La Convención sobre los Derechos del Menor, creada en 1989 y ratificada por España el año siguiente, es el primer tratado internacional sobre este tema jurídicamente vinculante. En esta convención se reconoce que los menores de edad son individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y ofrece un modelo integral sobre salud, educación, bienestar social y participación que los Estados deben garantizar.
Para que sea efectivo, el tratado establece la creación del Comité de los Derechos del Niño/a, que es el encargado de realizar un examen sobre los informes que los Estados parte presentan cada cinco años. Así, se evalúan los avances y retrocesos nacionales en temas de infancia.
El resultado del último examen realizado a España pone de manifiesto la vulneración de una serie de derechos reconocidos, tanto por la regulación en las leyes como por las políticas que el Estado y las Comunidades Autónomas llevan a cabo. A su vez, la incidencia de los recortes en las políticas públicas motivados por la crisis financiera también hacen mella en el bienestar de los menores. A modo de resumen, pueden destacarse estas preocupaciones y recomendaciones hechas por parte del comité al Estado español:
Entorno familiar. Al comité le preocupa que muchas familias carecen de una asistencia adecuada, en particular las familias en situaciones de pobreza. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística de octubre de 2010, el 20,8% de la población residente en España está por debajo del umbral de la pobreza relativa. Por ello, recomienda al Estado que establezca un sistema de prestaciones familiares y prestaciones por hijo para asegurar que ningún grupo de menores viva por debajo de ese umbral.
Centros de protección terapéuticos. Destaca la situación de los menores con trastornos de conducta que son ingresados en centros especiales, financiados por las administraciones públicas y de gestión privada, y que cuentan con una gran variedad de programas de intervención, desde muy restrictivos a más abiertos.
Salud mental infantil. Muestra inquietud porque existe una alta prevalencia de trastornos emocionales y psicosociales que no son abordados adecuadamente, así como por el aumento, en un plazo corto de tiempo, de la prescripción de psicoestimulantes a niños y niñas diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). “Nos encontramos con el problema de la doble marginación que sufre en España la atención de la salud mental de los niños y adolescentes (la que, por un lado, padecen en el ámbito de la Sanidad y, por otro, en el de la salud mental de adultos)”, según afirma la Asociación Española de Neuropsiquiatría en su Informe sobre la Salud Mental de Niños y Adolescentes presentado en 2010. Por estas razones, emplaza a que se elabore una política nacional de salud mental infantil, que debe incluir la promoción de la salud mental positiva y el bienestar emocional, la prevención de los problemas comunes de salud mental en las escuelas, el tratamiento de atención primaria de salud y el desarrollo de equipos especializados en los servicios ambulatorios y de hospitalización. También emplaza a examinar cuidadosamente el fenómeno de la prescripción excesiva de medicamentos a los niños y niñas diagnosticados con TDAH y otros trastornos del comportamiento y a que se revisen los recursos psicológicos y educativos con los que cuentan sus padres y maestros.
Nivel de vida de los menores. Resalta que uno de cada cuatro niños y niñas vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Eso sí, el Ministerio de Sanidad en su estudio Encuesta Nacional de Salud de España, publicado en 2008, titulaba que la calidad de vida infantil en España se sitúa por encima de la media de la UE. Para ello, el comité recomienda que se cree un Plan Nacional para combatir la pobreza infantil, que establezca un marco coherente de identificación de acciones prioritarias contra la exclusión, con objetivos específicos y cuantificables, indicadores claros, plazos y suficiente apoyo económico y financiero.
Educación. Destaca la alta tasa de abandono escolar temprano (según datos de un reciente estudio de la Fundación La Caixa, un 28% de estudiantes abandonan la ESO sin graduarse) y la baja participación de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Por estos motivos, emplaza al Estado a que amplíe la educación y la formación profesional y garantice el derecho de todo menor a una verdadera educación inclusiva, con especial atención a los grupos con necesidades educativas especiales y en riesgo de exclusión.
Menores extranjeros no acompañados. El comité denuncia los diferentes métodos utilizados para determinar la edad de los niños y niñas no acompañados (MENA, ver recuadro inferior) y los malos tratos sufridos por parte de la policía durante las repatriaciones forzadas o involuntarias a su país de origen. En estas ocasiones, a veces son deporta- dos sin acceso a un abogado ni a interpretación. Otra denuncia que realiza es la entrega de MENA a las autoridades fronterizas marroquíes y no a los servicios sociales del país de origen, o el incumplimiento de las autoridades españolas en proporcionar a los MENA el estatus de residencia legal temporal, al que tienen derecho legalmente, además de las condiciones de infrahabitabilidad y el abandono en los centros de emergencia en las Canarias y en Ceuta.
Privación de libertad a menores de edad. Recomienda a España que revise su legislación para reducir al mínimo las condenas de privación de libertad a los menores. Para ello, emplaza al Estado a que armonice su normativa y sus políticas con los estándares internacionales mediante el fortalecimiento de las medidas preventivas, como el apoyo al papel de las familias; la utilización de la privación de la libertad como medida de último recurso y el fomento del uso de medidas alternativas, como la mediación, la libertad condicional, el asesoramiento y los servicios a la comunidad y a las familias; así como la garantía de que la privación de la libertad termina con una propuesta individualizada de seguimiento y de reinserción del menor, en estrecha coordinación con los servicios sociales y educativos.
Recientemente Amnistía Internacional (AI) ha publicado dos informes, el último en agosto, sobre los menores en Centros de Protección Terapéuticos en España. AI denuncia el internamiento y permanencia en estos centros, ya que se llevan a cabo procedimientos administrativos sin garantías; denuncia los castigos y prácticas equivalentes a torturas o trato cruel, degradante o inhumano; evidencia el incumpliento del derecho a la salud en su interior y, por último, muestra su preocupación por la supervisión de estos centros y la opacidad sobre su gestión.
Pese a que el Comité de la Convención de los Derechos del Niño señala en su informe que "toma nota de las medidas adoptadas" por el Estado español, “incluida la creación de un registro de los niños no acompañados en la Dirección General de la Policía”, la inoperatividad del Registro Central que el artículo 111 del Reglamento de Extranjería prevé desde 2005 ha sido denunciada recientemente por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que ha insistido en que tal registro contribuiría a evitar la “inseguridad total” de este grupo.
La Defensora subrayó también que el descenso de menores extranjeros no acompañados (MENA) llegados en cayuco (475 en 2009, por los 995 de 2008, según datos de la Fiscalía General del Estado) no ha tenido contraparte en el escaso descenso de expedientes para determinar la edad, que sólo ha bajado un 17%. Las CC AA tienden a realizar pruebas oseométricas para determinar la edad de los MENA, aunque tengan un pasaporte que diga que no tienen 18 años.
Los amplios márgenes de error de dichas pruebas y la descoordinación entre CC AA ha provocado que muchos MENA sean tratados como mayores y queden fuera del sistema de protección. “En muchos casos, se ha practicado la prueba a la misma persona, con resultados contradictorios, por distintas CC AA, sin que ni las distintas Fiscalías Provinciales ni la propia Dirección General de la Policía tengan acceso a las mismas, ante la inexistencia de una base de datos donde se anoten los resultados de las citadas pruebas”, explicaba en marzo el Defensor del Pueblo a DIAGONAL.
Varias sentencias hechas públicas por la Fundación Raíces en Madrid han reconocido la veracidad de la documentación de 13 de los 18 MENA subsaharianos que en febrero de este año eran acusados de falsedad documental y dejados en la calle. Las denuncias contra los menores han sido archivadas, pero, después de tantos meses, algunos ya son mayores de edad.
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