El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión del euro por receta
aprobado en Cataluña en junio. El tribunal admitió en enero el recurso
presentado por el Gobierno y ahora ha optado por mantener la suspensión
hasta que se resuelva el fondo del asunto, para el que no tiene fecha.
El ejecutivo de Mariano Rajoy alegó que las comunidades no pueden
incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos
farmacéuticos.
En su resolución, el Constitucional sostiene que el hecho de que
Cataluña siga sin poder cobrar el euro por receta no supondrá "una
reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica" y
subraya, además, que la devolución del cobro de la tasa, en el caso de
que finalmente se declarara inconstitucional, sería "virtualmente
imposible". Argumenta su alegación indicando que Cataluña emite
mensualmente más de diez millones de recetas y que la devolución de la
tasa tendría unos costes de gestión que "podrían llegar a superar la
cuantía recaudada".
En su auto, el tribunal apela al "interés general de preservar el
derecho a la salud" consagrado en el artículo 43 de la Constitución pero
también a la sostenibilidad del sistema público sanitaro que requiere
la adopción de "medidas de racionalización y contención del gasto". En
enero, el tribunal ya marcó su posición al suspender también la aplicación del euro por receta en Madrid.
La Generalitat trató de defender el levantamiento de la suspensión de
la tasas alegando que en los primeros seis meses de su aplicación "ha
comportado una recaudación de 45,7 millones de euros", tiempo en que se
produjo una reducción del volumen de recetas "que aminora los recursos
públicos destinados al consumo farmacéutico en 5,9 puntos respecto del
año anterior". "El mantenimiento de la suspensión de la tasa comportaría
unos perjuicios ciertos para las arcas públicas y, por tanto, para el
interés general, cuantificables en 8 millones de euros mensuales, cifra
importante, máxime en el contexto de exigente ajuste presupuestario en
el que nos encontramos", alegó.
En la posición contraria, a la que ha atendido el Constitucional, el
Ministerio de Justicia arguyó que el cobro del euro por receta "puede
constituir una barrera de acceso a la prestación farmacéutica de los
usuarios con menores recursos y más necesitados de medicamentos
recetados, puesto que la tasa se suma a la aportación ("copago') que
deben hacer con arreglo a las normas generales".
Además, el Gobierno apuntó no haber apreciado efectos favorables para
el Sistema Nacional de Salud ya que durante el tiempo de vigencia de la
tasa "ha habido Comunidades que, sin imponer tasa alguna, han sido más
eficaces en la gestión del gasto farmacéutico, simplemente mediante la
plena implementación de las normas básicas estatales".
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