El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, ha avanzado que el Estado ha manifestado a la Generalitat que la Ley de Consultas populares aprobada por el Parlament invade sus competencias. Por ello, han iniciado negociaciones y, si no hay acuerdo en seis meses, el Estado podrá recurrir ante al Tribunal Constitucional (TC) la norma catalana.
"El Estado manifiesta discrepancias competenciales, y ahora hay seis meses de negociaciones para acercar posiciones. Si se mantiene la discrepancia, o una parte o la otra pueden ir al TC", aseguró Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Por tanto, estas negociaciones son la "fase de resolución previa a la formulación de un recurso". Precisamente, también se iniciaron con la Ley de Educación de Catalunya (LEC), ya que en un principio el Estado también apreció que se invadían sus competencias, aunque finalmente no presentó ningún recurso ante el Alto Tribunal.
Los artículos que según el Estado invaden sus competencias son del 1 al 30, el 43 y el 45, ya que a su parecer, la capacidad de convocar referéndums es "exclusiva" del Estado, en palabras de Nadal.
Una legislación con límites
La Ley de Consultas Populares por Vía Referéndum la impulsó el tripartito, y se trata de uno de los proyectos que ERC considera más emblemáticos de esta legislatura. La norma regula cómo deben convocarse las consultas populares, y prevé que todas deberán contar con la autorización del Estado, cumpliendo así con lo que establece la Constitución.
Las consultas podrán proponerse sobre cualquier tema -incluido la autodeterminación- mediante un acuerdo del Govern y siempre a propuesta del presidente de la Generalitat; mediante el apoyo de un 20% de los diputados o dos grupos parlamentarios, si lo solicitan un 10% de los ayuntamientos y representan 500.000 habitantes, o si lo piden el 3% de la población catalana mediante recogida de firmas.
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