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viernes, 8 de octubre de 2010

Votación de ley de Caducidad se postergó una semana

La comisión de Constitución y Códigos de Diputados postergó hasta el lunes 18 la votación del proyecto del Frente Amplio que interpreta artículos de la ley de Caducidad. Ayer, en comisión, el vicecanciller Roberto Conde aseguró que es "voluntad del gobierno" declarar "no válida" la ley de Caducidad. Hoy advirtió los riesgos en caso de mantenerla.

El motivo de su comparecencia fue para dar información sobre el estado del juicio que Juan y Macarena Gelman han planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (ver nota relacionada).

Conde explicó hoy a radio Carve que desde el punto de vista de la Cancillería es una necesidad objetiva que la ley quede sin efecto. "En Uruguay están conviviendo un conjunto de normas que chocan violentamente entre si", afirmó. Este choque interno se da por ejemplo desde que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró que la ley no sólo es nula desde su origen sino que contiene inconstitucionalidades "grotescas" como violar la separación de poderes desde el momento en que le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de amparo, o no, en la administración de justicia hacia personas.

Respecto a la demanda que presentó la familia Gelman, el jerarca dijo que Uruguay ha cumplido con la mayoría de los reclamos, pero existen dos puntos críticos del litigio a los que Uruguay no ha respondido "ni se encuentra en condiciones" de hacerlo, reconoció Conde.

Uno es identificar a los responsables de crímenes de lesa humanidad contra la familia Gelman y "en segundo lugar la remoción o invalidación de la ley de Caducidad".

Conde advirtió que la ley de Caducidad "provoca y seguirá provocando demandas contra Uruguay y desde la Cancillería hemos dicho que Uruguay no puede adherir a tratados internacionales y tener una ley interna que no garantiza su efectiva protección".

El gobierno entiende que a 25 años del retorno a la democracia es "imprescindible" que Uruguay compatibilice su estado de derecho con los tratados internacionales que ha firmado, puntualizó el viceministro. "Lo necesario para nosotros, por una cuestión de coherencia jurídica y moral en Uruguay, es que la ley quede removida y sin efecto", enfatizó.

Esta postura ha sido criticada por la oposición —y también por legisladores del oficialismo— en el sentido que la población ya se manifestó más de una vez en contra de una derogación.

Conde afirmó que no juzgará a los legisladores de la oposición pero consideró que quienes integran el partido de gobierno están "equivocados" en su enfoque. "Los referéndums no limitan la facultad del Poder Legislativo para modificar, cambiar o derogar una ley ordinaria como es esta. El Parlamento conserva intactas sus facultades respecto de cualquier ley, aunque haya sido considerada su derogación en un referéndum y esto haya fracasado", finalizó el jerarca gubernamental.

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