Hay un modelo de auto para paralizar subastas circulando por foros
profesionales de la judicatura que numerosos magistrados consideran más
que interesante. Lo firma el juez Guillem Soler, titular del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Barcelona, y representa un instrumento
para dar voz a las personas que están a punto de ser desahuciadas y
congelar el proceso que puede llevar a la pérdida de su vivienda. El
modelo es un auto firmado por Soler el pasado 9 de abril y se encuadra
dentro de las iniciativas que los magistrados están impulsando para
facilitar el bloqueo de desahucios.
Estamos frente a un momento de vacío legal o de inseguridad jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
concluyó el pasado 14 de marzo que el sistema de desahucios español es
contrario a la normativa europea sobre derechos de los consumidores. Y
el Gobierno español está ahora obligado a cambiar la ley. Pero hasta que
esto se produzca, ¿qué se hace? Algunos han decidido actuar.
Los jueces están empezando a coordinarse para hacer frente a este
periodo de impasse hasta que llegue la nueva ley, que podría estar lista
a lo largo del mes de mayo. El jueves se daba a conocer el acuerdo al
que llegaron el pasado 4 de abril los magistrados de primera instancia
de Barcelona, que, entre otras cosas, acuerdan que se podrán considerar
abusivos intereses de demora que superen 2,5 veces el interés legal del
dinero. El viernes alcanzaba un acuerdo la Junta de Jueces de Valencia,
que fijaba ese límite en 3 veces el tipo legal. Son acuerdos
orientativos, que ya se adaptan a lo dictado desde el Tribunal de
Justicia de la UE, y que no son vinculantes; el juez siempre tendrá la
última palabra. Pero ayudan a evitar resoluciones contradictorias. Todos
estos movimientos reflejan la ebullición que viven las juntas de jueces
en momentos de cierta confusión, la producida por el vacío legal.
Los jueces están estableciendo los primeros límites a lo que se
considera un interés abusivo, en la línea por la que puede caminar la
reforma de la ley en España. “Estamos en situación de impasse, haciendo
lo que podemos”, dice un juez que prefiere mantener el anonimato.
“Estamos ocupados y preocupados. Lo bonito es que hay mucho debate
interno, lo que resulta apasionante para todo jurista”.
Esta semana pasada también se producían reuniones entre los titulares
de los juzgados de primera instancia en Málaga según confirma el
decano, José María Páez. En Bilbao habrá una reunión el martes que
viene.
Siguiendo los pasos marcados desde Luxemburgo, los jueces ya están
abriendo la puerta a que los consumidores sean oídos en los
procedimientos, cosa que hasta ahora no ocurría. Los magistrados de
Barcelona han acordado que en las nuevas ejecuciones hipotecarias que se
produzcan a partir de ahora se comunique al afectado la posibilidad que
tiene de oponerse por estimar la existencia de cláusulas abusivas. En
cuanto a los procesos en trámite en los que aún no se ha celebrado
subasta, se otorga un plazo de diez días al deudor para poner de
manifiesto la existencia de esas cláusulas. Valencia se ha expresado en
términos similares.
Las reuniones de coordinación también están certificando algo que ya
venía ocurriendo en algunos juzgados desde junio: que el juez, de
oficio, pueda entrar a analizar la existencia de cláusulas abusivas,
algo que no contemplaba la legislación española.
Algunos anduvieron rápidos en la reacción y adoptaron acuerdos antes
de la Semana Santa. Apenas cinco días después de la sentencia del
tribunal europeo, los jueces de Mallorca, que venían aplicando el
control de oficio de las cláusulas desde junio, publicaban un acta de la
reunión de magistrados de la Audiencia Provincial de Palma. En esta se
instaba a que se diera al deudor la posibilidad de oponerse si apreciaba
cláusulas abusivas. “Fue algo natural”, confirma Carlos Gómez,
presidente de la Audiencia Provincial. “Toda España esperaba a ver qué
decía Europa”. Los nuevos criterios ya se han empezado a aplicar. Si se
determina que hay intereses abusivos, el interés de demora desaparece,
pasa a ser cero.
Los jueces de primera instancia de Cantabria tampoco tardaron
demasiado en reaccionar. El 22 de marzo, la junta de jueces de primera
instancia acordaba el control de oficio de las cláusulas abusivas por
parte del juez. “La norma española está desbordada”, declara Jaime Anta,
titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander. “Nos
estamos organizando hasta que llegue una norma respetuosa con la
legislación europea. Buscamos soluciones provisionales. El legislador
español [en referencia al Parlamento] no ha hecho los deberes y nos ha
llevado a una situación extraña”.
En Zaragoza, la junta de jueces tomó la decisión, a la semana
siguiente de la sentencia de Luxemburgo, de ofrecer a los ciudadanos la
posibilidad de que puedan plantear una demanda de juicio ordinario con
solicitud de medida cautelar de suspensión de ejecución, cuenta el
decano Ángel Dolado.
En Bilbao ya se empezaron a paralizar desahucios desde el pasado mes
de noviembre, tras el decreto de medidas urgentes aprobado por el
Gobierno. “Desde entonces, prácticamente no se han ejecutado
lanzamientos de vivienda habitual”, declara el decano Alfonso
González-Guija. “El problema que intuyo es de desconcierto”, dice. “La
situación es de confusión: ¿qué hacemos?”, añade. De ahí la necesidad de
coordinarse.
En los foros de debate interno para jueces que tiene habilitado en
Consejo General del Poder Judicial, el intercambio de pareceres está
siendo intenso, según confirma José Luis Núñez, decano de Vitoria. Algún
que otro juez habla de debate más que apasionado, con posturas muy
encontradas sobre lo que se debe hacer: no moverse y aplicar lo que
había, o adaptarse ya a lo dicho por Luxemburgo.
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