La Marea
La petrolera
angloholandesa Royal Dutch Shell es la mayor operadora del Delta del
Níger, una región de Nigeria de 700.000 kilómetros cuadrados y con una
población aproximada de 31 millones. Opera en el país desde mediados de
los años 50 y, desde que comenzaron las exportaciones, en 1960, se han
generado unos beneficios aproximados de 600.000 millones de dólares,
repartidos entre las multinacionales petroleras y el Gobierno nigeriano
sin que haya repercutido en sus ciudadanos. De hecho, el porcentaje de
población pobre ha pasado del 28% en 1890, al 66% en 2000.
El
reparto desigual de los beneficios que genera el negocio del petróleo en
Nigeria no es su problema más grave. Shell también es la mayor empresa
contaminante del país. En los últimos 50 años, según han estimado ONG
que trabajan en la zona como Amnistía Internacional o Amigos de la Tierra,
la compañía ha derramado entre 9 y 13 millones de barriles, un millón y
medio de toneladas de petróleo, equivalentes a 20 veces la carga que
llevaba el Prestige en el momento de su accidente (77.000 toneladas).
Pero
Nigeria no es el único país contaminado por Shell. En agosto de 2011
derramó 216 toneladas de crudo en el Mar del Norte en la que fue
considerada la peor catástrofe de contaminación en el Reino Unido desde
hacía 11 años. En 2010 la justicia brasileña había condenado a esta
compañía, junto con la empresa química Basf, a pagar 600 millones de
indemnización a sus trabajadores, contaminados con sustancias tóxicas
entre 1977 y 2002. En 1999 Shell vertió 5.000 toneladas de crudo en el
Río de la Plata, Argentina, en el peor desastre ocurrido en agua dulce
de la historia.
Shell contra los Derechos Humanos
Una
de las primeras veces que la comunidad internacional fijó su atención
en Nigeria fue a mediados de los años 90. Ongoni está habitada por unos
12 millones de personas que viven de la agricultura y de la pesca, como
el resto del país. La petrolera angloholandesa ya operaba y contaminaba
esta zona por lo que el pueblo inició una serie de protestas tan
efectivas que en 1993 obligaron a Shell a detener su trabajo. El 10 de
noviembre de 1995, en el contexto de la dictadura militar de Sami
Abache, se condenó a muerte a los nueve activistas que habían encabezado
las protestas, entre los que se encontraba Ken Saro Wiwa (hoy, símbolo
de lucha de su país). En un juicio militar, sin posibilidad de defensa y
acusados mediante pruebas y testimonios falsos, fueron declarados
culpables por haber ejecutado una masacre en su comunidad durante los
dos años anteriores.
En 2009, Shell fue llevada a juicio en
Estados Unidos, como cómplice de estos asesinatos, bajo el amparo de la
ley de reclamación por agravios contra extranjeros. Los demandantes
acusaron a la petrolera de haber instigado, planeado y financiado la
campaña de saqueos, violaciones, destrucción de la propiedad, torturas y
asesinatos que tuvieron lugar en Ongoni entre 1993 y 1994 que, como se
demostró, fueron perpetradas por el Ejército nigeriano. También se les
acusó de facilitar las pruebas y testimonios falsos que sirvieron para
dictar sentencia. En abril de este año, el tribunal estadounidense falló
a favor de Shell, no por encontrarla inocente, sino por considerar que
los vínculos entre esta empresa y Estados Unidos era demasiado tenues
para ser juzgada bajo la legislación del país.
Condenas contra Shell
El
primer organismo en condenar públicamente las acciones de Shell en
Nigeria fue el Programa de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA) en agosto de
2011. En su informe Enviromental Assesments Ongoniland,
reconoció que Ongoni llevaba décadas expuesta a una grave y
generalizada contaminación por petróleo que, además de dejar a la
comunidad sin recursos para sobrevivir, generaba malformaciones,
leucemia y muertes prematuras entre su población. Según los expertos que
analizaron la tasa de contaminación en los pozos, esta superaba 900
veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Consideraron a Shell como responsable de los vertidos contaminantes y lo
conminaron limpiar la zona de crudo, recuperar la tierra y el agua e
indemnizar a la comunidad con 1.000 millones de dólares (aunque la
compañía había ofrecido 50 bolsas de arroz, judías y tomates como
compensación). Shell aún no ha satisfecho ninguna de las tres
exigencias.
En diciembre del año pasado le tocó el turno al Gobierno de Nigeria. En una sentencia
sin precedentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO) le declaró culpable, por
unanimidad, por permitir que tanto Shell como el resto de petroleras del
país contaminaran Nigeria. Esta actitud, según explicaron, viola los
artículos 21 y 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos al no proteger los recursos naturales y el medioambiente del
Delta del Níger. Finalmente, se condenaba al Estado nigeriano a
endurecer las leyes y sancionar cualquier conducta que atentara contra
los Derechos Humanos de su población. Por el momento tampoco han puesto
en marcha ninguna medida.
Holanda, la sentencia más reciente
Para
proteger a las comunidades de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo, cuatro
agricultores interpusieron una demanda en su representación contra Shell
Holanda y su filial en Nigeria ante los tribunales holandeses. En
materia de Derechos Humanos es más frecuente pero ningún país contempla
en su legislación la posibilidad de juzgar a una de sus empresas por
actividades contra el medioambiente fuera de su territorio, según
explica Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra en España,
una de las ONG que acompañó a los agricultores durante todo el proceso.
De ahí la relevancia del caso.
La sentencia, que se dictó el 30
de enero de 2013, dio la razón a uno de los cuatro agricultores, dado
que pudo demostrar la responsabilidad de Shell en los vertidos
contaminantes de su zona, a pesar de que la petrolera se negó a aportar
documentos sobre su actividad. La condena, igual que la del PNUMA,
consistió en la obligación de limpiar y reparar la zona, además de una
indemnización económica. Una condena que, igual que la del PNUMA, Shell
aún no ha cumplido.
El caso de las otras dos regiones, la
sentencia no fue favorable porque no pudieron demostrar la relación
entre la matriz holandesa y la filial en Nigeria. La sentencia está
recurrida y su resolución saldrá a principios de 2014. Mientras aguardan
su resultado, Amigos de la Tierra ha comenzado una cibercampaña
de presión social para tratar de obligar a Shell a cumplir con las
obligaciones a las que está sujeta y que se haga responsable de los
efectos de la contaminación que ya se ha demostrado que ha provocado.
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