La asamblea de accionistas de YPF (51% del Estado argentino y 12% de
Repsol) decidió en las primeras horas de la medianoche del viernes abrir
la puerta a una demanda civil a su expresidente y actual titular de
Repsol, Antonio Brufau, por no cumplir todos los requisitos formales
para la aprobación de honorarios a integrantes del consejo de
administración de la petrolera argentina de 2003 a 2011, cuando se
encontraba en manos del grupo español. El argumento es que parte de los
pagos no fueron expresamente aprobados por las asambleas y el directorio
(consejo).
Al finalizar una reunión que comenzó el jueves a las 17.00 horas de
Argentina (22.00 horas en la península Ibérica), los representantes
designados por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidieron
reclamar a Brufau y/o los directores que hubieran percibido los pagos y a
toda otra persona que por su acción u omisión hubiera facilitado los
pagos, 28,5 millones de euros por presuntos daños y perjuicios causados a
la empresa cuyo 51% de Repsol fue expropiado en abril de 2012 sin el
pago, hasta el momento, de la más mínima indemnización.
La decisión se tomó con el voto del Estado argentino, la oposición de
Repsol y la abstención de la mayor parte de los fondos y otros
accionistas institucionales. El informe presentado a la junta no impugna
la cuantía de los pagos, ni cuestiona los servicios por ellos
remunerados ni plantea de tipo fiscal, laboral o penal, según fuentes
jurídicas.
En julio pasado, en una asamblea de accionistas posterior a la
nacionalización, se ordenó la investigación de la paga para establecer
si estaba aprobada por ese cuerpo o si había triplicado la suma
autorizada. Cuando comenzaba el viernes en Buenos Aires, los dueños de
YPF, entre los que también se cuentan bancos e inversores de las bolsas
de Buenos Aires y Nueva York, analizaron un informe que la compañía
reestatalizada elaboró “en relación con la percepción de honorarios en
exceso por parte del directorio (consejo de administración)”, según
establecía el orden del día de la reunión. En 2011, cuando se pagaron
aquellos honorarios, el 57% de YPF pertenecía a Repsol y el 25% a la
familia argentina Eskenazi, amiga del fallecido presidente Néstor
Kirchner (2003-2007), al tiempo que el Estado argentino tenía una acción
de oro.
En el grupo español niegan que hubiesen cometido incumplimientos
legales o estatutarios. “Todos los pagos que se han hecho a empleados de
Repsol están recogidos en las cuentas de YPF”, dijeron fuentes en
Madrid. “A su vez, todas las cuentas de YPF se aprobaron en su asamblea,
donde estaba el representante del Estado. Las cosas se hicieron como
hay que hacerlas. Los pagos están en las cuentas de YPF que se
registraron en la Bolsa de Buenos Aires y en la SEC (siglas de la
Comisión de Valores de EE UU). Entiendo que en la CNV (Comisión Nacional
de Valores de Argentina) también están. Son cuentas públicas,
auditadas. Esto es una cortina de humo”, opinaron en Repsol.
Fuentes jurídicas argentinas señalaron que el régimen jurídico de las
remuneraciones que puede recibir un director no aparece legislado con
suficiente claridad en el derecho argentino.
En YPF se planteó en febrero pasado que Brufau era un obstáculo para
llegar a un acuerdo de indemnización de Argentina a Repsol por la
expropiación del 51% de YPF. Mientras que el presidente del grupo
español exige en tribunales internacionales un resarcimiento de 8.000
millones de euros, el vicepresidente de Repsol y presidente de
Caixabank, Isidro Fainé, se reunió aquel mes con Fernández en Buenos
Aires. La prensa argentina escribió que en aquel encuentro se habló de
un pacto para que Repsol recuperara parte de uno de los mayores
yacimientos de gas no convencional del mundo, Vaca Muerta, en el sur de
Argentina, pero el grupo español negó negociaciones y solo reconoció
“meros contactos”. La idea argentina era ceder una participación
minoritaria en dicho yacimiento para que Repsol invirtiese fondos en su
desarrollo y a cambio no pagar ninguna indemnización por la expropiación
de YPF.
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