El fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas Javier Ródenas dirigió en
junio de 2012 unas jornadas jurídicas que estuvieron patrocinadas, entre
otros, por el empresario Miguel Ángel Ramírez, cuya petición de indulto
debía informar el representante del ministerio público. Ese mismo mes,
el fiscal Ródenas —el mismo que había solicitado y logrado la condena
firme del empresario a tres años y un día de cárcel por un delito
urbanístico— emitió un informe en el que pedía que la pena de prisión de
Ramírez quedara en suspenso hasta que el Consejo de Ministros se pronunciara acerca de la medida de gracia.
El curso estaba organizado por la librería especializada Juris
Vegueta. El fiscal Ródenas reconoce a EL PAÍS haber cobrado por dirigir
las jornadas: “Nosotros recibimos dinero por ponencia, pero lo recibimos
de Juris Vegueta, no sabemos ni nos interesa el dinero que ponen los
patrocinadores”. Y amplía: “Aunque supiera que lo patrocinaba este
empresario, lo hubiese dirigido, me da igual lo del patrocinador, tengo
tanta confianza en mi trabajo que me da igual quién lo patrocine: los
hechos indican que la influencia ha sido nula”, concluye.
El caso se retrotrae a 2010, cuando el Juzgado de lo Penal número 5
de Las Palmas condenó a Ramírez a tres años y un día de prisión,
inhabilitación para el ejercicio de la construcción, una multa de 60
euros diarios durante 24 meses y el derribo de un muro construido en su
finca, que tiene una extensión de más de 30.000 metros cuadrados, y que
invadía un terreno rústico.
Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial
la ratificó —con un voto particular que pedía la disminución de la
pena—. El tribunal argumentó que el condenado actuó de forma “dolosa,
sabiendo que la zona a construir era rústica”. Fue entonces, cuando la
sentencia era firme, cuando el empresario condenado solicitó un indulto
al Gobierno.
El fiscal Ródenas, que recuerda que el juicio a Ramírez fue “tenso e
histórico”, defiende la petición de suspensión de pena tras la solicitud
del indulto. Argumenta que hay circulares que indican que “en todos los
casos donde la pena de prisión no supere los tres años, es obligación
suspender la privación de libertad mientras se tramita el indulto cuando
el condenado no tiene antecedentes penales”. En este caso, la pena,
aunque sea por un solo día, es superior al límite que indican las
circulares de la Fiscalía.
Miguel Ángel Ramírez es el propietario de dos de las cuatro empresas
que patrocinaron el curso que el fiscal dirigió. Una de ellas, Ralons
Medio Ambiente, forma parte de la matriz que promovió la obra por la que
Ramírez fue condenado y que lleva el mismo nombre, Ralons S. A. Fuentes
del entorno de Ramírez aseguran que subvencionan distintas actividades
que hace Juris Vegueta y que este caso no fue una excepción.
El curso que dirigió Javier Ródenas, y que patrocinó Miguel Ángel
Ramírez, llevaba por nombre Medio Ambiente y Urbanismo. Y al mismo
asistieron, entre otros, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García
Panasco, y el fiscal de Sala de Medio Ambiente del Tribunal Supremo,
Antonio Vercher.
Javier Ródenas tiene 36 años y una gran proyección dentro de la
fiscalía de Las Palmas. Según distintas fuentes consultadas, es una
persona cercana al fiscal jefe, Guillermo García Panasco, que le ha
encomendado, entre otros asuntos, dar apoyo en una de las mayores
operaciones judiciales anticorrupción que hay en marcha en Canarias, el
caso Unión, que se investiga en Lanzarote. Además, preside la sección de
la Asociación de Fiscales (AF) en Canarias.
Miguel Ángel Ramírez es un empresario entrado en la cuarentena que ha
visto como en poco más de diez años sus negocios se han multiplicado.
Comenzó vendiendo fruta con familiares en diferentes barrios de Las
Palmas y de ahí ha pasado a tener una empresa de seguridad y una matriz,
Ralons, de la que cuelgan negocios que prestan servicios que van desde
la gestión de guarderías a la lavandería industrial o el medio ambiente.
Al margen de Ralons, es el propietario de Seguridad Integral Canaria,
una empresa que custodia desde los juzgados de Las Palmas hasta el Valle
de los Caídos o El Escorial. Según diferentes fuentes, aproximadamente
el 70% de las facturas que ingresan las empresas de Miguel Ángel Ramírez
dependen de la Administración.
Según Javier Ródenas, hay que “ver el cuadro completo: se trata de un
juicio en el que se ha logrado una pena de prisión por un delito
medioambiental, algo histórico, con un escrito de acusación que no deja
lugar a dudas”. Además, añade que diez días antes del juicio dirigió
otro curso organizado por la misma librería y que no tuvo ninguna
relación con el desarrollo del juicio. Aquel curso, según la web
oficial, no tenía entre sus patrocinadores a ninguna empresa de Ramírez.
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