Rafael Correa no ha tenido reparo en afirmar que Ecuador ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Lo dice, sobre todo, en los mensajes que transmite en las redes sociales.
“Mi país es soberano, no somos colonia de nadie”, es una las frases más
recurrentes cuando habla de la “injerencia” de Washington en la
política interna del país. En el periodo que ha estado Adam Nanm al
frente de la embajada estadounidense en Ecuador, las relaciones
bilaterales se han tensado principalmente por dos razones: los acuerdos
comerciales de Ecuador con Irán, cuyo presidente, Mahmud Ahmadineyad, estuvo de visita en el país en enero del año pasado, y el progresivo quebrando de la libertad de expresión, que sido reseñado en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe mencionar que en junio de 2012, Correa habló de la posible
expulsión de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID), por
su supuesta financiación a una ONG que hacía oposición a su
administración. En concreto, Correa se refería a los 4,3 millones de
dólares (3,3 millones de euros) que la USAID entregó ese año a
organizaciones que promueven la democracia y el fortalecimiento de la
libre expresión.
El último enfrentamiento entre Correa y el embajador estadounidense
ocurrió en mayo. La presencia del diplomático en un acto que organizó la
Unión Nacional de Periodistas por el Día de la Libertad de Expresión
provocó el descontento del presidente y en su cadena nacional lo tachó
de “malcriadito” y “metidito”.
En este contexto llegó la solicitud de asilo de Edward Snowden
al país. Washington ya ha pedido explicaciones a Ecuador sobre su
decisión de analizar esta petición. Y el mensaje de Ecuador sigue siendo
que actuará de forma soberana. Sin embargo, detrás está el tema
económico. El 23% de las exportaciones no petroleras y el 62% de las
petroleras van hacia Estados Unidos. La venta de crudo no preocupa al
país, pero sí las otras exportaciones, como señala Carolina Landin, de
la Corporación de Estudios para el Desarrollo.
Los exportadores temen que este conflicto afecte la renovación del
acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga,
conocida como Atpdea. El 31 de julio caduca el acuerdo vigente con
Ecuador, que ha permitido que un total de 835 productos se beneficien de
un arancel de cero, con importaciones por 451 millones de dólares (346
millones de euros), según los datos de la Federación Ecuatoriana de
Exportadores (Fedexport).
Daniel Legarda, vicepresidente ejecutivo de Fedexport, que agrupa 250
entidades y controla entre el 75% y el 80% de las exportaciones no
petroleras del país, dice que la situación que se vive por el caso
Snowden es un ejemplo de por qué lo político tiene que estar separado de
lo comercial. “Es importante tener un acuerdo comercial con EE UU con
esquema definido a largo plazo”, asegura. Así lo han hecho Colombia y
Perú, que oportunamente han firmado su Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
Por parte de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Norteamericana han
surgido voces que indican que la renovación de los tratados comerciales
no se alcanzará. “Hasta donde sé, no existe ninguna iniciativa que se
esté impulsando en el Congreso sobre ese tema”, dice Cristian Espinosa,
titular de esta entidad. Uno de los puntos en contra de Ecuador es que
el programa fue concebido para una región, y actualmente el único
beneficiario de las preferencias arancelarias es Quito. Consciente de
esto, el país, a través de su embajada en Washington, lanzó la campaña
Keep Trade Going (Mantengan el tratado, por su traducción al español).
Sin embargo, Correa ha hecho una campaña interna para decir que el
impacto por la falta del acuerdo sería solo de 23,9 millones de dólares
(18,4 millones de euros). Para el portavoz de Fedexport es una
apreciación bastante limitada. “Esa solo es la cifra arancelaria, detrás
hay mucho comercio. Calculamos unos 280 millones de dólares de
perjuicio [215 millones de euros] y el propio Gobierno estima que hay
320.000 plazas vinculadas a la Atpdea”, asegura.
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