El Gobierno sigue adelante con su política de austeridad, pero cada vez con más oposición de la sociedad civil. Hasta 20 organizaciones no gubernamentales se han unido en una iniciativa sin precedentes para denunciar este lunes ante la mismísima ONU los recortes sociales que está llevando a cabo el Ejecutivo.
Estos colectivos denunciarán en Ginebra que "en España no se protegen los derechos sociales" y se aplican "medidas regresivas y discriminatorias", como el reciente paquete de ahorro sanitario.
Este lunes y martes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas examina a España para analizar su grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nuestro país ratificó en 1977. La última vez que el Estado español rindió cuentas ante este Comité fue en 2004.
Las ONG se han presentado en esta especie de juicio a las políticas sociales españolas como si fueran la acusación particular. El Defensor del Pueblo también irá a Ginebra, pero como si fuera un testigo. El Comité emitirá el próximo día 20 sus recomendaciones, que no son vinculantes, pero sí dejan en evidencia al Estado español, que, según fuentes jurídicas, suele tener en cuenta las consideraciones de la ONU.
La queja la ponen colectivos de distinta condición. Hay ONG como Médicos del Mundo, Save the Children, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España o la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero también hay colectivos LGTB, como la Fundación Triángulo; asociaciones ciudadanas, como la Fundación Secretariado Gitano, o federaciones de pacientes, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Estos colectivos han aportado dos informes alternativos al documento de defensa gubernamental en los que se pone de manifiesto que España está entre los países de la UE que destinan una menor proporción de sus ingresos al gasto público social o que se encuentra casi el último de la lista (por debajo de Rumanía) en ayudas a las familias.
Las medidas de austeridad fiscal, según denuncian las ONG, "no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales", informa Efe.
Asimismo, destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%".
Amnistía Internacional ve en un informe "con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud".
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