| Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti |
Los llaman centros de acogida flotantes, pero no son sino prisiones en medio del agua. Es el último invento del gobierno que en vez de distribuir a los inmigrantes que se encontraban en Lampedusa por varios Centros de Identificación y Expulsión (CIE) -con el riesgo de que alguno pudiera acabar en algún centro del norte- prefiere amontonarlos a bordo de tres barcos en el puerto de Palermo a la espera de repatriarlos a Túnez. Los tienen estrechamente vigilados por policías y carabinieri con equipo antidisturbios, limitan sus movimientos y los obligan a dormir en sillas. "Los tratan como a animales", dice un hombre que tiene un hermano a bordo de un ferry. Anoche, para evitar posibles protestas desde tierra, los alejaron del muelle.
Alejado el foco de Lampedusa, el último acto de la guerrilla que durante dos días conmocionó la isla está ocurriendo en el puerto de Palermo, blindado para la llegada de los tunecinos. El muelle de Santa Lucía lo ha ocupado el Ministerio del Interior durante quince días y allí han atracado los barcos Moby Fantasy, Audacia y Moby Vincent, tres ferry convertidos en CIE. Hay un total de 700 tunecinos a bordo; a cada uno de ellos lo vigilan dos policías. Prohibido, para los inmigrantes, salir a cubierta. "Desde fuera parecen barcos vacíos", dice el abogado Fulvio Vassallo Paleologo, de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración, uno de los abogados que siguen el caso, preocupado por la detención inusual en la que se hallan los tunecinos.
Las condiciones de vida a bordo son, al parecer, muy duras. A los tunecinos les decomisaron los teléfonos móviles para evitar cualquier contacto con el mundo exterior, pero sobre todo para evitar que sepan que serán repatriados. Una preocupación inútil, pues han entendido que no se quedarán en Italia. Todos los días cogen a 100 inmigrantes y los trasladan al aeropuerto, donde los meten en vuelos a Túnez. "Se trata, de hecho, de repatriaciones masivas, que están prohibidas explícitamente por el artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos", explica Paleólogo.
En espera de que los devuelvan a su país, los tunecinos sigen apresados a bordo, todos juntos en los salones de la nave, con dos baños para 50 personas, duchas que no funcionan, obligados a dormir en sillas. Muchos de ellos podrían tener heridas como consecuencia de la revuelta [de Lampedusa], pero no hay asistencia médica a bordo. El Ministerio del Interior no permite a las ONG o a los abogados entrar en esos barcos para hablar con los inmigrantes.
La situación es preocupante en muchos aspectos: "Encarcelar a los inmigrantes de Túnez en un barco que es un 'no lugar', ajeno a cualquier estatuto legal y fuera de todo control jurisdiccional significa tenerlos presos sin un juez que pueda confirmar su dentención", acusa Filippo Miraglia, responsable de Inmigración de la asociación ARCI. Amnistía Internacional comparte el punto de vista: "Nos encontramos ante otro ejemplo más del recurso a la detención con el que las autoridades italianas gestionan las llegadas y flujos de migrantes". Por último, protesta también el sindicato policiál SIULP, que señala la "absurda, costosa e improductiva retención de hasta 18 meses en los CIE", que es una de las causas de las revueltas de los inmigrantes.
Por otra parte, también ayer hubo otra protesta en Linosa, donde un grupo de 98 tunecinos se negó a subir a bordo de dos patrulleras por miedo a que los repatriaran. Pidieron que les dejaran subir al ferry que iba para Porto Empedocle. La protesta continuó hasta la noche, cuando a los inmigrantes se les permitió embarcar en el ferry.
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