Guatemala, 13 ago (PL) Nuevamente el tema de la impunidad sale a flote en Guatemala, donde varias organizaciones objetan hoy la liberación de un juez acusado de trabajar por adopciones ilegales de niños.
El jurista Mario Fernando Peralta, del sureño departamento de Escuintla, fue detenido el viernes acusado de pertenecer a una red dedicada a esa actividad ilícita a la cual le atribuyen al menos 23 casos.
Sin embargo, solo estuvo pocas horas en esa condición, pues una jueza determinó falta de mérito y ordenó su liberación.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acogió con sorpresa esa acción de la magistrada de primera instancia de la niñez y la juventud, en conflicto con la ley penal.
Previamente la Cicig, en un comunicado, afirmaba que al jurista le atribuían los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricato, conspiración y denegación de justicia.
Se le acusa de integrar una estructura de personas que actuaban con el ánimo de lucrar con la adopción irregular de una niña en específico, por lo cual fue aprehendido.
Señala que ese grupo de la ONU actúa como querellante adherente en el proceso penal en el cual se pretende demostrar la participación de una organización criminal compuesta por varias personas ligadas ya a proceso.
A Peralta lo vinculan con la autorización en 23 casos tramitados por dicha agrupación, que utilizaba a la llamada Asociación Primavera, donde eran mantenidos algunos menores robados para después darlos en adopción de manera ilegal.
La Cicig revela la actuación de Peralta en la situación de una niña a la cual en abril de 2007 declaró en abandono y otorgó en tutela a dicha Asociación, sin realizar gestiones para localizar a la madre biológica.
Además, la identidad era falsa según exámenes de ADN efectuados a quien se decía progenitora y había solicitado el trámite.
Peralta permitió después el inicio del proceso de adopción, pero quedó interrumpido en mayo de 2008 cuando la verdadera madre reconoció a su hija y la requirió de vuelta, explica la Cicig, que ha criticado severamente al sistema judicial guatemalteco por diversos motivos.
Sus objeciones son, principalmente, por la impunidad permitida que asegura se extiende al 98 por ciento de los casos juzgados o no en el país.
El jurista Mario Fernando Peralta, del sureño departamento de Escuintla, fue detenido el viernes acusado de pertenecer a una red dedicada a esa actividad ilícita a la cual le atribuyen al menos 23 casos.
Sin embargo, solo estuvo pocas horas en esa condición, pues una jueza determinó falta de mérito y ordenó su liberación.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acogió con sorpresa esa acción de la magistrada de primera instancia de la niñez y la juventud, en conflicto con la ley penal.
Previamente la Cicig, en un comunicado, afirmaba que al jurista le atribuían los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricato, conspiración y denegación de justicia.
Se le acusa de integrar una estructura de personas que actuaban con el ánimo de lucrar con la adopción irregular de una niña en específico, por lo cual fue aprehendido.
Señala que ese grupo de la ONU actúa como querellante adherente en el proceso penal en el cual se pretende demostrar la participación de una organización criminal compuesta por varias personas ligadas ya a proceso.
A Peralta lo vinculan con la autorización en 23 casos tramitados por dicha agrupación, que utilizaba a la llamada Asociación Primavera, donde eran mantenidos algunos menores robados para después darlos en adopción de manera ilegal.
La Cicig revela la actuación de Peralta en la situación de una niña a la cual en abril de 2007 declaró en abandono y otorgó en tutela a dicha Asociación, sin realizar gestiones para localizar a la madre biológica.
Además, la identidad era falsa según exámenes de ADN efectuados a quien se decía progenitora y había solicitado el trámite.
Peralta permitió después el inicio del proceso de adopción, pero quedó interrumpido en mayo de 2008 cuando la verdadera madre reconoció a su hija y la requirió de vuelta, explica la Cicig, que ha criticado severamente al sistema judicial guatemalteco por diversos motivos.
Sus objeciones son, principalmente, por la impunidad permitida que asegura se extiende al 98 por ciento de los casos juzgados o no en el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario