Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad,
al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. Tiene
86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento
con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto
de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo
que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede
judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.
El 23 de marzo de 1982,
un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la
corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya
brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional,
depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un
general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.
Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes,
lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de
la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática
personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.
El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil
que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de
la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los
franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en
Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos
latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales
argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores
muy valorados.
Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que
durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su
mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes
o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al
campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de
100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.
No obstante, en el juicio señalado para hoy, Ríos Montt y el que
fuera su jefe del temido servicio de inteligencia (la G-2), José
Mauricio Rodríguez Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres
ocurridas en el área conocida como Triangulo Ixil (Quiché, norte). Los
hechos costaron la vida a 1.771 personas. De acuerdo con el informe de
los forenses, “un 43% de los esqueletos exhumados corresponden a niños
de entre cero y 12 años y más del 50%, a mayores de 50 años”.
De izquierda a derecha, el general Horacio
Maldonado, el general Efraín Ríos Montt, y el coronel Luis Francisco
Gordillo, el 23 de marzo de 1982 tras dar el golpe de Estado. / AP
Antes de entregar el poder a los civiles en 1985, el Ejército destruyó todos los documentos “comprometedores”, lo que impide determinar con exactitud el alcance de la represión y la responsabilidad de los mandos.
Pero los informes sobre la Recuperación de la Memoria Histórica
(Remhi), del malogrado obispo Juan Gerardi, y el de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, permiten una
aproximación a lo ocurrido.
Al respecto, los defensores de Ríos Montt, que no niegan la
“existencia de las víctimas”, insisten en que no hay manera de probar
que la orden de exterminio emanara del entonces jefe de Estado. La
Fiscalía, por su parte, argumenta que los sindicados no pueden eludir su
responsabilidad, “porque como máximas autoridades de las fuerzas
castrenses eran informados de los operativos desarrollados por el
Ejército”.
En los hechos concretos que se juzgan, 15
matanzas de indígenas, murieron 1.771 personas. El 40% de los cadáveres
recuperados eran de niños menores de 12 años
La cadena de mando estaba encabezada por Ríos Montt, en su calidad de
jefe del Estado y Comandante General del Ejército; Óscar Humberto Mejía
Víctores, ministro de Defensa; y Héctor Mario López Fuentes, jefe del
Estado Mayor Presidencial. Estos dos últimos se han librado de ser
enjuiciados por razones de salud.
El auge de Ríos Montt, el hombre que, guste o no, marca la historia
de la Guatemala de la segunda mitad del Siglo XX, hay que buscarlo en la
ausencia de líderes, exterminados por los militares, y en la corrupción
con que estos manejaron el país desde las más altas instancias de
poder.
A principios de los 80, Guatemala atravesaba una situación de guerra
interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador
Anastasio Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza
que hacía viable su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes
ejercían dominio sobre amplios territorios, particularmente en el
altiplano de población mayoritariamente indígena.
Hay poderes fácticos del país que no permitirán una dura condena como quieren las víctimas, opinan los analistas
Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas
de democracia por medio de elecciones amañadas, estaban totalmente
agotadas. La corrupción y la brutalidad de la represión, que alcanzó una
de sus cotas más altas con el salvaje asalto a la Embajada de España el
31 de enero de 1980, hacía que el régimen, totalmente aislado del
mundo, se tambaleara. La operación para salvar a Guatemala precisaba de
un líder carismático, capaz de dar un golpe de timón a la nave del
Estado, totalmente a la deriva.
Para el analista Gustavo Berganza, el contexto histórico es determinante en la deriva político-represiva de Efraín Ríos, quien sufrió la presión de la administración de Ronald Reagan
para salvar a Centroamérica del comunismo internacional. Y lo hizo con
medios limitados. Estados Unidos le había quitado toda la ayuda militar,
por la apuesta del anterior mandatario, Jimmy Carter, en favor de los
derechos humanos. Esto permitió a los militares tener una gran autonomía
a la hora de enfrentar a la guerrilla. “El hecho de no depender de los
militares estadounidenses, como sucedió en El Salvador, hizo que la
guerra en Guatemala tomara derroteros diferentes, con asesores israelíes
y argentinos. Estos últimos, auténticos maestros de la represión en el
continente”, enfatiza.
Para el historiador José Cal, “fue durante los Gobiernos de Romeo
Lucas García (1978-1982) y de Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 a agosto
de 1983) cuando la represión alcanzó su clímax, con ataques directos a
las poblaciones civiles. El avance de la guerrilla era evidente. Había
creado una base social en estas comunidades, mientras que otras
poblaciones se oponían a los controles que el Ejército ejercía sobre
ellas. Esto permitió el exterminio masivo de poblaciones y la represión
generalizada a cualquier manifestación de oposición política”.
Con respecto al resultado del juicio, el historiador cree que “fruto
de la presión internacional”, lo más probable es una condena, aunque
recuerda que, por el otro lado, hay poderes fácticos, como la Asociación
de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) que anuncian,
recurriendo incluso a la amenaza abierta, que no permitirán la prisión
de oficiales “que salvaron a Guatemala de la amenaza del marxismo”.
Gustavo Berganza señala que, de alguna manera, es un despropósito el
que solo se procese a Ríos Montt, a quien se le carga toda la
responsabilidad de 36 años de guerra. “Él no es el único causante de las
50.000 muertes por las que se le sienta en el banquillo”.
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