Los bancos y las antiguas cajas reaccionaron este jueves con cautela ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España se
deben paralizar si un juez considera que existen cláusulas abusivas.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA) dijo que la sentencia europea constituye “una aportación en el
perfeccionamiento” de la legislación hipotecaria nacional. La CECA
expresó además su disposición a colaborar “lealmente” con el Gobierno y
los grupos parlamentarios en el diseño e implementación de las reformas
normativas que permitan una aplicación “razonable” de dicha sentencia.
Por último, recordó que sus asociadas ya han puesto en marcha programas
“para mitigar los efectos que las ejecuciones hipotecarias puedan
ocasionar a los colectivos más vulnerables”.
La Asociación Española de Banca (AEB)
fue mucho más escueta y críptica. Solo dijo que consideraba la
sentencia “razonable y constructiva”. En un comunicado, la patronal
bancaria añadió que “a partir de ahora, se trata de cumplir este
dictamen y de interpretarlo en la misma línea”. Está claro que considera
que existen riesgos en su aplicación.
Es habitual que, oficialmente, el sector no busque la confrontación,
pero, en privado, ejecutivos de algunas entidades manifestaron su temor a
que se instale “una cierta inseguridad jurídica si cada juez puede
decidir cuándo una cláusula es o no abusiva”. La AEB y la CECA serán las
responsables de negociar con el Gobierno y las fuerzas políticas para
concretar al máximo los detalles. El Congreso de los Diputados
ha ampliado hasta el 21 de marzo el plazo de admisión de enmiendas al
anteproyecto de ley de Deudores Hipotecarios y que se debatirá
paralelamente con la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la plataforma contra los desahucios.
El sector financiero teme el descrédito que sufrirá por esta
sentencia y que cada juez aplique un criterio diferente en las
hipotecas, lo que aumentará mucho la litigiosidad. “Lo mejor sería
definir una cantidad que se puede aplicar y eso se traslade a los
contratos. Esto permitiría que existiera seguridad jurídica para ambas
partes”, explican desde un gran banco. No obstante, son muchos los que
consideran que a partir de ahora se van a alargar los procedimientos
judiciales en caso de impago de hipotecas. Lo más positivo para el
sector es que “la dación en pago
no está en discusión. El Gobierno lo ha garantizado. Otra cosa será la
retroactividad o no de los que se consideren perjudicados por cláusulas
abusivas”, apuntan con temor en un banco que procede de una antigua
caja.
Concretar lo que es “abuso” no va a ser fácil. Un banquero recuerda
que el 13 de febrero se reunieron los jueces de la Audiencia Provincial
de Madrid para intentar determinar cuáles son los intereses de demora
que era razonable aplicar. Al final de la cita, no fueron capaces de
concretar una cifra exacta.
El Colegio de Registradores de la Propiedad aportó otra solución:
pidió ayer que funcionarios independientes a las entidades lleven “un
control preventivo” para detectar las cláusulas abusivas en las
hipotecas. Estos controles preventivos fueron eliminados con la reforma
de la Ley Hipotecaria de 2007, recuerdan.
Más de una entidad admite el error de haber llegado a esta situación
por un descontrol en el que cada banco exigía lo que creía conveniente,
convencido de que la ley estaba de su parte y llegaron los abusos. “No
cabe duda de que la sentencia va a reequilibrar la relación entre los
clientes y las entidades”, dice un alto ejecutivo.
La falta de reflejos del sector ha provocado que todas las mejoras en
la normativa hipotecaria hayan llegado tras la iniciativa de los
partidos, principalmente de ICV, de las asociaciones populares o del
Gobierno del PP.
El Ejecutivo anunció en enero, en el debate de la ley para la
protección a los deudores hipotecarios, las fronteras: “Los intereses de
demora se limitarán a tres veces el interés legal del dinero” y que “se
amplía de uno a tres el número de impagos que permiten iniciar el
procedimiento de reclamación de deudas”. También se permitirá que cuando
se ponga en marcha una ejecución hipotecaria, el juez pueda suavizar
las condiciones del cliente.
El sector financiero no se ha unido ni ha tomado la bandera de las
reformas de una ley que se quedó obsoleta y abusiva. Ahora sufrirá un
nuevo golpe a su ya devaluada reputación.
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