Un juez no puede autorizar toda clase de pesquisas a partir de
indicios sobre los que no cabe ningún viso de verosimilitud. Así, el
yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de un recurso presentado por su abogado Mario Pascual, cuestiona de nuevo el curso de la instrucción del caso Nóos
que desarrolla José Castro. Acusa al magistrado de decidir actuaciones
de manera prospectiva e indiscriminada, de convertir sus actuaciones
judiciales en un “a ver qué sale”. Rechaza que se pueda dar un proceso
de "inquisición general”.
La defensa del esposo de la infanta Cristina rebate la actuación del
magistrado porque, según cree, toma decisiones de investigación que
implican posibles “imputaciones difusas o imprecisas que degeneren en
una causa general o investigación indiscriminada contra una persona”. Un
juez no tiene, dice el duque de Palma, un cauce absoluto e ilimitado
para la indagación.
Urdangarin refuta con su escrito que se incorporen a la causa sus diez últimas declaraciones de la renta
(2002-2012) y las de su esposa. En todo caso exige que antes las
analicen el fiscal y la abogacía del Estado, partes que ejercen la
representación de la legalidad y los intereses generales, en especial
con supuestos de defraudación fiscal. Tanto el fiscal como el letrado
del Estado ahora coinciden, de manera parcial, con Urdangarin, en la
oposición a la imputación de la Infanta. El yerno del Rey señala,
además, que habrían prescrito penalmente los posibles delitos fiscales
de los ejercicios de 2002 a 2006 y que en 2012 aún no ha sido presentada
la declaración.
El esposo de la infanta soporta una acusación formal de tres posibles
delitos fiscales, dos por los impuestos de la renta de las personas
físicas y uno por el de sociedades, de los años 2007 y 2008. El abogado
Mario Pascual señala que los documentos de la renta de estos años
constan en la causa por tener abierta una inspección fiscal, señala.
La defensa del duque de Palma lamenta que, paulatinamente, el juez
ensanche la vía acusatoria contra su cliente, que se enfrenta a los
posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad
documental, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo de
capitales. En un anterior escrito de defensa ante la Audiencia de Palma,
el abogado señaló que solo era investigado por el uso de los dineros
públicos y que ninguna empresa de las que se relacionó con él y con Nóos
le denunció.
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