexiones y hasta puede llegar a
competir con el Pentágono. El estado policial se conecta y protege a los
amos de Wall Street y a los propagandistas de la clase media -¡incluso
hasta cuando los espíe (porque debe hacerlo)!
El estado
policial es un instrumento del Poder Ejecutivo, un canal para sus
prerrogativas y poderes arbitrarios. Sin embargo, en temas
administrativos, posee un grado de "autonomía" para atacar conductas
disidentes. Lo que queda claro es el alto grado de cohesión, disciplina
vertical y defensa mutua, desde arriba hacia abajo en la jerarquía. El
hecho de que un solo denunciante de conciencia, Edward Snowden, emerja
de entre cientos de miles de espías, es una excepción solitaria que
confirma la regla: Hay menos desertores entre los millones de miembros
de la red de espionaje de EE.UU. que en todas las familias mafiosas de
Europa y América del Norte.
El aparato de espionaje doméstico
opera con impunidad gracias a su red de poderosos aliados internos e
internacionales. Todos los líderes legislativos de ambos partidos están
informados y son cómplices de las operaciones de espionaje. Ramas
relacionadas del gobierno, como la agencia impositiva (Internal Revenue
Services, IRS) cooperan proporcionando información y persiguiendo a los
grupos o individuos bajo vigilancia. Israel es un aliado clave del IRS,
como ha sido documentado por la prensa israelí (Haaretz, 8 de junio,
2013). Dos firmas israelíes de alta tecnología (Verint y Narus) con
conexiones con la policía secreta israelí (MOSSAD) proveyeron el
software de espionaje usado por la NSA y esto, por supuesto, abrió una
ventana hacia el espionaje israelí en EE.UU. contra los estadounidenses
opuestos al estado sionista. El escritor y crítico, Steve Lendman,
señala que los amos del espionaje israelí, usando sus "empresas de
fachada", han tenido desde hace tiempo la impunidad para "robar
información comercial e industrial". Y que debido al poder y a la
influencia de los presidentes de las 52 organizaciones
judías-estadounidenses, los funcionarios del Ministerio de Justicia
dieron la orden de suspender docenas de casos de espionaje israelí. Los
estrechos vínculos entre Israel y el aparato de espionaje de EE.UU.
evitan un verdadero escrutinio de las operaciones y de los objetivos
políticos -a un precio muy alto para la seguridad de los ciudadanos de
EE.UU. En años recientes se destacan dos incidentes: "expertos" de
seguridad israelí fueron contratados para asesorar al Departamento de
Seguridad Nacional de Pennsylvania en su trabajo de investigación; y la
represión gubernamental "estilo Stasi" contra críticos y ambientalistas
(comparados con "los terroristas de Al Qaeda" por Israel). Cuando esto
fue revelado, en 2010, tuvo que renunciar el Director James Power. En
2003, el gobernador de New Jersey, Jim McGreevy nombró a su amante, un
agente del gobierno de Israel; después, a fines de 2004, renunció y
denunció al israelí Golan Cipel por extorsión. Estos ejemplos son una
pequeña muestra para ilustrar la magnitud de la intersección entre las
tácticas del estado policial israelí y la represión interna en EE.UU.
Las consecuencias políticas y económicas del estado-espía
Las denuncias de las operaciones masivas de espionaje son un paso
positivo, hasta ahora. Pero igualmente importante es la pregunta "¿qué
viene después del acto de espiar?". Ahora sabemos que cientos de
millones de estadounidenses fueron y son espiados por el estado. Sabemos
que el espionaje masivo es una política oficial del Ejecutivo que
cuenta con la aprobación de los líderes legislativos. Pero solo tenemos
información fragmentada de las medidas represivas derivadas de la
vigilancia de "los sospechosos". Podemos asumir que hay una división del
trabajo entre los recolectores de información, los analistas de
inteligencia y los agentes que hacen trabajo de campo en la vigilancia
de "grupos e individuos peligrosos", basado en un criterio interno que
solo la policía secreta conoce. Los agentes de espionaje clave se
encargan de elaborar y aplicar los criterios para calificar a alguien
como un "riesgo de seguridad". Los individuos y grupos que expresan
posturas críticas de la política interior y exterior del gobierno son
catalogados como un "riesgo"; aquellos que protestan activamente están
en la categoría de "riesgo mayor", incluso aunque no hayan violado
ninguna ley. La cuestión de la legalidad de las acciones y posturas de
un ciudadano ni siquiera entra en la ecuación de los amos del espionaje;
ni tampoco la valoración de la legalidad de los actos de espionaje
contra los ciudadanos. El criterio determinante de un riesgo de
seguridad está por encima de cualquier consideración o defensa de la
Constitución.
Sabemos por una gran cantidad de casos públicos
que personas críticas del tema legal, fueron ilegalmente espiadas,
arrestadas, sometidas a juicio y encarceladas -sus vidas y las vidas de
sus familias y amigos sufrieron un altísimo costo . Sabemos que cientos
de hogares, sitios de trabajo de personas bajo sospecha han sufrido
redadas tipo "excursiones en busca de quién sabe qué". Sabemos que
familiares, asociados, vecinos, clientes y empleados de los
"sospechosos" han sido interrogados, presionados e intimidados.
Sobretodo, sabemos que decenas de millones de ciudadanos respetuosos de
las leyes, que tienen posturas críticas de la economía interna y de las
guerras en el extranjero, han sido censurados por el miedo, con mucho
fundamento, a las operaciones masivas ejecutadas por el estado policial.
En esta atmósfera intimidatoria, cualquier conversación crítica o
palabra emitida en cualquier contexto o enviada por algún medio puede
ser interpretada, por espías sin nombre ni rostro, como una "amenaza de
seguridad" -y el nombre de uno puede entrar así en la lista secreta, y
cada vez más larga, de "terroristas potenciales". La mera presencia y
dimensiones del estado policial ya es intimidante. Mientras tanto, hay
ciudadanos que sostendrían que el estado policial es necesario para
protegerlos de los terroristas. Pero, ¿cuántos se sienten obligados a
respaldar un estado terrorista solo para alejar cualquier sospecha, con
el fin de no ser incluido en la lista de sospechoso? ¿Cuántos
estadounidenses con mentalidad crítica tienen miedo del estado y jamás
van a pronunciar en público lo que susurran en casa?
Cuánto más
grande sea la policía secreta, mayor será su capacidad operativa.
Cuánto más regresiva sea la política económica interna, mayor será el
miedo y el desprecio de la élite política.
Incluso mientras el
presidente Obama y sus socios demócratas y republicanos hacen alarde de
su estado policial y de su eficiencia en el cumplimiento de la "función
de seguridad", la vasta mayoría de los estadounidenses toman conciencia
de que el miedo creado hacia dentro del país sirve a los intereses de
librar guerras imperiales en el extranjero; la cobardía frente al estado
policial solo incentiva mayores recortes en los estándares de vida.
¿Cuándo se darán cuenta que el hecho de exponer el espionaje es
solamente el principio de una solución? ¿Cuándo reconocerán que la tarea
de terminar con el estado policial es esencial para desmantelar el
costoso imperio y hacer que EE.UU. sea una nación segura y próspera?
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