Al borde del estallido social

Jorge Alcázar González. / Colectivo Prometeo

Según un estudio realizado por ManPower y capitaneado por el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver (basado en los datos del INE), el 49’3 % de los parados actuales en España son de larga duración. En términos absolutos, el número de parados de larga duración ha pasado de 500.000 a 2,400.000 en lo que va de 2007 al tercer trimestre de este año 2011. Y lo más probable, según recoge el estudio, es que esta situación se siga acentuando en los próximos años.

De este porcentaje, el 25 % son parados de largísimo duración (dos ó más años buscando empleo), el 53 % son referencia del hogar o cabezas de familia, y ya el nivel de estudios tampoco sirve como antídoto al desempleo, pues el colectivo formado por personas con un nivel superior de estudios que se encuentran en situación de desempleo pasó, del 8’5 % antes de la crisis al 10’9 % en la actualidad.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto la crítica situación que se está viviendo en el seno de muchas familias cuyas prestaciones sociales han finalizado o están al final de las mismas.

El escenario que se plantea en un futuro inmediato es dantesco. Casi dos millones y medio de personas están a las puertas de la beneficencia, la caridad y la solidaridad familiar o vecinal.

Pero la cosa no queda aquí. Como parte de la solución ante esta realidad se plantea la necesidad urgente de una reforma laboral –unida a la aprobada en la anterior legislatura- que posibilite la creación de empleo y haga disminuir estos números inaceptables, que nos sitúan cerca del colapso y el estallido social.

Las directrices que regirán estas reformas, sin marcarse de forma clara, han ido tomando forma paulatinamente hasta convertirse en medidas concretas: desregulación del empleo, eliminación de los convenios y la negociación colectiva, despido libre durante el primer año de contratación, bajada de sueldos, aumento de la jornada laboral, “minicontratos” con “minisueldos” para jóvenes, aumento de la duración de los contratos en prácticas sin condiciones de contrapartida para el empresario, etc.

Los argumentos a favor de dichas medidas esgrimidos por Patronal, UE, instituciones financieras y Gobierno, pasan por el razonamiento de que de esta manera se flexibiliza el mercado laboral permitiendo así un mayor flujo que permita a empresarios y trabajadores, bajo unas condiciones “favorables”, establecer relaciones que, tal como está planteado actualmente, serían imposibles de asumir.

Lo que se obvia, de forma intencionada o no, es que la perdida de poder adquisitivo y derechos laborales –como se indica más abajo- por parte de las clases trabajadoras, necesariamente llevará acarreado un menor consumo y, por tanto, una menor demanda.

Todas estas medidas contempladas anteriormente no sólo son dudosas a la hora de crear empleo sino que, por el camino, derrumban toda cobertura legal y amparo por parte del trabajador. Eliminan de un plumazo derechos adquiridos durante siglos so pretexto de mejorar la competitividad y la productividad.

Aún admitiendo que estas medidas generaran empleo, ¿a qué precio?, ¿cuáles serían los costes sociales?

En la situación futura, el despido libre conducirá a una precariedad laboral cada vez mayor que creará inestabilidad social en los sectores laborales. La desregulación del empleo y la eliminación de convenios colectivos permitirán que los trabajadores no acudan en una posición de fuerza a la hora de negociar contratos y jornadas de trabajo, quedándose al albur de un mercado laboral única y exclusivamente ya en manos del capital. La promoción de contratos en práctica permitirá que estas condiciones de trabajo mal remunerado se perpetúen a lo largo del tiempo –como ya ocurre en grandes empresas-. El clima creado creará el caldo de cultivo propicio para “el sálvese quien pueda”.

No podemos olvidar que el mercado laboral no deja de ser un mercado capitalista, donde el empresario -que posee los medios de producción- acude a él a comprar mano de obra, mientras que el trabajador busca vender su fuerza productiva por un salario, ya que esto es lo único que tiene. Las condiciones en las que esa relación de compra – venta se lleva a cabo determinan el destino de todo un amplio sector de la población: la clase trabajadora.

En el tiempo a venir, la desregulación del mercado laboral –lo que se persigue desde la ideología neoliberal- creará una situación de abuso y de poder por parte del capital. Herramientas hasta ahora en posesión del trabajador desaparecerán, quedándose en total soledad ante ese mercado laboral que sólo buscará la generación de ganancia máxima para el capitalista. En ausencia de regulación normativa institucional, será el empresario quien fije salarios y condiciones laborales.

Y hay más. Esto conllevará una bajada de salarios y condiciones laborales amparada en una competencia feroz. “El ejercito industrial de reserva”, como Marx denominó al conjunto de trabajadores desempleados, ejercerá presión para que progresivamente salarios y condiciones laborales se reduzcan cada vez más, hasta llegar a niveles de subsistencia. Aunque esto pueda parecer exagerado, hoy día ya tenemos múltiples muestras de lo anterior. En muchos sectores, como la agricultura, la construcción o la hostelería, la menor demanda de empleo ha llevado aparejada una disminución importante de salarios y derechos del trabajador, aún con una regulación vigente.

En definitiva, la liberalización y desregulación del mercado laboral junto con la situación de crisis -de modelo, de producción y de sistema- actual y el problema de desempleo en España, no pueden sino ser la espoleta que ponga en marcha un estallido social motivado por la desesperación y la situación de desamparo ante la que la clase trabajadora está próxima a encontrarse.