Marchan en España contra privatización de la Justicia

Madrid, 19 ene (PL) Miles de personas protestaron hoy en la capital española contra las reformas del sistema judicial impulsadas por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, a las que consideran un ataque brutal al Estado de derecho. Durante la marcha, que transcurrió entre la céntrica plaza de Cibeles y la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, los manifestantes corearon consignas en rechazo a la ley de tasas judiciales y la proyectada privatización del Registro Civil. El presidente del sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Francisco Lama, denunció que la política emprendida por el Gobierno está privando de derechos fundamentales a los ciudadanos, como es la tutela judicial efectiva. Los españoles tienen la impresión de que cada vez es más difícil acceder a la jurisprudencia, que se está deteriorando y lo más grave, que hay diferentes castas sociales y varas de medir, indicó Lama. Primero fueron a por la educación, luego a por la sanidad y ahora toca la Justicia, señaló el dirigente del CIS-F, en alusión a los severos recortes del gasto en los servicios públicos decretados por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) para reducir el déficit fiscal. Esta protesta es en defensa del mantenimiento del servicio público de la Justicia, enfatizó Lama, quien anticipó que los sindicatos representativos del sector continuarán sus movilizaciones. En la misma línea, Javier Hernández, de Comisiones Obreras, aseguró que a esa organización sindical no le va a temblar el pulso a la hora de convocar una huelga si fuera necesario. A juicio de Hernández, el Gobierno, con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la cabeza, pretende convertir en un negocio el servicio público de la Justicia con una política intolerable que, subrayó, no se ha producido jamás en la historia de España. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Vicente Navarro, también denunció que las leyes adoptadas de manera unilateral por el PP supondrán una limitación de derechos fundamentales a toda la ciudadanía. Una encuesta difundida en noviembre último por el Consejo General de la Abogacía Española indicó que el 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia. Para las asociaciones profesionales, esos aranceles sólo beneficiarán a empresas, bancos y grandes patrimonios, que podrán abonarlos, mientras que perjudicarán a las clases medias y trabajadoras. En opinión de la coalición Izquierda Unida (IU), las tasas judiciales se enmarcan en el avance de los procesos privatizadores emprendidos por Rajoy y representan un salto cualitativo en el desmantelamiento de los servicios públicos, incluida la justicia. Estas nuevas tasas afectan a algo tan elemental como la tutela judicial efectiva y la justicia universal y convierten en papel mojado el derecho de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano ante las administraciones públicas, precisó IU.