Un proyecto para anular una ley que evitó que se investigaran violaciones a los DDHH en la dictadura uruguaya (1973-1985) fracasó en la madrugada del viernes, luego de que el gobernante Frente Amplio (izquierda) no lograra la mayoría necesaria por la rebeldía de un diputado.
Tras meses de idas y venidas y más de 14 horas de debate parlamentario el Frente Amplio (FA) no logró los 50 votos necesarios para aprobar la iniciativa -a la que se oponía el propio presidente José Mujica, del mismo partido- y la votación se saldó con un empate 49 a 49.
Como había anunciado en los últimos días, y pese a las presiones de su partido, el diputado oficialista Víctor Semproni defendió su postura en contra del proyecto y se retiró de sala antes de votar, dejando al FA sin la ajustada mayoría que tiene en la cámara baja.
"Con dolor, no vamos a votar" porque "esto es un tema de conciencia que no podemos eludir", dijo Semproni al justificar su decisión.
"La discrepancia es con la solución que está a discusión del cuerpo", dijo. "Que nadie dude que estamos en lucha para borrar la ley de Caducidad", añadió.
Semproni había anunciado su posición contraria a la anulación de la denominada 'ley de Caducidad' luego de que el presidente Mujica rechazara el proyecto advirtiendo que se "le está pasando por arriba a dos plebiscitos" y que si se aprobaba la anulación el partido va a sufrir "costos importantes".
En marzo el Senado había aprobado la anulación con una ajustada mayoría y a costa de la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro.
Quienes cuestionaban el proyecto de anulación -dentro del FA y en la oposición- sostuvieron que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos en que se decidió mantenerla.
Ese fue el principal argumento de la oposición durante una sesión en la que abundaron los cuestionamientos a la izquierda -impulsora de los plebiscitos en cuestión- y las acusaciones cruzadas sobre el papel de cada partido en la salida de la dictadura.
Y es que la 'Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado' fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, un año y medio después del fin de la dictadura y cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto de anulación que fracasó el viernes fue impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
"Traidores", gritó un hombre que presenciaba el debate desde las barras cuando se completó la votación. El medio centenar de personas que siguió el largo debate desde las barras se retiró de la sala cantando "Se va a acabar, la impunidad en Uruguay".
Decepcionado, Amaral García, hijo de desaparecidos, dijo a la AFP que se sentía "igual que siempre, cansado".
"Esperaba una solución al problema que traemos desde hace 30 años en este país. Con este resultado todo sigue igual", sostuvo.
"Algún día espero que se termine este gran drama nacional. Tenemos que seguir buscando saber qué pasó. Hace 26 años que acá adentro empezó todo, un problema de derechos humanos a transformarse en algo político", añadió. "Lo que importa es que acá no hay justicia", subrayó.
Afuera del Congreso, de los cientos de personas que respondieron en la tarde del jueves a la convocatoria del Frente Amplio y la central sindical Pit-Cnt para presionar a favor de la iniciativa quedaban solo los carteles con las siluetas de los casi 200 desaparecidos en la dictadura.
Consultada por la AFP, la diputada oficialista Yvonne Passada indicó escuetamente que ahora el tema será evaluado dentro del Frente Amplio.
El debate parlamentario culminó el mismo día en el que se realiza la Marcha del Silencio, un acto anual en que se reclama conocer el destino de los desaparecidos.
Tras meses de idas y venidas y más de 14 horas de debate parlamentario el Frente Amplio (FA) no logró los 50 votos necesarios para aprobar la iniciativa -a la que se oponía el propio presidente José Mujica, del mismo partido- y la votación se saldó con un empate 49 a 49.
Como había anunciado en los últimos días, y pese a las presiones de su partido, el diputado oficialista Víctor Semproni defendió su postura en contra del proyecto y se retiró de sala antes de votar, dejando al FA sin la ajustada mayoría que tiene en la cámara baja.
"Con dolor, no vamos a votar" porque "esto es un tema de conciencia que no podemos eludir", dijo Semproni al justificar su decisión.
"La discrepancia es con la solución que está a discusión del cuerpo", dijo. "Que nadie dude que estamos en lucha para borrar la ley de Caducidad", añadió.
Semproni había anunciado su posición contraria a la anulación de la denominada 'ley de Caducidad' luego de que el presidente Mujica rechazara el proyecto advirtiendo que se "le está pasando por arriba a dos plebiscitos" y que si se aprobaba la anulación el partido va a sufrir "costos importantes".
En marzo el Senado había aprobado la anulación con una ajustada mayoría y a costa de la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro.
Quienes cuestionaban el proyecto de anulación -dentro del FA y en la oposición- sostuvieron que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos en que se decidió mantenerla.
Ese fue el principal argumento de la oposición durante una sesión en la que abundaron los cuestionamientos a la izquierda -impulsora de los plebiscitos en cuestión- y las acusaciones cruzadas sobre el papel de cada partido en la salida de la dictadura.
Y es que la 'Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado' fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, un año y medio después del fin de la dictadura y cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto de anulación que fracasó el viernes fue impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
"Traidores", gritó un hombre que presenciaba el debate desde las barras cuando se completó la votación. El medio centenar de personas que siguió el largo debate desde las barras se retiró de la sala cantando "Se va a acabar, la impunidad en Uruguay".
Decepcionado, Amaral García, hijo de desaparecidos, dijo a la AFP que se sentía "igual que siempre, cansado".
"Esperaba una solución al problema que traemos desde hace 30 años en este país. Con este resultado todo sigue igual", sostuvo.
"Algún día espero que se termine este gran drama nacional. Tenemos que seguir buscando saber qué pasó. Hace 26 años que acá adentro empezó todo, un problema de derechos humanos a transformarse en algo político", añadió. "Lo que importa es que acá no hay justicia", subrayó.
Afuera del Congreso, de los cientos de personas que respondieron en la tarde del jueves a la convocatoria del Frente Amplio y la central sindical Pit-Cnt para presionar a favor de la iniciativa quedaban solo los carteles con las siluetas de los casi 200 desaparecidos en la dictadura.
Consultada por la AFP, la diputada oficialista Yvonne Passada indicó escuetamente que ahora el tema será evaluado dentro del Frente Amplio.
El debate parlamentario culminó el mismo día en el que se realiza la Marcha del Silencio, un acto anual en que se reclama conocer el destino de los desaparecidos.
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