Los recortes presupuestarios, la pérdida de personal sanitario y la
reducción de la atención han pasado una abultada factura a las listas de
espera. La demora para entrar en quirófano alcanzó al iniciarse el año
una cifra récord: 571.395 personas aguardaban por una operación en toda
España, un 6,4% más que en junio de 2012, según los últimos datos del
Ministerio de Sanidad. Así, en solo un semestre, el plazo que los
pacientes esperan para operarse se ha disparado de 76 días, de media, a
100; el mayor incremento registrado desde que Sanidad inició el recuento
de datos —que no desglosa por comunidades—, en 2004. Además, el número
de pacientes que aguardan más de seis meses para ser operados se ha
disparado un 7%, a pesar de que ese es el tiempo máximo que marca la ley
para ser atendido en algunas patologías; y a 31 de diciembre de 2012
suponían el 16,5% de los que esperan.
Ese es el caso de las intervenciones de cataratas, una operación para
la que la demora media es de 92 días, pero para la que el 14,76% de los
pacientes que está en lista de espera ha superado ya los 180 días
fijados como máximo por decreto, en 2011, para esta y otras cuatro
patologías. También está regulado el tiempo máximo de espera para
colocarse una prótesis de cadera y, a pesar de ello, el 26,88% de los
pacientes esperan más de los seis meses establecidos, según las cifras
que el departamento de Ana Mato ha publicado en su web sin anunciarlas.
El incremento de pacientes que esperan es común a todas las
especialidades quirúrgicas —excepto para cirugía torácica—, y es
consecuencia, según los expertos consultados, de la reducción de las
partidas de salud de Gobierno y comunidades. Presupuestos que han
perdido 6.900 millones desde 2010, el año en que empezó el tijeretazo en
sanidad. “Los recortes, aunque se hayan acompañado de medidas de ahorro
por ejemplo en farmacia, han derivado en una tremenda reducción de
personal. Y eso está afectando gravemente al sistema”, indica Tomás
Toranzo, vicesecretario del sindicato médico CESM.
En la práctica totalidad de las comunidades ya no se cubren las bajas
ni las vacaciones de los profesionales. Tampoco se sustituye a los
sanitarios que se han jubilado ni se ha renovado a muchos interinos que
trabajaban para el sistema público. Además, se ha reducido o han
desaparecido las llamadas peonadas, es decir, las horas extra
que hacían los trabajadores de la sanidad pública para cubrir la
demanda. Y eso, a pesar de que se ha aumentado la jornada laboral de los
profesionales y en muchas regiones se ha reordenado su horario, supone
una disminución de la actividad que no se ha suplido. “Sin
profesionales, al igual que sin medios, no hay sistema sanitario que
pueda dar respuesta”, dice el vicesecretario del CESM. A eso se añade
que muchas autonomías han menguado los conciertos con la sanidad
privada.
También los pacientes que aguardan para acudir al especialista están
acusando estas medidas. La espera media para la atención especializada
era, a 31 de diciembre de 2012, de 59 días de media, seis más que el
semestre anterior. Sobre todo para ginecología, oftalmología y
traumatología, donde la espera es mucho mayor de los 60 días que marcan
las normativas con las que la mayoría de autonomías regulan los tiempos
máximos de respuesta sanitaria. Los datos del número de pacientes que
esperan para una consulta con el especialista o para cirugía no son
comparables con los de años anteriores porque en 2012, por primera vez,
Sanidad incluyó en su recuento a Madrid, a la que había expulsado de la
estadística años antes por computar las cifras de manera distinta.
Una portavoz del departamento de Ana Mato prefirió el viernes no
valorar los datos. Incidió en que el ministerio se limita a computar las
cifras que le entregan las autonomías y explicó que la gestión
sanitaria, y por tanto la asistencia, es competencia de las comunidades.
Lo cierto es que, como las cifras no se publican por autonomías, hacer
una radiografía exhaustiva es complejo. Cada región hace públicos los
datos cuando considera y de una forma que en muchas ocasiones hace
imposible la comparación.
Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, las listas de espera quirúrgica
también han experimentado un incremento récord: un 17,5% de junio de
2012 a diciembre. Aumento que el consejero Javier Fernández-Lasquetty
achacó directamente a las huelgas de los sanitarios contra la
privatización. En la Comunidad Valenciana han aumentado un 19,8% en ese
mismo periodo y en Murcia, un 9,7%. En Andalucía no están disponibles
los datos de diciembre de 2012, pero el pasado junio, los pacientes en
lista de espera eran casi un 3% más que un año antes.
La mayoría de las regiones eluden hablar de si las cifras son un
efecto directo de los recortes y, como Extremadura o Andalucía, aseguran
que las indicaciones de intervención quirúrgica han aumentado. En
muchas de ellas, no obstante, la intensidad de las cifras ha provocado
el anuncio de planes de choque, como el que se pondrá en marcha en
Castilla-La Mancha —una de las regiones con las esperas más abultadas—,
dotado con 15 millones de euros. Una cantidad que la oposición
socialista considera escasa.
Estas medidas de contención, sin embargo, llegan tarde y suenan
vacías, según Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de
Pacientes, que achaca a los ajustes económicos y a las políticas de
recursos humanos y de contención de medios el aumento de las listas de
espera. “Los recortes han de ser muy medidos y consensuados, y en
sanidad no lo están siendo. Con la salud de las personas no se puede
especular. Los resultados ya se están notando en la asistencia”, afirma.
Toledo y Toranzo recuerdan que el tiempo en lista de espera agrava los
problemas de salud de los pacientes. Y eso, a la larga, encarece el
sistema.
Las causas
Hachazo.El tijeretazo en los presupuestos sanitarios de Gobierno y comunidades se inició en 2010. Desde ese año, han perdido 6.875 millones de euros. Un hachazo para una sanidad pública que, desde hace años, se infrafinanciaba y gastaba alrededor de un 10% más de lo presupuestado. Los recortes afectan de manera desigual. Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón son las que más han recortado; pero lo cierto es que todas las autonomías han reducido fondos. Incluso Euskadi los ha reducido este año un 4%.Recursos humanos. Se apuesta por recortar en dos capítulos: personal y farmacia. En el primero se han reducido los sueldos de los profesionales, que trabajan más horas. Ese ajuste no ha llegado para cubrir la asistencia. Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han obligado a jubilarse a cientos de sus médicos más experimentados a los 65, y sus puestos no se han cubierto. Ahora, la justicia de las dos últimas regiones dicta que deben ser readmitidos.
Cierre de centros. En 2011, las regiones comenzaron a reducir el horario de atención. Cataluña cerró algunos centros de salud por las tardes. Una medida que luego copiaron Extremadura o Cantabria. Además de esas dos autonomías, Navarra y Murcia, han suprimido consultorios de urgencias (abiertos 24 horas) en algunos pueblos. También lo ha hecho Castilla y León, aunque recientemente ha decidido reabrir la mayoria de ellos. Castilla-La Mancha lo intentó, pero, tras la denuncia de varios alcaldes, la justicia ha obligado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a mantenerlos abiertos porque el tiempo de trayecto desde estos pueblos al nuevo centro más cercano superaba los 40 minutos que marca la ley.
Guardias localizadas. Como fórmula de ahorro, Cantabria o Extremadura han añadido la sustitución de guardias presenciales por localizadas —peor pagadas—, en las que el profesional puede irse a su casa y solo debe tener el móvil encendido.
Bolsillos vacíos. Los ciudadanos no sufren solo las listas de espera. Desde 2012 pagan más por lo mismo. La reforma sanitaria de Rajoy —que excluye a los extranjeros irregulares— dictó que ahora deberán pagar por el transporte sanitario no urgente y las prótesis. Además, incrementó el porcentaje de pacientes pagan por los fármacos que les recetan. Los pensionistas, cuyas medicinas eran gratis, ahora también pagan.
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