El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP,
podrá multar con hasta 10.000 euros a quienes exhiban en edificios
públicos “símbolos no permitidos o no autorizados” por su propia
Administración. Así lo determina en un proyecto de ley regional de
símbolos aprobado hoy, hecho a la carta para prohibir implícitamente la
exhibición de grandes lazos con las banderas de las cuatro barras
catalanas en las fachadas en cientos de escuelas públicas y concertadas
de las islas.
Desde hace meses, en las escuelas de Baleares se mantienen lazos con
la enseña cuatribarrada, como una manera de mostrar el rechazo a la
política educativa, con recortes y giro lingüístico del Ejecutivo de
Bauzá. El PP ha reducido el peso oficial de la lengua catalana,
cooficial y lengua propia de Baleares, según el Estatuto de Autonomía,
en la enseñanza y en las administraciones públicas.
La derecha denomina su acción “en favor de la libertad y contra las
imposiciones”. La izquierda y los sindicatos de la enseñanza reprochan
al PP que no priorice la lucha contra el paro y la crisis económica. La
bandera catalana es asumida por los nacionalistas y catalanistas
insulares como una manifestación de unidad cultural alrededor de la
lengua catalana.
El Gobierno de Bauzá, según el hombre de confianza del presidente, el
vicepresidente Antonio Gómez, sostiene que "no limita la libertad de
expresión", sino que lo que pretende impedir las expresiones
ideológicas" y “un uso inadecuado de los símbolos". En las fachadas y
dependencias oficiales insulares habrá, pues, la bandera española en
puesto preferente y de manera obligatoria, junto a la balear y las de
las islas, en segundo plano y la de la UE, acaso. Ninguna más.
"Los ciudadanos tienen el derecho de recibir información con total
imparcialidad", recalcó el vicepresidente Gómez. El Gobierno balear
acentúa su política de bloqueo a las protestas contra sus recortes y
acciones de abierto enfrentamiento con sus proyectos. Además el PP busca
frenar la influencia pública y en las aulas que considera “una minoría”
nacionalista de educadores que “adoctrina”.
El PP considera que desde el sector de la enseñanza, bajo influencia
nacionalista y catalanista, se alienta una oposición pública frontal a
su política. Así quiere vetar ese rechazo. El primer borrador de la ley
fue objetado por inconstitucional por el Consejo Consultivo de Baleares
al entender que se imponía la censura o un veto previo al reclamar
autorización para colgar cualquier símbolo.
Durante meses, la autoridad autonómica no ha logrado imponer la
retirada de los lazos que reivindican la lengua propia y recalcan la
unidad de la catalanidad cultural y lingüística. Nacionalistas y grupos
de izquierdas de Baleares señalan que la ley de símbolos expresa "una
actitud represora" de la libertad de expresión, “un recorte de los
derechos”.
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