La Comisión Europea abrió ayer un procedimiento de infracción contra
España después de haber recibido “un número cada vez mayor de denuncias”
sobre hospitales públicos de zonas turísticas que se niegan a atender a
ciudadanos con la tarjeta sanitaria europea (TSE) —documento que
certifica que el titular tiene derecho a recibir la misma asistencia que
los nacionales del Estado donde la necesite— y les exigen en su lugar
un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito. Bruselas ha
enviado a España una carta de emplazamiento, primer paso del
procedimiento de infracción, y le da dos meses para contestar.
La Comisión Europea lleva desde 2010 tratando la cuestión con España,
que le aseguró haber tomado medidas para solucionar el problema,
informó ayer. Sin embargo, añadió, siguen llegando denuncias. No se
trata de denegación de la asistencia, sino de que se ha “informado
erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta europea no es válida si
tienen seguro de viaje”. El Ministerio de Sanidad afirma que únicamente
le constan reclamaciones de pacientes del Reino Unido y asegura que
eligen “libremente” si quieren ser atendidos con cargo a la TSE o a su
seguro privado.
El relato que alguno de esos pacientes ha hecho llegar a Bruselas
difiere de ese marco general. Un británico, que la Comisión identifica
como Mr. X para proteger su identidad, explica que acude al hospital
Costa del Sol, en Málaga, porque sufre dolores de espalda. Presenta su
tarjeta sanitaria europea, pero hasta tres administrativos diferentes le
presionan, según el relato proporcionado por fuentes comunitarias, para
que además les ofrezca los datos de su seguro privado. Pese a que
aseguran que es únicamente un trámite y que aceptan su TSE, finalmente
la aseguradora del paciente recibe una factura de 202 euros. El hombre
señala además que presencia cómo otros turistas reciben el mismo trato.
La reclamación es de febrero de este año.
Tres de las cuatro quejas que Bruselas usa como ejemplo proceden del
hospital Costa del Sol, centro público que tiene contratada a una
empresa para que gestione el cobro a pacientes extranjeros. La cuarta
queja es del hospital de Ibiza, de un paciente británico que fue operado
de urgencia, presentó su tarjeta europea pero cuya aseguradora recibió
una factura de 24.600 euros. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) admite
que en el Hospital Costa del Sol de Marbella, que cada año atiende a más
de 7.000 turistas, se ha detectado algún caso de la práctica que ahora
denuncia la UE. Se trataría de ciudadanos extranjeros que portaban
tarjeta sanitaria europea y seguro privado y el hospital optó por
tramitar la factura a través de la compañía de seguros lo que,
generalmente, acorta los plazos para cobrar la atención. Fuentes del SAS
aseguran que han sido casos “puntuales”, que se han corregido y que en
ningún caso ha existido una directriz por parte de la Consejería de
Salud.
Cada año viajan a España más de 50 millones de turistas, la mayoría
de países europeos, y unos 500.000 pasan por los hospitales públicos con
tarjeta sanitaria europea, según datos del Ministerio de Sanidad. Los
países se facturan estas asistencias entre ellos a año vencido. El
Instituto Nacional de la Seguridad Social reparte posteriormente entre
las comunidades autónomas el dinero que percibe España, ponderado según
el número de turistas que acoge cada una.
Las aseguradoras son las principales beneficiarias de la extensión
del uso de la TSE, puesto que la mayoría de ciudadanos europeos —un 80%,
según fuentes del sector— viaja con doble cobertura: la tarjeta europea
y una póliza privada. De hecho, la asociación de aseguradoras
británicas (ABI, en sus siglas en inglés) difundió a principios de mes
una guía en la que recomienda a los ciudadanos que hagan valer sus
derechos en los hospitales públicos españoles. Al mismo tiempo,
recomienda tener una póliza privada para cubrir, por ejemplo, la
repatriación.
Las consejerías de Sanidad valenciana y catalana aseguraron ayer que,
en el caso de los turistas extranjeros que cuentan con doble
aseguramiento, el paciente tiene la libertad de decidir a qué seguro se
carga la asistencia y da su autorización por escrito.
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