El Gobierno y el PP están muy preocupados. Un asunto centra desde
hace varias semanas reuniones de estrategia tanto del partido como del
Ejecutivo: la pésima acogida en distintos sectores, también cercanos al
PP, de la nueva ley de educación, la llamada ley Wert.
La situación es tan delicada, según admiten miembros del Gobierno y
dirigentes del PP, que el partido se ha puesto manos a la obra para
organizar una campaña mediática y distintos actos para intentar darle la
vuelta a lo que consideran una muy mala venta de la reforma. “Parece
como si la ley solo fuera religión, colegios que separan a los niños por
sexo y castellano en Cataluña. Y es mucho más. Es sobre todo lo demás”,
resume con cierta desesperación un dirigente.
A falta de concretar algunos detalles, la campaña que prepara el PP
incluirá anuncios en prensa escrita, cuñas de radio, publicidad en
medios digitales y acciones constantes en las redes sociales, siguiendo
el modelo utilizado hace un año, cuando el partido llegó a utilizar la
etiqueta #laverdad en Twitter para vender la primera oleada de recortes.
Fuentes populares apuntan que se centrará en Internet, por lo que
aseguran que su coste no será elevado.
Cuando está a punto de comenzar la tramitación parlamentaria de la norma, Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,
reúnen hoy a los presidentes provinciales de la formación para
trasladarles, entre otros, un mensaje concreto. Esto es, que todos los
cargos territoriales deben extremar la colaboración con el Gobierno,
hacer un esfuerzo para explicar la ley y preparar el terreno para
minimizar el desgaste ante una de las reformas más impopulares.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que expresó ayer el apoyo del Gobierno al ministro José Ignacio Wert,
muy cuestionado internamente y hundido en las encuestas, vino a decir
tras el Consejo de Ministros: “El sistema no funciona, hay que
cambiarlo. Comprendo que cada uno defienda sus intereses. Queremos ver
si damos con la tecla desde un punto de vista no ideológico. Luego se
habla de otros temas que están ahí”, dijo en referencia a la polémica
por la Religión y otras cuestiones, “pero lo importante, el núcleo de
esa reforma, es la calidad de la enseñanza”, remató. Ese es el mensaje
que está intentando trasladar el Ejecutivo y el PP: que el corazón de la
ley no se ha analizado bien.
El proyecto de Ley de Mejora de Calidad de la Educación (Lomce) ha
levantado polémica por algunos de sus puntos más sustantivos (recupera
la reválida, fomenta la competencia entre escuelas, adelanta las vías
hacia la FP), pero quizá mucha más por otros, tal vez de menor calado
educativo, pero más ideológicos: apoyo a la asignatura de Religión a la
vez que se elimina Ciudadanía, respaldo a la escuela concertada o a la
posibilidad de subvencionar a los centros que separan por sexo.
Para darle la vuelta a un debate público que en este momento ven muy
perdido, el PP lleva más de un mes preparando una campaña para vender la
ley a los ciudadanos y convencer incluso a los sectores del partido más
reacios a la reforma. El ministro de Educación se ha enfrentado a un
entorno hostil unánime en la oposición, pero lo que más ha inquietado a
los populares han sido las resistencias internas que proceden, sobre todo, de los barones autonómicos.
De hecho, el Ejecutivo y el PP se resisten incluso a llamarla con el nombre del ministro. “Yo no conozco ninguna ley Wert”, llegó a decir la semana pasada el ministro de Exteriores, Juan Manuel García Margallo,
preguntado sobre la reforma. En el PP ha generado mucho malestar la
estrategia del ministro, una persona muy cercana a Rajoy y durante
muchos años asesor del presidente en asuntos de análisis de encuestas.
Aseguran diversos dirigentes y miembros del Gobierno que la norma se ha
cocido entera en el ministerio, sobre todo, capitaneada por la
secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, y apenas se ha contado con el
PP y los expertos habituales en educación del partido y su entorno.
Resulta llamativa la ausencia de José Ignacio Wert, máximo
responsable de la reforma, en el acto convocado hoy en Génova, 13,
aunque dirigentes populares le restan importancia. El ministro de
Educación, que ayer recibió al Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado y que fue criticado por abandonar la reunión a los diez minutos,
participará el próximo sábado en Oviedo en un foro del PP sobre la
futura ley junto a Cospedal. Se tratará de un “debate abierto” en el
que, en principio, podrán intervenir también profesionales del sector.
En otros foros ha habido voces críticas, aunque con la ley de educación
la preocupación es máxima y el intento de control, también.
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