Los más de 1.800 controladores aéreos que actualmente están operativos votarán hoy en asamblea si convocan una huelga un día de agosto en respuesta al real decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes, que regula los nuevos tiempos de actividad y descanso del colectivo y fija un descanso obligatorio de 30 minutos cada dos horas de actividad.
El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó el domingo que en caso de que el colectivo convoque una huelga se establecerán los servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de los aeropuertos y pidió a los controladores que aclaren la causa de la posible convocatoria.
El sindicato cree que de convocarse, Fomento establecerá unos servicios mínimos cercanos al 100%, como ya ocurriera durante la huelga de los funcionarios el pasado mes de junio que no afectó al tránsito aéreo.
Los controladores plantean la huelga como respuestan a la nueva norma que establece el límite mensual de actividad operacional en 200 horas con descanso mínimo de 184 horas distribuidas en al menos tres periodos de descanso. Al año, la jornada se mantiene en 1.670 horas, más las 80 extraordinarias que permite el Estatuto de los Trabajadores.
En declaraciones a Europa Press, Daniel Zamit, portavoz del sindicato mayoritario USCA, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores con licencia que AENA tiene en su plantilla, asegura que la irrupción de manera "unilateral" de esta nueva medida, que califica de "muy dura y salvaje" por parte del departamento que dirige José Blanco, muestra que "no existe ninguna voluntad de negociar" para solucionar el conflicto.
Zamit considera que la huelga es la alternativa que les queda en vista de que las negociaciones son "una pantomima" y el ministerio de Fomento "impone las cosas por la fuerza para regular aspectos que forman parte de la negociación colectiva", y asegura además que ya hay más de 200 controladores que han pedido la rescisión de su contrato por entender que estas condiciones son "abusivas".
USCA denuncia que para establecer los nuevos turnos y descansos, que se han modificado en dos ocasiones a raíz de la aplicación de la nueva ley, AENA no ha realizado los estudios previos de seguridad e incidencia laboral como obliga la normativa internacional.
Zamit afirma que el nuevo decreto "no tiene parangón" en Europa, ya que pese a ser una copia del modelo británico, la formación y las imaginarias no se computan como horas de trabajo como sí ocurre en la norma británica y los turnos se establecen con 10 días de antelación frente al mes del modelo inglés.
Zamit recuerda que en Reino Unido son "muchísimos más controladores" con lo que no llegan al máximo de horas establecidas, mientras que en España "continuamente se están sobrepasando".
Informe sobre las bajas
Con respecto a las polémicas bajas por las que 136 de los 205 trabajadores recibieron el alta tras pasar las revisiones médicas, USCA, que negó una vez más que los controladores hayan realizado huelgas encubiertas, justificó las bajas registradas en los últimos meses por "la aplicación abusiva" de la nueva ley de tránsito aéreo aprobada en febrero.
Asimismo, Zamit acusó de "manipulación grosera" de la realidad los datos difundidos sobre dicho informe al que USCA no ha tenido acceso.
El sindicato critica que AENA se niegue a proporcionarles el informe detallado sobre las inspecciones realizadas por la Seguridad Social en torno a las bajas médicas registradas por los controladores tal y como han solicitaron formalmente.
Renuncian a recurrir ante el Supremo la ley
Los controladores aéreos han renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado abril que avaló la ley que reorganiza su trabajo y rebaja su salario.
Según han explicado a Efe fuentes de los controladores, el recurso no se ha llegado a formalizar ante el Alto Tribunal debido principalmente a que esta medida paralizaba las demandas particulares interpuestas por los miembros del colectivo ante los Juzgados de lo Social por el cambio de sus condiciones de trabajo.
El pasado 12 de abril, la Audiencia Nacional avaló la Ley de Prestación de Servicios de Tránsito Aéreo, ya que consideró que no era inconstitucional, como defendía el sindicato de controladores aéreos (USCA).
Los jueces de la Sala de lo Social desestimaron la demanda de conflicto colectivo de USCA porque argumentaron que la ley fue "necesaria, idónea y proporcionada" para corregir en el plazo más breve posible la "situación calamitosa" originada por la prórroga del convenio colectivo de los controladores.
Los magistrados de la Audiencia Nacional también criticaban que ese convenio colectivo "ha primado siempre sus intereses" y "nunca" el servicio público de tránsito aéreo gestionado por AENA.
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