Reclaman la nacionalidad española, pero no reciben respuesta. Más de
430.000 personas residentes en España aguardan desde hace años una
contestación del Ministerio de Justicia
a su petición de nacionalidad. El atraso acumulado es de unos cuatro
años y en el caso de las peticiones más complejas se alarga a siete.
Cada mes 10.000 nuevos expedientes se acumulan en gigantescas torres de
documentos. Ciudadanos residentes en España de Marruecos, Ecuador,
Colombia y Perú encabezan la estadística de atrasos.
Detrás de cada expediente hay una persona y en muchos casos una
familia pendiente de una respuesta que puede cambiar sus vidas: acceder a
un puesto de trabajo, tener derecho al voto o viajar con un pasaporte
español sin restricciones. Derechos fundamentales que no llegan porque
la tramitación de las solicitudes ha quedado obsoleta. “Nos preocupa el
atraso por lo trascendental que es para estas personas que les demos una
respuesta a la que tienen derecho”, asegura Joaquín Rodríguez, director
de los Registros y Notariado, el organismo del Ministerio de Justicia
encargado de su tramitación.
Durante dos meses camiones custodiados por un dispositivo de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía
han trasladado 430.000 expedientes de nacionalización desde los sótanos
de la Dirección General de Registros y Notariado, en el número 6 de la
madrileña calle de Jacinto Benavente, hasta una planta de 1.800 metros
cuadrados en el moderno complejo donde se aloja el Colegio de
Registradores de España. Un edificio que costó 135 millones de euros. El
traslado obedece a un plan de choque del Ministerio de Justicia, con la colaboración de mil registradores, para desbloquear el atasco.
Frente a 300 palés donde descansan las 420.000 solicitudes de
nacionalización (otras 10.000 continúan en los sótanos de la calle
Jacinto Benavente) un equipo de 60 personas trabaja contra reloj en el
centro de digitalización al que se accede mediante un sistema de
reconocimiento de huella. “Son expedientes confidenciales, tienen unos
40 folios y muchos vienen en documentos lacrados, con cintas,
escarapelas y sellos que hay que liberar. Se invierte en cada uno unas
tres horas y envían al servidor del Colegio como documento electrónico
firmado”, explica el registrador de la propiedad encargado del proyecto.
Esta semana se habían digitalizado 206.000 y la encomienda entre
Justicia y los 1.000 registradores que participan en el convenio sin
cobrar concluye el 31 de diciembre. “No estábamos preparados para el
aluvión de peticiones de los últimos años y los expedientes guardados en
estos archivos son trascendentales. En cada uno de ellos hay una
historia personal o familiar”, explica el registrador. Alfonso Candau,
decano del Colegio de Registradores de España resume así su tarea:
“Nuestro trabajo es burocrático y masivo. Comprobamos que el expediente
reúne los requisitos, que la documentación está completa y hacemos una
propuesta. La decisión final es de Justicia. No hay margen de
discrecionalidad”. Los registradores trabajan conectados con 17 centros
(Policía, Guardia Civil, Registro Civil, consulados etc.). “No movemos
un solo papel. Se trata de que no haya una actividad presencial”, dice
Candau.
Aunque un portavoz de Interior afirma que existe un “patrón” sobre
las preguntas que la policía hace a los solicitantes para elaborar un
informe sobre su arraigo en España, varias personas consultadas aseguran
haber tenido que contestar a preguntas como estas: “¿Quién gobierna
mejor, el PP o el PSOE? ¿Da más trabajo la izquierda o la derecha?”.
También se someten a una entrevista con el juez del Registro Civil donde
presentan su solicitud.
Joaquín Rodríguez, director de los Registros y Notariado, reconoce la
inconveniencia de algunas preguntas. “Queremos ir a un sistema objetivo
y único de entrevistas. Evitar que las preguntas sean distintas en cada
caso, que se pregunte sobre lo que se les ocurre en cada juzgado. En
otros países hay catálogo o libros que el solicitante puede estudiar.
Está bien claro lo que se debe saber para acceder a la nacionalidad. En
Noruega te exigen saber noruego. En Alemania se sabe lo que te pueden
preguntar. Todo tiene que ser más organizado”.
Justicia quiere responder a los 430.000 solicitantes antes de
Navidad. “Los registradores nos enviarán su propuesta y nosotros
resolveremos. Mover el papel como hacíamos antes era una locura”, dice
el director. Mediante el nuevo sistema se notificará telemáticamente la
resolución al Registro Civil y este comunicará al peticionario que
dispone de 180 días para jurar o prometer acatar la Constitución y al
Rey.
El Código Civil establece que los ciudadanos de países
hispanoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial
pueden conservar su nacionalidad. El resto está obligado a renunciar.
“El esfuerzo es enorme, pero nos hemos comprometido a acabar con este
monumental atasco”, asegura Rodríguez.
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