El Espectador
Un juez federal decidirá si el gobierno de EE.UU. revela o no los documentos que la multinacional entregó como parte de su acuerdo con la justicia de ese país. |
Los documentos que dan cuenta de los pagos de Chiquita Brands a
grupos armados ilegales colombianos deben mantenerse clasificados,
porque su divulgación perjudicaría “irremediablemente” su derecho a un
juicio justo e imparcial tanto en Colombia como en Estados Unidos. Si el
National Security Archive y el público en general se vieran afectados
por esa reserva, más afectada se verá Chiquita si la reserva se levanta.
La Corte debe ordenarle a la Securities and Exchange Commission (SEC)
que no desclasifique los documentos. La Corte debe ignorar la decisión
de la SEC por “caprichosa, arbitraria” o, al fin y al cabo, “contraria a
la ley”.
Esos son los argumentos que, desde hace un mes, estudia
un juez de la Corte del Distrito de Columbia, ante la cual la
multinacional Chiquita Brands presentó un recurso legal el pasado 4 de
abril buscando que se ponga freno de mano a la decisión que la SEC tomó
en diciembre de 2012: desclasificar, a petición del National Security
Archive (NSA), buena parte de los documentos que la propia Chiquita le
entregó al Departamento de Justicia de EE.UU., a cambio de ser
sancionada (en 2007) con una multa de US$25 millones, la orden de
implementar un programa de ética y permanecer cinco años en período de
prueba.
Hoy la multinacional, por cuenta de sus pagos ilegales a
grupos paramilitares, pelea en diez frentes de batalla, nueve procesos
en Estados Unidos y uno en Colombia, y ha enfilado sus baterías en
evitar que la información que le entregó al Departamento de Justicia sea
divulgada. Según se arguyó ante la Corte de Columbia, si el NSA obtiene
los expedientes, “se puede esperar una campaña mediática para influir
en el proceso MDL y el proceso en la Fiscalía colombiana”. Porque, según
Chiquita, el National Security Archive “está aliado y asiste” a
demandantes de una acción civil contra Chiquita en Florida, que es el
mismo proceso MDL.
“Con el único propósito de que se establezca la
verdad y se garantice la imparcialidad de los procesos judiciales en
curso, la compañía ha solicitado que los documentos sean revelados bajo
la normativa estadounidense”, le dijeron a este diario voceros de
Chiquita Brands. “La preocupación es que el National Security Archive
utilice documentación a la que sus socios en el litigio no tienen
derecho para tergiversar los hechos”, agregaron, haciendo énfasis en que
fueron ellos quienes denunciaron las “extorsiones” de las que habían
sido objetivo muchos años por parte primero de la guerrilla y luego de
los ‘paras’.
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario
que, efectivamente, la desclasificación de esos documentos podría
alterar el cauce de la investigación que se está realizando en Colombia,
donde, en octubre del año pasado, el despacho del vicefiscal general
reabrió el proceso en contra de varios exejecutivos de la bananera,
luego de que una Fiscalía de Medellín lo cerrara en marzo de 2012. Pero
si los documentos se mantienen en reserva y no se difunden tampoco en
juicio, a la Fiscalía sólo le quedaría recurrir al Departamento de
Justicia para que los entregue voluntariamente. “No hay manera de
presionar”, dijo una fuente del organismo.
El Espectador conoció
los documentos que reposan en la Corte del Distrito de Columbia
relacionados con la petición de no desclasificar los “Chiquita Payment
Documents” (documentos de pago de Chiquita) por el interés “tendencioso”
que tendría en ellos el National Security Archive. En 2011 el NSA
logró, por primera vez, que el gobierno norteamericano entregara
documentación reservada relacionada con Chiquita Brands. Su análisis fue
que, contrario a lo que Chiquita y el Departamento de Justicia habían
afirmado en su acuerdo, Chiquita no había sido extorsionada, sino que
había hecho transacciones con grupos ilegales para beneficio propio.
“Esta
es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita
intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive”,
le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA, quien explicó
que la misión de la organización en la que trabaja es abrir archivos
secretos relacionados con la política exterior de EE.UU. Evans agregó:
“Este es probablemente el conjunto más grande de información que se haya
organizado sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una
investigación extensa que resultó en la primera y, hasta ahora, única
condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar un
grupo terrorista”.
El abogado que representa al NSA ante la Corte
de Columbia, Jeffrey Gutman, desmintió además la aseveración de la
multinacional: “El NSA no es parte en ningún caso contra Chiquita”. El
Espectador revisó también en el sistema de información pública de cortes
estadounidenses lo respectivo al proceso MDL en Florida, sin encontrar
evidencia de que el National Security Archive fuera parte del litigio.
Gutman explicó que el NSA pidió la información basado en la Ley de
Libertad de Información (FOIA, en inglés), tal como se ha hecho en el
pasado, y detalló que la disputa es por 44 páginas que la SEC determinó
no eran confidenciales.
“Si otras partes están interesadas en usar
en juicios los documentos que nosotros obtenemos, eso depende de ellos y
es potestad de los jueces admitirlos o no como evidencia. Pero quiero
ser claro: el NSA no usa estos documentos en cortes. No ha demandado ni
demandará a Chiquita. El NSA es un centro de investigación”. “Esta es
una oportunidad para que Chiquita haga lo correcto y confiese sus
vínculos con el terrorsimo”, concluyó Michael Evans. Los voceros de
Chiquita, por su parte, dijeron que confiaban en “la imparcialidad de
las autoridades colombianas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario