Es un secreto a voces en el PP:
la división interna crece cada día. Sin embargo, esta guerra fría que
se vivía en el partido e incluso entre esta formación y el Gobierno
estaba en un segundo plano. Era un comentario limitado a los cenáculos
del PP. El caso Bárcenas
ha estallado todo. Y la división interna ya es un problema admitido en
privado como algo real. Es eso lo que explica, según el análisis más
extendido en el partido, que el PP haya dejado crecer la bola del caso Bárcenas
hasta convertirse en una especia de enorme madeja casi imposible de
gestionar. Ese galimatías diario tuvo ayer dos nuevos episodios clave.
Primero, el extesorero denunció de nuevo a su partido, y es la tercera vez en una semana, por “maltrato laboral”. Antes lo hizo por despido improcedente y luego por robo. El desconcierto en el PP con la estrategia de ataque del que fuera uno de los hombres más importantes del partido es total.
Poco después de que la edición digital de este periódico adelantara
ayer la noticia del último movimiento judicial de Bárcenas, el PP daba a
conocer su primer contrataque: anunció que ha presentado una demanda
—que de momento se niega a entregar— pero no contra Bárcenas, como
muchos en el partido esperaban y se había anunciado, y varios medios de
comunicación, sino contra la empresa editora de EL PAÍS
y de forma muy indefinida contra el “autor” de esos documentos. La
demanda no va directamente contra el extesorero, algo que sorprendió
ayer a algunos dirigentes. Unos lo explicaban por motivos jurídicos:
para tener más posibilidades de éxito. Otros, políticos: para buscar un
pacto interno con el que zanjar esta crisis.
La presión entre dos sectores del partido, los que querían ir
abiertamente contra el extesorero, y los que preferían mantener la
cautela, fue resuelta finalmente por el líder del PP, Mariano Rajoy,
con una decisión intermedia, un pacto de mínimos, muy en su estilo. Ni
hay demanda generalizada contra varios medios (“todos” los que hablaron
con fuentes anónimas de sobresueldos en el PP, diarios, radios y
televisiones incluidas), como se anunció hace más de un mes, ni hay
demanda clara y directa contra el extesorero. Por no haber, ni siquiera
hay demandas individuales de los aludidos, al menos según la versión
oficial difundida ayer por los portavoces del PP en medio de un gran
secretismo.
Se sumarán a la iniciativa judicial presentada por el partido cuatro históricos del PP: Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor y Rodrigo Rato. Pero no está María Dolores de Cospedal, que ya ha presentado su propia demanda individual,
ella sí, ni tampoco el presidente del Gobierno, que no va a aparecer
por ninguna parte. Los portavoces del PP aseguran que Rajoy está
indirectamente porque lidera el partido y dicen que en su interpretación
la demanda también afecta al extesorero con nombre y apellidos.
Más de un mes ha necesitado así el PP en decidir qué hacer. Mucho más
rápido, hace casi tres semanas, la secretaria general, la que con más
ahínco quería ir contra el extesorero, presentó su propia demanda
generando mucho malestar interno. Era, según su propia nota, “contra
Luis Bárcenas y contra la sociedad editora del diario EL PAÍS”. La
demanda del PP de ayer, por el contrario, es “contra la empresa editora
del diario El País, así como contra el autor de los falsos papeles
publicados que, según dicho medio de comunicación, es Luis Bárcenas,
aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía
Anticorrupción”, según el comunicado oficial. La redacción, a falta de
conocer ambas demandas —Cospedal tampoco muestra la suya— es distinta.
De manera que la secretaria general sí se querella contra el extesorero
pero el partido que dirige no lo hace tan claramente.
La reacción contra el extesorero, y la virulencia dialéctica que
había que emplear contra él, fueron desde el primer minuto el eje de la
batalla interna. Barones territoriales críticos con Rajoy, como Esperanza Aguirre, y otros más cercanos, como Alberto Núñez Feijóo,
Luisa Fernanda Rudi, José Antonio Monago o Juan Vicente Herrera,
reclamaron hace un mes y ante Rajoy que el PP fuera contra Bárcenas en
los tribunales. Herrera incluso se atrevió a pedir al PP que no
denunciara a la prensa: “No hay que matar al mensajero”, llegó a decir.
Muchos dirigentes salieron de esa reunión convencidos de que habría
demanda de forma inminente. Pero entonces empezó la guerra interna y la
confusión por la supuesta “indemnización en diferido” que hizo que el PP
pagara a su extesorero, imputado desde 2009, 21.300 euros al mes
hasta el pasado 31 de enero, el mismo día en que se publicaron los
papeles. Y después llegaron las acciones judiciales del extesorero
contra el PP, hasta tres.
En medio se ha vivido y se vive la más intensa batalla interna y el
peor ambiente de desconfianza desde la crisis de 2008, tras la segunda
derrota electoral de Rajoy. El presidente ha tratado de preservar su
imagen libre del escándalo y para ello ha optado por no citar siquiera
por su nombre al extesorero.
Nadie se fía de nadie, la distancia entre las dos generaciones del
PP, los que ya estaban en la etapa de Aznar y los que llegaron en 2008,
con la renovación que impulsó Rajoy, es evidente. Bárcenas ha intentado
atacar a Cospedal, y esta ha sufrido un enorme desgaste por sus
dificultades para explicar el contrato con el extesorero. Esa parálisis
ha provocado momentos inéditos: dos veces en tres semanas los
periodistas se han quedado sin la habitual rueda de prensa de los lunes.
Nadie quería asumir el coste de salir a explicar lo inexplicable.
Con la demanda y este precario pacto interno, muy al estilo de Rajoy,
que no satisface a nadie pero a todos complace en algo, el presidente
busca un poco de tiempo, ya que la presión para hacer algo era fuerte.
La próxima cita clave es el lunes. Rajoy presentará a Cospedal en un
desayuno informativo en un lujoso hotel madrileño. El acto servirá para
respaldar a su secretaria general en uno de sus peores momentos.
Nadie se plantea cambios a corto plazo: Rajoy es siempre reacio y mucho más en plena tormenta del caso Bárcenas.
Pero a medio plazo, antes del verano, varios dirigentes consultados
coinciden en que es probable que el presidente trate de dar un impulso
político cambiando cosas en el funcionamiento del PP e incluso del
Gobierno.
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