Algunas de las acusaciones más graves sobre la corrupción de políticos de CiU que se detallan en informes policiales anónimos distribuidos a distintos medios de comunicación,
y que no han sido confirmadas por ninguna investigación judicial,
tienen como fuente de información a confidentes que se declaran contra
la independencia de Cataluña y que se sienten españoles.
Así lo escriben los policías que elaboraron, entre septiembre y
octubre de este año, cinco informes anónimos sobre el análisis de
situación del caso Palau,
la trama de corrupción descubierta en la institución cultural donde
están imputados dos extesoreros de Convergència y que ha destapado el
supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de
obras por parte del Gobierno de CiU.
Los informes policiales anónimos acabaron publicados en dos periódicos (El Mundo y La Gaceta) en plena campaña electoral catalana, donde se dirimía si Artur Mas,
presidente de la Generalitat de Cataluña, podría lograr la mayoría
sólida que reclamaba al electorado para emprender el proceso
independentista.
En el informe fechado el 10 de septiembre de 2012 se da cuenta de una
serie de confidencias sobre conductas delictivas que hacen
sindicalistas de los Mossos “que se sienten catalanes, pero también
españoles”, según detalla el documento.
Estos supuestos sindicalistas de los Mossos contaron a los policías
que sus jefes políticos estaban inmersos en distintos casos de grave
corrupción, de los que tenían pruebas que supuestamente aportarían si la
causa judicial pasara de Cataluña a Madrid.
Según otra “fuente muy solvente de CiU”, señalan los informes
anónimos, “que no quiere la independencia aunque se siente
nacionalista”, el expresidente Jordi Pujol convocó una reunión para fijar la estrategia con la que pretendía detener la investigación del caso Palau.
Los análisis de los policías anónimos entran en contradicciones
respecto a este asunto en la misma página del informe. Cuando están
informando sobre las estrategias para evitar la investigación del caso Palau,
citando a fuentes de la propia CiU, señalan que el Gobierno catalán
pagó subvenciones millonarias a una fundación en la que estaba el juez
encargado del caso Palau, para de esta manera intentar desactivarlo.
La cabeza de Puig
Sin embargo, dos párrafos después, se señala que el expresidente Jordi Pujol “pidió la cabeza de Puig [consejero de Interior del Gobierno catalán]”
al enterarse de que el juez había pedido colaboración para investigar
el caso a la “policía española”. El juez y el fiscal del caso
entendieron que para seguir el rastro de decenas de cheques por
sucursales bancarias de toda España era conveniente asignarle la
investigación de una unidad policial nacional, y por eso le encargó el
trabajo a la UDEF.
Cuando los policías anónimos detallan, en función de nuevas
confidencias, que los dirigentes del Gobierno catalán han cobrado
comisiones ilegales de “casi todos los laboratorios farmacéuticos”,
aclaran: “Menos los Gallardo, que se sienten españoles”.
La difusión de estos informes y otros parecidos que, según sus
propios autores, no han llegado a ninguna autoridad judicial porque
alguien “los ha hecho desaparecer”, no ha provocado de momento ninguna
reacción en el Ministerio del Interior, departamento dentro del cual se
están elaborando esos trabajos.
Portavoces del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó,
aseguraron ayer a este periódico que ambos dirigentes declinaban
pronunciarse sobre los informes anónimos mientras duren las
investigaciones internas y hasta que vayan al Congreso.
El Ministerio del Interior abrió una investigación hace casi dos
meses para averiguar la procedencia de otro informe anónimo, este con
membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pero sin firma,
que sugería la existencia de cuentas en Suiza a nombre de Artur Mas.
La Unidad de Asuntos Internos aún no ha encontrado al autor o autores
de ese informe. El jefe de la UDEF, el departamento cuyo membrete
aparecía en el documento, declaró al juez del caso Palau que el texto no lo había elaborado ningún agente de su unidad.
Pese a ello, Asuntos Internos intentó justificar el contenido del
informe en investigaciones preliminares y en datos incluidos en el
sumario abierto del caso.
El jefe policial de Asuntos Internos protagonizó uno de los episodios
más irregulares de todo este proceso cuando visitó en Barcelona al
fiscal anticorrupción del caso Palau para pedirle que le encomendara la
investigación de la trama y sugerirle que debía apoyar una orden de
registro de la sede de Convergència y otra del domicilio del extesorero
de este partido.
El fiscal anticorrupción se negó a apoyar esas solicitudes por
encontrarlas improcedentes y sin base alguna para actuar. El jefe de
Asuntos Internos, encargado de investigar casos de corrupción policial,
no política, visitó al fiscal anticorrupción catalán en vísperas del
comienzo de la campaña electoral en Cataluña. Lo hizo seis meses después
de que la UDEF entregase los últimos trabajos que le habían pedido los
responsables de la instrucción del caso Palau y sin llevar a la
reunión ni un solo indicio o prueba nueva para abrir otras vías de
investigación. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce,
consideró “irregular” esa petición.
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