Este domingo se completó la primera etapa del largo proceso electoral de nuestro país que culminará en mayo próximo con los comicios municipales.
Ayer se develó una incógnita clave, los candidatos que encabezarán las propuestas de los 8 partidos que competirán en las elecciones presidenciales dentro de cuatro meses.
En el juego republicano y democrático, todos los candidatos y todas las fuerzas políticas son importantes y merecen el mismo respeto.
Sin embargo, algunas fuerzas políticas y algunos candidatos, por su peso y por su proyección tienen una relevancia mayor.
La votación de ayer parece confirmar lo que las encuestas y la percepción política adelantaban: José Mujica, por el Frente Amplio y Luis Alberto Lacalle, por el Partido Nacional, serán los principales actores de la contienda por la presidencia de la República.
Ahora vendrá además, toda la expectativa por la conformación de las fórmulas, aunque todo indica, que de no mediar dificultades no previsibles, Danilo Astori será el candidato a vicepresidente del FA y Jorge Larrañaga el del Partido Nacional.
La dilucidación de los candidatos y más tratándose de dos personalidades tan fuertes y determinantes como Mujica y Lacalle es muy importante; la conformación de las fórmulas puede ser un elemento clave para la estrategia electoral y para una futura gestión de gobierno y, sin embargo, no lo son todo.
El elemento central que recorre toda la escena política nacional y que las candidaturas e incluso las fórmulas presidenciales sólo expresan en parte, es la tensión entre la profundización del cambio iniciado por el primer gobierno de izquierda y la restauración que significaría un triunfo de la derecha.
Ese es el dilema de hierro al que está enfrentado el Uruguay.
El triunfo del Frente Amplio, que colocó por primera vez en la historia independiente del Uruguay un gobierno de izquierda, fue un hecho de una magnitud política tal que marcó un antes y un después.
Por primera vez accedió al gobierno una fuerza distinta a los partidos tradicionales, que en solitario o en distintas formas de cogobierno, ejercieron el poder durante más de 160 años, de los 184 de vida independiente que tiene nuestro país.
El gobierno de la izquierda emergió como la respuesta a las esperanzas ciudadanas, luego de una de las crisis económica y social más profunda de la historia del Uruguay.
La devastación económica y social sufrida durante la crisis de 2001 y 2002 tuvo como consecuencia más visible la casi postración económica del Uruguay, pero también, y en forma menos evidente, una profunda fractura social. El gobierno del FA asumió con 1.300.000 pobres.
Cientos de miles de compatriotas quedaron excluidos de todo mecanismo de integración social; sin empleo, sin cobertura de salud, sin vivienda, miles de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, cientos de miles sin garantizar la alimentación básica para sobrevivir.
El gobierno del FA debió hacer un esfuerzo gigantesco de recuperación social, de integración, y atender antes que nada, la emergencia social y la postración productiva.
Mucho se ha hecho en estos cuatro años y medio, pero no alcanza.
La Cepal, en un estudio presentado hace dos meses, llamaba a no recortar los gastos sociales y explicaba que en la crisis de los 80 y en la de los 90 hubo una caída pronunciada del PBI en América Latina y también un crecimiento geométrico de la pobreza. Recuperar los niveles de actividad económica llevo una década, rescatar a los millones de latinoamericanos de la pobreza insumió 24 años.
Sin crecimiento económico no se puede combatir la pobreza, pero el crecimiento por si solo no asegura la reducción de la miseria; son necesarias políticas activas, universales y sostenidas en el tiempo.
Cuatro años no alcanzan para volver a zurcir el entramado social destrozado por la crisis de 2001 y 2002, la tarea recién empieza.
Este sigue siendo el gran desafío del Uruguay: recrear los niveles de cohesión social, asegurar junto a la igualdad abstracta e ideal de todos ante la ley, niveles mínimos de igualdad real, como condición sine qua non para la viabilidad de nuestra sociedad como tal.
Ese es el corazón del desafío que enfrentamos, los uruguayos todos, como sociedad.
Por ello, más allá de los candidatos y de sus características personales, sin duda importantes, lo verdaderamente clave es el proyecto político y social que encarnan y la proyección de éste hacia el futuro de la sociedad.
José Mujica, candidato del Frente Amplio, expresa con un programa de gobierno ya definido y respaldado por toda la fuerza política: la profundización del camino de cambios iniciado hace cuatro años y medio.
La continuidad y profundización de las políticas de rescate e inclusión social; el mantenimiento de la red de protección social para contener y proteger a los más pobres; la ampliación de los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, la extensión del horizonte democrático hacia el conjunto de la sociedad; la prioridad del país productivo por sobre el país financiero; el fortalecimiento y la transformación del aparato estatal para incidir en la distribución del ingreso; la apuesta, a pesar de las dificultades, a la integración regional.
Luis Alberto Lacalle, candidato del Partido Nacional, se esfuerza por presentarse como una propuesta de cambio. Sin duda lo es. En términos automovilísticos, la marcha atrás, también es un cambio, pero no deja de ser un retroceso. La propuesta política de Lacalle, que es lo que debe ser motivo de análisis y no su persona; implica una ofensiva restauradora.
