El Gobierno endurece el discurso contra Mas avisándole de que su 9-N es «antidemocrático» y acusándole de descargar su responsabilidad en terceros. Ahora pone el acento en la vertiente política porque no hay seguridad de poder impedir por vía jurídica la consulta.
A falta de documentos públicos -Mas ha evitado emitir decreto o firmar orden alguna-, el camino ante los tribunales se presenta difícil. «La vía no está clara; la batalla jurídica, a diferencia de la anterior, no está ganada de antemano. Esto es más difícil y en ningún caso el Gobierno puede arriesgarse a perder. Sería catastrófico», argumentan en Presidencia.
Rajoy encargó a la Abogacía del Estado el 14 de octubre un estudio de todos los pasos de la Generalitat para realizar la consulta alternativa al referéndum independentista original que había tumbado el Tribunal Constitucional. El presidente dio la orden nada más escuchar los nuevos planes del president.
Desde entonces, los servicios jurídicos han recopilado y analizado todos los acuerdos publicados en el diario oficial de Cataluña, así como todas las comunicaciones realizadas desde la Generalitat y que se han hecho públicas en los medios, para encontrar el asidero que permita entablar acciones contra el proceso participativo orquestado por Mas.
La voluntad del Gobierno es la de «impugnar» cualquier acción que contravenga la ley y hacerlo en defensa de los intereses generales, tal y como recalcaron ayer el presidente desde Bruselas y la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, en un mensaje claramente coordinado.
Un sucedáneo de consulta
En primer lugar se trata de discernir si el nuevo proceso debe considerarse como un hecho distinto al inicialmente previsto y que ya se impugnó ante el Constitucional, o bien es una continuación de aquél. Las fuentes consultadas aseguran que hasta ahora la Abogacía, a diferencia de lo que sucedió con la convocatoria inicial, «no ve obvia la vía constitucional». Opinan que podría haber caminos alternativos como el contencioso administrativo pero, puntualizan: «Deberían ser proporcionales» para no inflamar el victimismo.
El Ejecutivo está convencido de que el sucedáneo de consulta que pretende Mas es ilegal pero también es consciente de que, a falta de un pronunciamiento del TC, será muy difícil proceder policialmente a una retirada de las urnas. Los interlocutores consideran más factible dejar que se produzca el simulacro de referéndum y a continuación emprender acciones para depurar responsabilidades, contemplando incluso la figura del fraude de ley.
Ayer, desde Bruselas, Rajoy advirtió con claridad a Mas de que el Gobierno vigilará atentamente cada paso para llevar a los tribunales, «incluso al Constitucional de nuevo», cualquier ilegalidad en el «proceso de participación» del 9-N.
'Sin garantía democrática'
Para Rajoy, igual que para Sáenz de Santamaría, no hay duda de que el proceso de participación ideado por Mas no tiene «ninguna garantía democrática». «Es algo que no tiene precedente en nuestro país», apuntó el presidente, que no dudó en señalar que el citado proceso «no tiene un censo previo y los partidarios de una posición clara disponen de las papeletas, las cuentan y las custodian. Y además, descargan la responsabilidad en los ciudadanos a los que se niegan a dar instrucciones por escrito. Sinceramente, los catalanes, la ciudadanía, no se merecen esto».
Rajoy incluso calificó de «drama» que mientras en Europa se habla de unión e integración «algunos quieran hacer un viaje hacia la Edad Media». Frente a ello, aseguró, «nosotros tenemos que velar por los derechos de los ciudadanos de Cataluña. «He dado instrucciones para que se analicen todas las decisiones de la Generalitat. Si tenemos la certeza de que hay la más mínima vulneración de la ley, iremos a los tribunales».
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