El Real Decreto-Ley
del Gobierno para 'paliar' las consecuencias de los desahucios de las
familias "más vulnerables" prevé la promoción de un fondo de viviendas
de alquiler "asumible". Exactamente, ¿qué dice al respecto la nueva norma?
En su disposición adicional única, el texto afirma
que "se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la
constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades
de crédito". No se especifica plazo alguno, y tampoco queda concretado a qué entidades del sector financiero se refiere.
Continúa dicha disposición y concreta que esas viviendas estarán
"destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido
desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo
hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en
el artículo 1 del presente Real Decreto-Ley".
Esas condiciones impuestas de dicho artículo se pueden resumir en una serie de requisitos económicos previos,
que son no cobrar más de 3 veces el nivel de renta del IPREM -Indicador
Público de Renta de Efectos Públicos, 1.597 euros mensuales, es decir,
19.164 euros anuales-, que la cuota hipotecaria resulte superior al 50%
de los ingresos netos de la familia, que ésta haya sufrido "una
alteración significativa de sus circunstancias económicas" en los
últimos cuatro años, y que la hipoteca en cuestión "sea sobre la única
vivienda en propiedad del deudor" y sólo para su adquisición.
Y además han de concurrir al menos una de estas circusntancias: ser
familia numerosa, o que haya al menos un hijo menor de tres años , ser
familia monoparental con dos hijos a su cargo, tener a cargo un
dependiente o alguien con discapacidad superior al 33%, que el deudor
esté en paro y sin prestación alguna, o que en la vivienda exista una
víctima de violencia de género.
Aún sin concretar
El fondo social de viviendas al que se refiere el Real Decreto
"tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de
arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que
perciban". No se concretan medidas para obligar a las entidades
bancarias a poner a disposición de este fondo una cantidad determinada
de viviendas, sino que "incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero", dicho fondo de viviendas.
En su exposición de motivos, el Gobierno afirma que "este fondo debiera movilizar
un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito,
en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda
en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos".
Es destacable que la previsión de este 'fondo social de viviendas' aparezca como disposición adicional y no dentro del articulado
de este Real Decreto-Ley. Hay que tener en cuenta que las disposiciones
adicionales suelen incluirse en los textos normativos para regular
regímenes jurídicos especiales, excepciones, mandatos que no impliquen la producción de normas jurídicas y otros preceptos residuales.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esa 'bolsa de pisos' para alquilar se nutrirá de los inmuebles adjudicados por impagos propiedad de la banca, muchos ahora en manos del FROB.
A pesar de la indefinición de la medida, los bancos ya se han apresurado a quejarse. En opinión de la Asociación Española de Banca (AEB) cree que el coste de las medidas recaerá "exclusivamente" en el sector.
El artículo 2 del Real Decreto-Ley establece una lista de documentación que tienen que presentar
quienes quieran acogerse a las medidas previstas contra los desahucios.
Algunos creen que puede abrirse una oportunidad para todo aquel que, al
menos, quiera retrasar la ejecución del lanzamiento.
Según el abogado Carlos S. Almeida,
"si se promueve una presentación masiva de documentación, todos los
desahucios deben paralizarse mientras se estudia por el juez si se
cumplen o no los requisitos". "Hasta ahora", afirma el abogabo, "el
procedimiento era sumarísimo".
Así, invita a todos aquellos amenazados por un desahucio inminente a
que inunden de peticiones con toda la documentación requerida, aunque no
se reúnan los requisitos. "Hay que intentarlo", comenta, "En muchos
casos solo se ganarán unos meses, pero son meses de invierno vitales
para muchas familias".
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