Es la vuelta a la reducción del papel del Estado, la privatización como paradigma de la actividad productiva y hasta educativa. La marginación de las políticas sociales a un papel secundario dentro de la gestión del gobierno y del presupuesto.
Es el retorno a la gestión del Estado del viejo elenco político y empresarial que, con sus políticas neoliberales, precipitó al Uruguay a su peor crisis económica y social.
Esto que es claro desde el punto de vista de programa, de propuesta y de concepción económica, se hace diáfano cuando se agrega al análisis las fuerzas políticas que deberá conjuntar Lacalle si quiere intentar acceder al gobierno.
El FA, según todas las proyecciones, continuará siendo la principal fuerza política del Uruguay, en cualquier escenario en que se desarrollen las elecciones de octubre.
El Partido Nacional no puede derrotarlo solo.
De la única manera que puede superarlo es sumando los votos del Partido Colorado e incluso necesitará el pequeño porcentaje que representa el Partido Independiente.
La fórmula real que se opondrá al FA y que intentará derrotarlo, no es Lacalle-Larrañaga en caso de que se concrete. La alianza fundamental para Lacalle es con el Partido Colorado. Por lo tanto, la verdadera fórmula que competirá con el FA, más allá de que no tenga expresión electoral conjunta, es Lacalle-Bordaberry.
Una disputa fundamental de aquí a octubre será por los ejes de discusión en que deberá dirimirse la contienda electoral.
Los candidatos y las fuerzas políticas deberán responder qué piensan y qué harán para reducir la deuda y la brecha social, qué papel jugará la integración regional, qué políticas formularán para continuar el avance productivo que se ha tenido en estos años, qué propuesta para la agropecuaria, para la industria, qué modelo de educación, qué papel le reservan al Estado.
También deberán pronunciarse en torno a la consulta ciudadana sobre la vigencia o no de la Ley de Caducidad, si se continúa por el camino de verdad y reencuentro promovido por el gobierno de Tabaré Vázquez o se vuelve al reino de la impunidad y el ocultamiento.
Tendrán que explicitar qué harán en torno a la otra consulta ciudadana que decidiremos en octubre, la del voto epistolar. Definir, nada más y nada menos, si se les garantiza a cientos de miles de uruguayos el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos o si el voto para nuestros compatriotas que tuvieron que emigrar, seguirá siendo un privilegio para los que tienen posibilidad económica de pagarse un pasaje.
Por supuesto que las distintas fuerzas políticas deberán contemplar a toda la ciudadanía, también a los sectores medios y al tan llevado y traído centro político.
Pero con igual atención deberán integrar a sus propuestas a los sectores consuetudinariamente marginados, a los más golpeados por la crisis, a los que siguen siendo más vulnerables.
Lo que está en juego es si continuamos reconstruyendo nuestra convivencia social, si logramos replantear un contrato social que responda al nuevo Uruguay. Al Uruguay fracturado, fragmentado, dividido, que nos dejó la crisis de 2001 y 2002 y décadas de políticas neoliberales. O si volvemos a la desregulación, a la concentración de los beneficios y hasta de las posibilidades, al "hace la tuya", como leit motif de la conducta individual y ciudadana.
El principal desafío de la sociedad uruguaya, es recomponerse a sí misma y repensarse para integrarnos a todos, sin excepciones.
Por ello, es imprescindible una Asamblea Constituyente como plantea el FA, para que entre todos y con todos, discutamos y acordemos las normas de convivencia que respondan a los desafíos de este Uruguay. Un nuevo acuerdo de convivencia que elimine, o al menos amortigüe, el círculo perverso de exclusión que nos lastima y nos cuestiona el futuro.
Se necesita eso, una discusión amplia y democrática de toda la sociedad, más que un "pacto social" que lo que tiene de sustrato es mantener el actual estado de cosas y limitar los avances de los que menos tienen.
Debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en la reducción de la fractura que nos divide, nos enfrenta y genera tensiones cotidianas, que se expresan en la inseguridad, pero también en la convivencia diaria.
Por primera vez, además, no estarán en juego propuestas teóricas y programas, se podrán juzgar gestiones de gobierno concretas.
El FA tiene para mostrar a la ciudadanía, no sólo su propuesta electoral, sino su gestión concreta en el gobierno, el que encabezó Tabaré Vázquez y los de las ocho intendencias municipales.
Lacalle tampoco debe ser juzgado sólo por sus propuestas, es un ex presidente y la ciudadanía puede y debe recordar su gestión y sus acciones de gobierno.
Todo ello y mucho más estará en debate hacia octubre.
Pero, vale la pena reiterarlo, lo principal, lo sustancial, es si se continúa el proceso de reconstitución social, de integración, o se vuelve a una propuesta política y económica que fue, objetivamente, la que provocó la fractura que hoy nos condiciona.
Mujica, Astori y el Frente Amplio o Lacalle, Bordaberry, el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Profundización de los cambios o restauración del anterior status quo. Ese es el dilema.
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