No habrá auditoría externa sobre las cuentas del PP
en los años afectados por los papeles de Bárcenas, desde 1990 a 2008,
en contra de lo que anunció la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, cuando estalló el escándalo. No es falta de voluntad política, es que tal reto ha resultado imposible por varias razones.
Las tres consultoras de primer rango requeridas para esa tarea (KPMG,
Price Waterhouse y Deloitte) han rechazado asumirla. Su argumentación
es coincidente: no pueden auditar al PP porque sus cuentas ya están
fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, y, por lo tanto, su trabajo
sería interpretado como una revisión o cuestionamiento de la actuación
de tal organismo. Más que auditar al PP, se estaría auditando a dicho
tribunal. Y es lo último que pretenden aparentar las consultoras
citadas.
Por otro lado, hay un serio reparo legal a esa iniciativa, lanzada en
aras de mostrar la transparencia del partido: el Tribunal de Cuentas ya
aclaró el 1 de julio de 2011 de modo tajante que los organismos
públicos no podían acudir al uso de auditoras externas privadas para
revisar sus cuentas.
Esto ocurrió en plena alegría de iniciativas populares para demostrar
la crudeza de la herencia recibida en algunas administraciones
autonómicas y locales tras ganar el PP las elecciones del 22-M. Rajoy
había instado a sus barones a hacerlo, en la cita que mantuvo con ellos
el 1 de junio. “Tenemos que saber dónde estamos”, dijo. Pero un mes
después, el Tribunal de Cuentas aplacó su furor: ninguna entidad pública
puede ser fiscalizada por una auditora externa, salvo las sociedades
mercantiles.
Y recordó que la Administración ya posee dos organismos para
verificar el gasto: el Tribunal de Cuentas y la Intervención de
Hacienda. Para poder contratar una auditoría externa sería “necesario
demostrar la insuficiencia de medios para llevar a cabo las actuaciones
programadas”. Por tanto, antes de acudir al auditor privado habría que
cuestionar al organismo público.
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