En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal solo en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.
En todo el mundo, 144 países ya legalizaron el aborto, mientras que
17 todavía no lo hicieron. Más allá de diferencias locales, en todos
ellos se considera prioritaria la vida de la mujer por sobre la del
fruto de su embarazo. El aborto es legal en casi toda Europa.
Latinoamérica es la región “más atrasada” al respecto.
La iniciativa, que despenaliza la interrupción del embarazo durante
las primeras 12 semanas de gestación y cumpliendo ciertas condiciones
previas, fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16
legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador
Jorge Saravia, exintegrante del FA y que actualmente milita en el
opositor Partido Nacional.
“Es un día histórico para el Uruguay”, dijo la senadora oficialista
Constanza Moreira, indicando que ahora hay que hacer una campaña para
que las mujeres conozcan este derecho.
El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara
de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en
contra, por lo que ahora solo resta que sea promulgado por el Poder
Ejecutivo.
El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha
dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena
de proyectos de legalización del aborto desde 1978.
El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la
interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces
presidente Tabaré Vázquez -el primero de izquierda en el país- alegando
“principios éticos”.
En cambio, su sucesor José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa.
El proyecto aprobado el miércoles -que implicó una negociación con el
Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la cámara de
Diputados- prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer
que quiera hacerlo se entrevista con un equipo interdisciplinario que le
informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a
la maternidad y los de adopción.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique
un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones
incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto
de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación.
Si la mujer no cumple con los trámites y se realiza un aborto podrá
ser penalizada según los términos de una ley vigente desde 1938, que
pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que permita la
práctica y con seis a 24 meses a quien colabore con el acto abortivo.
Frustración y temas pendientes
El debate enfrentó a quienes defendieron el derecho del embrión con
quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la
ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que
consienta un aborto y a quien colabore con el mismo.
“Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en
Uruguay”, dijo el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que “la
sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta”.
“Solo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay terminan en procesamientos”, enfatizó el legislador.
Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son
difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no
gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran
más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.
Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado,
cuestionó que “esta es una mala solución a un problema médico social que
tiene este país”, indicando que instaura un sistema “complejo y
dificultoso” y que acceder a una entrevista con un equipo
multidisciplinario será “prácticamente imposible” en gran parte del
interior del país.
A su vez, horas después de la aprobación el diputado nacionalista,
Pablo Abdala, anunció a una radio local que el jueves junto a otros
legisladores de su partido lanzará una campaña que buscará firmas para
alcanzar un referéndum que permita derogar la ley aprobada.
El texto finalmente aprobado ha sido cuestionado tanto por los grupos
“ProVida” como por la Coordinadora por el Aborto Legal, quienes dicen
que no garantiza a la mujer a decidir libremente.
La sociedad civil que encabezó una “larga lucha por lograr la
autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo hoy siente un cierto
grado de insatisfacción”, admitió la senadora oficialista Mónica Xavier,
redactora de dos proyectos anteriores que quedaron por el camino.
María José Scaniello, integrante de CLADEM-Uruguay, red feminista que
defiende los derechos de la mujer, dijo a la AFP que tiene
“sentimientos contradictorios” pero que es “un avance muy grande en el
acceso de las mujeres a un aborto seguro”.
En tanto, desde el movimiento “Provida”, Sofía Reyes aseguró que “con
ley o sin ley el trabajo va a seguir siendo apoyar a la madre para que
pueda tener ese bebé”.
La organización Médicos del Mundo consideró que la norma es “un
antecedente positivo” para el reconocimiento de los derechos de las
mujeres en la región.
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