Va a intentarlo y dice que en serio. La disposición del Gobierno para afrontar la ambiciosa Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
es de buscar acuerdos y no quedarse solo, con su mayoría absoluta, como
es habitual desde que tomó las riendas del poder hace dieciséis meses.
Hoy, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis
Ayllón, recibirá a los portavoces de la oposición para que, con
documentos sobre la mesa, pasen revista y delimiten los acuerdos de los
desacuerdos, antes de empezar oficialmente la tramitación parlamentaria
de la ley. El paso por la Comisión Constitucional del Congreso de más de
una treintena de expertos ha abierto otros campos que no figuran en el
anteproyecto -aprobado en marzo de 2012- y, sobre todo, los avatares
políticos han determinado que se incluya bajo la lupa de la futura ley
instancias en las que el Gobierno no pensó inicialmente y sí la
oposición.
Al incluirse la Corona, los partidos políticos, los sindicatos, la
Iglesia Católica y las confesiones que reciban subvenciones públicas, la
ley tendrá un serio replanteamiento porque llevará a establecer
diferenciaciones porque los partidos, y las nuevas incorporaciones, no
podrán tener el mismo tratamiento ni las mismas obligaciones respecto a
los ciudadanos que sí tienen que cumplir las administraciones. Las
fuentes consultadas reconocen que hay que establecer límites de manera
que no toda la información puede ser de dominio público.
Sí han servido las comparecencias de expertos ante la Comisión
Constitucional del Congreso. Así lo reconocen los portavoces de la
misma, que han pasado muchas horas atentos a las intervenciones de
profesores, empresarios, expertos en comunicación y profesionales
vinculados a la información, la documentación, el Derecho, la defensa de
los derechos humanos, la Defensora del Pueblo, el periodismo y los lobbies. Ninguno de ellos ha albergado la duda de que dentro de la ley debían estar los partidos políticos, los sindicatos y la Corona.
Tanto se ha hablado en las comparecencias de controles y medidas para
evitar las irregularidades en las administraciones, que cierta
sensación de barullo se ha instalado en torno a esta norma al exigirle
poderes casi infinitos. “Parecía que esta tenía que ser la ley
anticorrupción”, señala un portavoz, en línea con la percepción de la
mayoría de los participantes en la comisión. Esto desvirtuaría la norma,
según reconocen tanto Gobierno como la mayoría de los grupos de
oposición.
Ahora se trata de delimitar campos, y sin dejar atrás las partes más
llamativas y populares, como es la inclusión de la Corona y los
partidos, retomar los aspectos que deben hacer de esta ley un
instrumento al servicio de los ciudadanos para que tengan acceso a la
información de todas las administraciones. Los portavoces conocerán en
la reunión con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes cómo
ha encajado las piezas del puzzle. También la disposición al pacto y
sus posibilidades.
Esta es buena por parte de todos pero nadie lanza las campanas al
vuelo. Ha habido conversaciones informales entre el Gobierno y el PSOE
que no son indicativas de sus respectivas posiciones. Queda mucho tiempo
porque esta norma es de tal envergadura al implicar a todas las
administraciones que tras ser aprobada necesitará un tiempo de
adaptación. La intención es que resulte aprobada en el Congreso en otoño
y, definitivamente, tras su paso por el Senado, a final de año. Para
ello el mes de julio se empleará en su debate. Sí se ha puesto ya de
manifiesto el vivo interés de los portavoces de la Comisión
Constitucional en trabajar en esta ley, de la que gozan los países con
raíces democráticas profundas.
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