El Congreso español aprobó ayer la Ley de Sostenibilidad Energética, destinada a reducir el déficit tarifario del Estado español y que salvo un giro inesperado acabará con la central nuclear de Garoña. Nuclenor, propietaria de la planta, recalcó ayer que la gestión de la central burgalesa es «inviable». Dice que mantener la infraestructura abierta hasta el próximo 6 de julio, cuando está previsto su cierre definitivo, le supondría perder cerca de 96 millones de euros.
A partir del
próximo 1 de enero la gestión de la central nuclear de Garoña será
«inviable». Así lo sostiene la empresa propietaria de la planta
burgalesa, que ayer por la mañana lanzó su último órdago al Gobierno
español del PP. Sin embargo, el mensaje de Nuclenor, que volvió a
vincular la continuidad de la planta burgalesa a una reforma profunda de
la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no hizo
cambiar de opinión al grupo parlamentario del PP, que excluyó de la
normativa las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear
gastado y residuos radioactivos y sacó adelante el proyecto en los
términos previstos.
La inclusión de las citadas enmiendas en la
ley eran una exigencia de la empresa propietaria de la planta, que había
ligado el futuro de la central nuclear a una posible exención fiscal en
el ámbito nuclear. En una nota publicada horas antes de la votación de
la norma, Nuclenor subrayó que la aprobación de la nueva ley le
ocasionaría «importantes pérdidas» a la sociedad mercantil,
coparticipada por Iberdrola y Endesa.
Según explicó la empresa
propietaria de la planta, las tasas nucleares recogidas en la Ley de
Sostenibilidad Energética, presentada el pasado mes de setiembre por el
ministro español de Industria, Energía y Comercio, José Manuel Soria, le
supondrían un «extracoste» de 16 euros por cada megavatio/hora
producido. Este coste añadido conllevaría un incremento del 27% sobre el
coste medio de generación de electricidad.
Además, Nuclenor
detalló que, en el caso de mantener operativa la central de Garoña hasta
el 6 de julio de 2013 (cuando finaliza el permiso concedido en 2009 por
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), la empresa tendría que
abonar al Estado español un impuesto del 7% por la generación eléctrica.
Dicho porcentaje se traduce en 7,4 millones de euros.
Añade que a
esta cantidad se le deben sumar los impuestos vinculados a la
extracción del combustible nuclear. En este sentido, la mercantil afirmó
que la aplicación de una tasa de 2.190 euros a cada kilogramo de uranio
implica el desembolso de 153 ,2 millones de euros. Una cantidad que se
ve incrementada por las tasas sobre la generación de residuos de baja y
media actividad, ya que a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor
la nueva ley, la gestión de este tipo de residuos conllevará un coste de
400.000 euros.
La suma de las tasas anteriormente citadas
supondría un coste de 161 millones de euros para Nuclenor. Una cantidad
equivalente a 1,5 veces los ingresos previstos por la venta de energía
en el año 2013, que la empresa eléctrica no está dispuesta a asumir. «La
aplicación de los nuevos impuestos deja a Nuclenor fuera del mercado y
obliga al cierre anticipado de la planta en 2012», concluye.
En
cuanto al lucro cesante, relacionado con la pérdida de una perspectiva
cierta de beneficio, la eléctrica, que en 2009 solicitó ante la
Audiencia Nacional española el pago de 385,6 millones de euros por el
cierre de la planta tomando como escenario la explotación de la misma
hasta el año 2019, explicó que el impacto total de los nuevos impuestos
ascendería a 374 millones de euros.
«Si a esta cantidad le
sumamos las inversiones relacionadas con las pruebas de resistencia y
las modificaciones desde 2009 de los precios de mercado [...], se
alcanzaría un extracoste aproximado de 480 millones euros», destacó.
«El
mantenimiento de la operación de la central de Garoña conduciría a una
perdida de unos 96 millones de euros, lo que hace inviable
económicamente el mantenimiento de su operación», concluyó la empresa,
que el pasado domingo extrajo el combustible nuclear sin detallar el
futuro de la planta. Parece probable que no vuelva a operar.
Posible expediente de Industria
Ante
esta situación, José Manuel Soria aprovechó su comparecencia en un
desayuno informativo para anunciar que el Ministerio de Industria abrirá
un procedimiento contra Nuclenor si finalmente cierra la planta antes
de finalizar el año 2012, seis meses antes de lo previsto.
Tras
señalar que «no se puede cerrar gratuitamente seis meses antes», el
ministro anunció que el Gobierno español no sancionará a la empresa,
pero sí iniciará un procedimiento para conocer las causas del cese.
A
su vez, Soria defendió la Ley de Sostenibilidad Energética por sus
«fines recaudatorios». En concreto, expuso que la norma nace para
ingresar cerca de 3.000 millones de euros con los que subsanar el
déficit tarifario del Estado español.
En alusión al argumento
económico utilizado por Nuclenor para justificar el cierre anticipado de
la planta, el titular de Industria afirmó que la propia central habló
de un lucro cesante de 395 millones si no seguía operando hasta el 2019.
«Por tanto, descontados los 120 millones de euros de inversión para
adaptarse a los requisitos impuestos después de Fukushima y los 153
millones de la nueva tasa, aún le quedan 125 millones de euros», subrayó
el ministro español.
El PP impone la reforma energética que subirá la luz
La
mayoría absoluta del PP en el Congreso español fue suficiente para
sacar adelante la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética, que además del efecto sobre Garoña tiene otra afección
general: podría suponer un incremento en la factura de la luz debido a
su intención de gravar a las empresas eléctricas y atajar lo que el
Ejecutivo de Mariano Rajoy denomina «déficit tarifario». Así las cosas,
todos los grupos de la oposición censuraron la falta de diálogo
evidenciada por el Gobierno español, que impone su iniciativa sin contar
con las propuestas del resto de formaciones.
Maite Arístegi,
diputada de Amaiur, consideró «hipócrita» el hecho de creer que «el
problema de la crisis energética se resolverá pensando y actuando del
mismo modo que cuando se creó». En este sentido, censuró el plan del
Ejecutivo del PP por «recaudatorio y cortoplacista» y le instó a
«cambiar radicalmente el modelo hacia otro más eficiente y sostenible,
económica pero también ambientalmente». Además, defendió ante la Cámara
legislativa la necesidad de un modelo «soberano» para los siete
herrialdes que forman Euskal Herria.
Finalmente, el voto
contrario de los diputados del PP excluyó del proyecto las enmiendas
relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuo
radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, así como la
que precisaba la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos
gravámenes energéticos con los gobiernos de Lakua e Iruñea, algo que
había sido criticado tanto desde las filas del PNV como desde las de
UPN.
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