La jueza Graciela Eustacchio, del Juzgado en lo Penal de 8° Turno, recogió varias horas de declaración por parte de un docente del Colegio Clara Jackson de Heber acusado de abuso sexual. El indagado quedó libre mientras el caso está en presumario, y el acusado, un hombre de 36 años, volverá a ser indagado.
La jueza dejó en libertad al hombre ante la falta de pruebas para ordenar el procesamiento, y ordenó una pericia psiquiátrica que se realizó ayer y, en principio, sería sin perjuicio. La fiscal Dora Domenech también intervino en el caso que ayer salió a la luz pública.
La Justicia seguirá investigando el hecho en el día de hoy tras la denuncia inicial por parte de los padres de un niño. Ayer se sumaron siete denuncias más de parte de otros padres, informó El Espectador.
Según supo LA REPUBLICA, el denunciado dijo ante la Justicia que los alumnos, niñas y niños de 3 y 5 años, tenían "fantasías", lo que habría generado -según las declaraciones trascendidas- que "inventaran" la situación. Los niños, por otro lado, están siendo atendidos por especialistas y al resguardo de sus padres. El acusado fue sometido ayer a una pericia psiquiátrica y se diseñará un perfil psicológico. La defensa también pidió nuevos estudios.
EL CASO
Hace hoy once días, el inspector de Educación Primaria Privada del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) recibió por parte de un colegio privado la denuncia de supuestos abusos sexuales de parte de un profesor de catequesis. Esta, realizada ante la seccional 12a. de Policía, determinó que se abriera la investigación al docente, sin que las autoridades de Primaria fueras advertidas del hecho. Marcelo Fontona, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), explicó ayer que "de inmediato se comenzó a darles apoyo psicológico a los niños, una vez que fue denunciado el hecho ante las autoridades de Primaria". La Ley General de Educación establece en su artículo 1 que la educación "es un derecho humano fundamental" por lo cual "estamos frente a una situación de vulneración de derechos, en una institución que debe defender un derecho fundamental, donde se da una situación de violación de derechos" dijo el presidente del CEIP, Oscar Gómez. Las propias hermanas a cargo de la institución religiosa se contactaron con Primaria.
PRIMERAS REACCIONES
La situación generó ayer dudas y consternación. Los padres se mostraran divididos por la situación. Algunos manifestaron: "Nunca tuvimos problemas con él" tal como expresó R.F. Según supo LA REPUBLICA, el docente en cuestión no se defendió en el lugar de trabajo y allí mismo renunció. Asimismo, padres que envían a sus hijos a la casa maternal dijeron que fueron informados por la dirección del instituto (el acusado no trabaja en ese sector) sobre la situación. Fontona destacó que el colegio "actuó rápidamente y tal como lo establecen las normas, dando aviso de una situación de riesgo de la integridad de los niños". El hombre no tenía antecedentes penales. Según los padres (y algunos docentes) consultados, siempre fue una persona "con muchas iniciativas y bien visto por la comunidad". La denuncia de abuso provocó que fuera expulsado de uno de los dos colegios donde trabajaba y suspendido preventivamente en el otro, hasta que ayer se comunicó su expulsión. "Además me enteré que ya tenía otras denuncias por problemas de relacionamiento en otra institución", explicó Gómez.
Desde el servicio de relaciones públicas del colegio Clara Jackson de Heber se explicó a que "ni bien se conoció la denuncia, el docente fue despedido" como forma de "cuidado" hacía los niños.
Adriana, una de las madres que ni bien se enteró de la denuncia estuvo presente en una reunión realizada en el colegio explicó que "fueron citados y comunicados de este hecho".
VÍCTIMAS
"No debemos olvidarnos de las víctimas, que son los niños" dijo ayer Fontona. Los niños de tres a cinco años mostraron cambios en sus conductas, lo que determinó que uno de los adultos a cargo realizara la denuncia correspondiente. De todas formas, el colegio realizó de inmediato el aviso correspondiente a Primaria, aviso que fue desestimado por la inspección.
"Esto provocó que ahora abramos una investigación administrativa, ya que nosotros estamos obligados a intervenir", recordó Gómez. La Ordenanza 14 obliga a los consejos desconcentrados de ANEP a controlar a las instituciones privadas. "Para eso tenemos un departamento de Inspección que en este caso no respondió adecuadamente" dijo Gómez.
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