El Gobierno ha enviado ya a Bruselas su nuevo plan de reformas, que reveló el pasado viernes.
En él, analiza el impacto sobre el crecimiento, el consumo, las
exportaciones o el empleo de una decena de reformas estructurales,
algunas ya en marcha, otras solo anunciadas. Y el mayor impacto es, de
largo, el de las medidas de austeridad adoptadas en los dos primeros
años de la legislatura popular para ajustarse al mandato europeo de
priorizar la rebaja del déficit público.
Según sus cuentas, los recortes de gasto y subidas de impuestos
"permanentes" aprobados para 2012 y 2013 por las Administraciones
españolas equivalen al 6% del PIB, algo más de 60.000 millones de euros.
Como es notorio, su impacto en la actividad económica a bote pronto es
negativo: la austeridad, calcula el Ejecutivo, restó un 2,6% al PIB de
2012 y el descuento se acumulará en 2013 hasta llegar al 3,2% respecto a
dos años antes. En el empleo, el Gobierno cree que, en dos años, los
efectos directos e indirectos de recortes de gastos y subidas de
impuestos restarán un 2,7% a la ocupación. En relación con 2011 eso
equivale a una pérdida de 467.000 puestos de trabajo, un tercio de toda
la destrucción de empleo prevista.
El análisis del Gobierno de Mariano Rajoy
concede que "el efecto de corto plazo de la consolidación fiscal ha
contribuido a la falta de visibilidad" del "impacto positivo" que
tendrán en la economía española a largo plazo "las numerosas medidas
adoptadas o en vías de adopción", en referencia a la reforma financiera,
la reforma laboral o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
El Ejecutivo del PP asume que el impacto de la austeridad "ha sido
recesivo", "aunque en menor cuantía de lo que apuntarían estimaciones
simples basadas en multiplicadores". La alusión al debate reabierto por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que a finales del año pasado rectificó y llegó a la conclusión que ese
impacto, en la situación actual (con niveles muy altos de endeudamiento y
falta de crédito pese a políticas monetarias muy agresivas), era mucho
mayor de lo que pensaba.
El FMI cree ahora que por cada punto porcentual de ajuste, la
actividad retrocede entre 0,9 y 1,7 puntos. Sin embargo, los cálculos
del Gobierno son muy similares a los que sostenía el Fondo antes de su
revisión, mucho más suaves: 0,5 puntos porcentuales de retroceso por
cada punto porcentual de ajuste. "En la simulación se han tenido en
cuenta los shocks positivos derivados de las reformas
estructurales, que permiten una mayor flexibilidad de precios y
salarios", en referencia sobre todo a la reforma laboral. "También hace
referencia a "los efectos no keynesianos", en alusión a la controvertida
idea de que recortes de gasto público pueden contribuir a una mejora de
la actividad económica.
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Dentro de las medidas de austeridad, el Gobierno presta especial atención a la subida del IVA,
que restará hasta un 0,6% del PIB en 2013. Su efecto negativo, además,
apenas se diluirá en los primeros diez años de aplicación, según el
cálculo del Ejecutivo.
A largo plazo, el Gobierno no tiene duda: cree que la austeridad
permitirá mejorar, aunque sea ligeramente el PIB de partida (un 0,76% en
diez años). Y que el impacto positivo será mucho más intenso en el
empleo (un 9% más que en 2011). Porque a corto plazo, el impacto en el
trabajo de la austeridad vuelve a ser negativo: el Gobierno estima que,
en dos años, los efectos directos e indirectos de recortes de gastos y
subidas de impuestos restarían un 2,7% al nivel de empleo inicial, es
decir, que en relación a 2011 eso equivaldría a una pérdida de 467.000
puestos de trabajo para 2012 y 2013.
En el caso de la reforma laboral,
el Gobierno evita evaluar cuál ha sido su impacto real en la economía
en creación de empleo y generación de actividad, y se decanta por una
simulación de cuál es su efecto ante una caída en la demanda de tres
puntos porcentuales. Y llega a la conclusión de que, gracias a la
reforma, en el primer año se perderían un 4,2% de empleos menos.
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