El Consejo de Ministros verá por fin y aprobará hoy el anteproyecto
de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que no inició
su trámite parlamentario la semana pasada, como estaba previsto, porque
quedaban por estudiar algunas "observaciones". La nueva ley implantará
evaluaciones nacionales a final de cada etapa educativa y transformará
cuarto de ESO en un curso de iniciación hacia bachillerato o FP.
El pasado 25 de abril, la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció que
el anteproyecto de la ley llegaría al Consejo de Ministros el viernes 10
de mayo, lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley.
El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada "en otoño"
Cuando llegado el día, el texto no llegó al Consejo de Ministros,
estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública,
interpretaron que era un aplazamiento fruto de la presión popular, pues
decenas de miles de personas se habían manifestado en una treintena de
ciudades contra la ley y los recortes durante la jorada de protesta.
Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de
Santamaría, vaticinó al término de aquel Consejo de Ministros que ese
argumento no se sostendría "mucho tiempo", ya que la norma se enviaría
al Parlamento este mismo mes de mayo, a falta de resolver las "observaciones" que sobre la memoria económica había planteado la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
"Hay algunos aspectos en la memoria economica que destacó el Consejo
de Estado (en su dictamen sobre el anteproyecto) y que se están
fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio
de Empleo, a consecuencia de la aprobación del marco financiero
plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en
algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además,
utilizarse fondos europeos", dijo entonces Saenz de Santamaría.
Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato
No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender determinadas observaciones del Consejo de Estado sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan acceso a conciertos públicos.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al
Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como
alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser
discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que
Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.
El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia,
esté aprobada "en otoño" a fin de que se pueda cumplir el preceptivo
plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas
en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
Itinerarios, exámenes de fin de etapa y FP básica
La andadura se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo
de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su
principal promotor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la
mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades
autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
Entre las principales novedades se encuentra la implantación de
evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato,
además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de
problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad.
El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las troncales, que no sería inferior al 50% del total de carga lectiva.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO,
pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el
Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán
ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.
Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos
comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y
comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no
instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la
carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales
-Matemáticas, Lengua e Inglés-.
En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional
Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a
alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado
medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP
de grado superior.
Una Ley de 400 millones de euros
Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el
anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su
consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de
este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de
408 millones de euros -23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero-.
Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de
consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de
abandono escolar de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo
de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes la
ley.
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