Ecuador ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo por su legislación en materia de ejecuciones
hipotecarias. Así lo ha explicado esta mañana el Defensor del Pueblo de
Ecuador, Ramiro Rivadeneira, en rueda de prensa. Considera que España
vulnera el "derecho a la justicia" de sus nacionales afincados en España
y pretende que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las
autoridades ecuatorianas calculan que alrededor de 15.000 ciudadanos
ecuatorianos están afectados por desahucios e hipotecas.
El Defensor del Pueblo, que ha estado acompañado por la
ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero, se ha
centrado en el caso de Luis Solórzano, un ecuatoriano residente en
España desde 1999 que, después de quedarse sin trabajo en 2008, se vio
incapaz de hacer frente a su hipoteca. En ese momento, el banco con el
que había contratado (Lloyds Bank) le impuso unos intereses de demora
del 14%. "Se trataba de una vivienda de protección oficial "cuyo valor
de tasación máximo legal es de 53.143 euros", ha afirmado Rivadeneira.
Solórzano contrató un préstamo por valor de 173.000 euros, un 325%
mayor al valor de tasación. A este trabajador de la construcción en paro
le negaron en varias ocasiones la dación en pago,
es decir, que se condonara su deuda con la entrega de su casa a la
entidad bancaria. Después de agotar las vías legales en España, y tras
recurrir a la embajada de Ecuador, el Defensor del Pueblo decidió
impulsar su demanda en instancias europeas. Espera que siente un
precedente y que sirva para proteger a los ciudadanos.
Mientras tanto, Fidel Paladines, de 48 años, se revolvía inquieto en
la silla. No había querido perderse la cita. Lleva "tres meses y dos
días" durmiendo en la plaza de Celenque de Madrid para exigir que un banco negocie una solución para 50 familias amenazadas de desalojo por el impago de sus créditos.
Paladines escuchaba atento el discurso de Rivadeneira. El
Defensor del Pueblo ecuatoriano ha insistido en que el problema de la
legislación española en materia hipotecaria reside en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, "que no permite que las partes expongan su
situación ante el juez y expliquen las circunstancias que los han
llevado al impago, sino que la ejecución se realiza de manera
automática". Por ello, instan al tribunal europeo a que modifique la
normativa en este aspecto. A Rivadeneira no le consta que "ningún otro
país haya demandado a España ante la Unión Europea".
La embajada de Ecuador ha asesorado a unos 6.000 ciudadanos
ecuatorianos residentes en España afectados por las hipotecas y los
desahucios. Esta es la razón por la que Paladines y su mujer
decidieron acudir a la cita. Después de que los periodistas formularan
sus preguntas, él ha tomado la palabra. Con la voz entrecortada, se
excusaba ante los allí presentes: "Me pongo muy nervioso". También él
trabajaba en la construcción. Y también se quedó en paro. En 2006
compraron su casa y comenzaron pagando una hipoteca de algo más de 800
euros, ha explicado María Sarango, su mujer, que tiene 52 años. "En ese
momento podíamos afrontarla. Nos aseguraron, aunque no por escrito, que
nunca subiría de 900 euros, pero llegamos a tener que pagar hasta
1.400". Han dejado de pagar el crédito. Los 426 euros del Plan Prepara
que cobra Paladines y los 250 euros del sueldo de su esposa les dan para
pagar el alquiler de una habitación, donde viven la mujer y sus dos
hijas, de 10 y 20 años, ambas estudiantes. Él acampa. "Menos mal que
Cáritas nos ayuda", apostilla. Reclaman la dación en pago.
Cuando Paladines ha terminadp de hablar, el Defensor del Pueblo
ecuatoriano le ha agradecido su intervención. "Nada más", se quejaba el
matrimonio. "Hay que denunciar por la vía civil", le ha dicho el hombre a
su mujer. "Esa posibilidad hay que estudiarla mucho", ha replicado
ella. A pesar de sus dudas y del mal sabor de boca que ambos tenían
después de la escueta respuesta de Rivadeneira, ambos se alegran de la
demanda presentada ante Estrasburgo. Quizás así comiencen a arreglarse
las cosas.
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