"No" frontal del Govern a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a introducir el castellano en las aulas donde haya alumnos que así lo soliciten. "No contemplamos la posibilidad de ejecutar esta resolución
en sus propios términos", ha zanjado la consellera d'Ensenyament, Irene
Rigau, en una comparecencia de urgencia para valorar el auto judicial.
Según la Generalitat, la lengua vehicular de los centros emana de un
proyecto educativo y lingüístico propio aprobado por el Consejo Escolar y
avalado por la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Por tanto, el
Ejecutivo catalán deduce que "la lengua de una clase no se puede cambiar porque un padre lo pida " y reclama que las peticiones individuales de familias "no incidan sobre el proyecto educativo".
En esta misma línea, Rigau ha asegurado que la Generalitat recurrirá
el auto y ha vuelto a insistir en la "atención personalizada" para
aquellos estudiantes que soliciten el español como idioma vehicular. La
consellera tampoco ha dudado en defender la vingencia del modelo de
inmersión lingüística en las aulas catalanas y ha recordado el "consenso
político y social" que obtuvo la LEC aprobada en 2009.
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