El Gobierno da un paso más en su reforma para ceder cotas del modelo
sanitario público gratuito y universal. El Ministerio de Sanidad acordó
ayer con las comunidades dar luz verde al copago
para las ambulancias para el transporte no urgente, las prótesis —como
sillas de ruedas o muletas— y para los productos dietoterápicos, único
alimento posible para muchos enfermos.
Tras las críticas de asociaciones de pacientes y de algunas
comunidades autónomas —algunas del Partido Popular, como Castilla y León
o Murcia—, el departamento de Ana Mato
aceptó finalmente reducir la aportación para los enfermos crónicos que
precisen tratamiento durante más de seis meses. Estos pagarán un máximo
de entre seis y 60 euros al año, en función de su renta, en lugar de los
5 euros por traslado que marca la nueva regulación.
Sanidad propuso, además, a las comunidades limitar a cinco las
enfermedades estudiadas en las pruebas del talón y acotar los requisitos
de las personas que se sometan a tratamientos de reproducción asistida,
como primeras líneas de la cartera básica de servicios que el Gobierno
pretende establecer. Unas líneas complicadas que las autonomías
analizarán durante dos meses.

La polémica medida ha suscitado las críticas de los expertos y de las
asociaciones de pacientes, que alertan del riesgo que supone que
algunos enfermos no puedan costearse el traslado —solo están exentos
aquellos a los que por renta no les afecte el copago farmacéutico—.
Sanidad y las comunidades han estudiado una propuesta de la Asociación
de Enfermos Renales Alcer para que aquellos enfermos crónicos que
precisen tratamiento durante más de seis meses paguen un máximo de 60
euros al año, en función de su renta —algo que Sanidad y algunas
autonomías definen como “simbólico”—. La medida, no obstante, no
satisface a las autonomías de la oposición, que han exigido la retirada
total de estos copagos. “El Gobierno no tiene un modelo claro de lo que
pretende hacer con el transporte no urgente. Y en esto y en todo parece
que ha descubierto el copago como única solución, una medida que
perjudica a los ciudadanos más vulnerables y enfermos”, criticó el
consejero asturiano, Faustino Blanco.
Un argumento que también sacó a relucir la consejera de Salud de
Andalucía, María Jesús Montero: “Un enfermo de cáncer de esófago, por
ejemplo, puede estar obligado a pagar unos 50 euros al mes entre el
transporte y los dietoterápicos”. Algo “intolerable”, dijo.
Los pacientes que precisen alimentarse de estos productos deberán
pagar un 10% de los envases, con un máximo de un euro por producto. Y el
copago afectará también a los preparados de prescripción hospitalaria.
Sanidad, sin embargo, no ve en absoluto injustas las medidas. Tampoco
el consejero de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del PP, José
Ignacio Echániz — “justicia social en términos de renta”, las definió—
entiende que sean contraproducentes porque expulsen del sistema a
personas que necesitan tratamiento. “Son necesarias. Lo irresponsable
ahora mismo es no hacer reformas”, dijo tras la reunión con la ministra
Mato.
También esta habló de la necesidad imperiosa de hacer reformas, y
anunció que su departamento estudia ahora de nuevo los límites del
copago, incluido el farmacéutico en el escalón que va de 18.000 a
100.000 euros; un escalón demasiado amplio, según muchos.
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